España y Francia se alinean para pedir el fin del motor a combustión en 2035

«Effectivement: Hors Sol». Con esta expresión en francés, que se podría traducir como un «efectivamente: desconectado de la realidad», el hasta hace poco máximo responsable europeo de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, se despachó sobre una noticia de alta relevancia para el sector de la automoción. Los medios franceses al unísono recogieron la información de que la administración gala, junto con la española, se alinearon para reclamar a Bruselas que mantenga los planes para el fin de los coches con motor a combustión en 2035. Una postura que se opone a la del otro peso pesado de la industria en la UE, Alemania, y al propio sector, que lleva meses reclamando por activa y por pasiva un cambio de rumbo.

Medios como AFP, Le Figaro, Les Echos o France 24 se hacen eco de la carta, adelantada por el medio Contexte. En ella, España y Francia respaldan el plan actual de la Comisión Europea y señalan que la revisión anunciada por la presidenta Ursula Von der Leyen no deberá «en ningún caso poner en tela de juicio el objetivo de cero emisiones» para el año que está sobre la mesa. «La fecha límite de 2035 es un hito esencial para el sector automovilístico», alegan.

En la carta, en la que sí apuestan por aplicar ciertas «flexibilidades», ambos gobiernos reconocen que para alcanzar el objetivo fijado para la automoción «son necesarias medidas adicionales», ya que el sector «se enfrenta a un ritmo de electrificación inferior al esperado y a una creciente presión sobre las inversiones, mientras que la industria de otros países avanza más rápido en la electrificación».

«El reglamento revisado debe modificarse para garantizar que proporcione un entorno propicio para que las empresas europeas inviertan en la electrificación de su producción industrial en Europa. A tal fin, deben establecerse flexibilidades, pero únicamente para apoyar al sector en la consecución de sus objetivos de 2030 y 2035», señalan.

Sobre el tipo de flexibilidades, «podrían adoptar la forma de una contabilización preferencial (supercréditos) para los vehículos que cumplan los objetivos de contenido europeo», de forma que fomenten «la reducción de CO2 asociada a la producción de estos vehículos en Europa, en comparación con la reducción más intensiva en carbono observada en terceros países», añaden.

Además, los dos países también tocan una reclamación que afecta a Stellantis Vigo: proponen una ampliación de cinco años del período de adaptación a las normas de emisiones de CO2 para las furgonetas. Esto, entre otros puntos, ya que las versiones eléctricas no se venden al ritmo deseado y «los fabricantes no deberían ser penalizados por una demanda insuficiente», concluyen.