Cardama confía en salvar el pedido de Uruguay y garantiza su viabilidad

La sombra de los cracs de históricos del naval de Vigo se alargó ayer sobre la ciudad. La noticia de la rescisión del contrato de Uruguay con Astilleros Cardama, valorado en 82,2 millones de euros, trajo de nuevo malos recuerdos a la ciudadanía y las auxiliares del sector, que todavía se resienten de la caída reciente de Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano y recuerdan vívidamente las de Santodomingo o MCíes, mucho antes. El golpe para la centenaria atarazana olívica es evidente, pero descartan que les haya tumbado. El director general, Mario Cardama, descarta que la caída del pedido ponga en riesgo la viabilidad de la empresa y, por tanto, tampoco pagos a proveedores o acreedores. «Solo un problema de tesorería puntual», explica. De hecho, confía en poder «reconducir» la más que tensa situación con el gobierno del país sudamericano, e incluso espera activar en breve de algunos de los contratos en negociación.

La prensa uruguaya recogió ampliamente la rueda de prensa del presidente del país, Yamandú Orsi, que amenazó al astillero con una demanda (civil y penal), acusándolo de no cumplir con lo pactado en cuanto a las garantías y hablando de estafa al señalar que la entidad elegida, Eurocommerce Limited, sería una empresa pantalla que ya ni siquiera existe. Palabras mayores en medio de un acto centrado solo en este contrato y en el anuncio de rescisión del mismo.

Pasadas unas horas de estas críticas declaraciones, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, censuró las palabras de Mario Cardama, que había trasladado a los medios uruguayos que no envió la renovación de la garantía —tenía una duración de un año y debía ser ampliada a 30 días de que venciese el actual— por un olvido, pero que sí la tenía. También recordó la reunión con ella el pasado 10 de octubre en Montevideo, en la que tampoco se abordó la cuestión. «Si tú tienes una obligación, la tienes que cumplir; no tiene que venir el Estado a decirte que la cumplas», resumió Lazo.

La situación no es fácil para Cardama, que ya ha recibido unos 30 millones de dólares (unos 25,8 millones de euros al cambio actual) para la construcción de los dos buques de 86,75 metros de eslora en base a los hitos que ha ido cumpliendo. De hecho, la primera de las patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) está en plena obra, con el 60% del casco concluido y los motores (de Caterpillar) encargados. No obstante, desde la dirección cuentan con poder darle la vuelta: el propio Mario Cardama volará a Uruguay para reunirse con el gobierno, trasladar la garantía que tiene —o buscar otra si así lo requieren— y aclarar la situación.

«Directamente no nos han dicho nada», insiste el responsable de la factoría olívica, que apunta que de producirse una caída definitiva del contrato no sería nada grave: «A corto plazo, nos hace tener un problema de tesorería puntual», resume, añadiendo que no teme «por la viabilidad del astillero».

Quién sí lo hace, y lo extiende a todo el sector, es José García Costas. El empresario del naval vigués, consejero de Cardama, califica lo sucedido como «incidente», apuntando a que «puede tener cierta gravedad» y que si se confirma esa cancelación de las dos patrulleras «puede ser malo para todo el sector naval». «Aunque participo accionarialmente en Cardama, no así en la dirección técnica, por tanto, tengo los datos que tengo, pero espero que eso se resuelva», añadió.

Cuentas

En todo el proceso, desde la adjudicación en 2023, hubo dos cuestiones que se comentaron con insistencia desde el país sudamericano. Por un lado, la falta de experiencia de Cardama en este tipo de barcos, que el astillero defiende con sus casi 110 años de experiencia y la construcción de unidades más complejas que las OPV; por otro, por una supuesta situación económica delicada. Según las cuentas cerradas y presentadas de 2024 —que Jose García Costas no firmó al negarse a su formulación—, la empresa obtuvo beneficios por valor de casi 100.000 euros.

Su cartera de pedidos asciende a 118,4 millones de euros y está formada, oficialmente, por cuatro barcos: las dos patrulleras (C-250 y C-251), el multipropósito de Senegal (la Tekrour, cuya entrega está muy próxima) y el portacontenedores para Angola, que está pendiente de entrar en vigor y que, según Mario Cardama, estará activado el próximo mes. Se trata de una unidad de 63 metros adelantada por FARO. A mayores está la patrullera C-242, para la que tiene «algunas ofertas de adquisición» por 20 millones de euros.

En cuanto a deudas, las principales son con entidades de crédito, negociadas a largo plazo, y un préstamo del Igape por valor de 1 millón de euros tras unas «tensiones de liquidez» surgidas el año pasado por, entre otros motivos, los «retrasos de pagos» desde Senegal.

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