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Redes eléctricas

Las grandes eléctricas rechazan la nueva propuesta de la CNMC y advierten de un riesgo para la electrificación

Ibedrola, Endesa y EDP afirman que el regulador "contradice" los planteamientos del Gobierno

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, junto al consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, este martes en la sede de la CNMC.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, junto al consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, este martes en la sede de la CNMC. / Manfeel

Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) publicó el lunes una nueva propuesta de pago por las redes eléctricas. Dos días después, tras valorarla, las grandes eléctricas integradas en Aelèc (Iberdrola, Endesa y EDP) afirman que el nuevo planteamiento sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos de electrificación del país.

"En su configuración actual, el modelo no garantiza la recuperación de parte de las inversiones realizadas, lo cual es incompatible con un marco retributivo estable, sostenible y alineado con la necesidad de transformar el sistema energético", afirman desde la patronal eléctrica en un comunicado. Naturgy, que dejó de formar parte de esta asociación empresarial en 2021, no se ha pronunciado al respecto.

La gestión de las redes eléctricas es una actividad regulada, que pagan los consumidores en la factura de la luz. El Gobierno es el encargado de establecer el límite de gasto en el que pueden incurrir las empresas, mientras que la CNMC establece el dinero que reciben por el despliegue de estas infraestructuras.

La CNMC planteó en julio su propuesta de retribución para las redes de distribución (baja y media tensión) para el periodo 2026-2031 con una tasa de retribución financiera del 6,46%, frente al 5,58% vigente, así como con una nueva metodología para calcular las inversiones reconocidas, que las empresas calificaron de insuficiente para acometer las inversiones necesarias.

El 'superregulador' ha modificado esta metodología, después de varios meses de presión de las empresas y tras el requerimiento del Gobierno, que le advirtió el viernes pasado de que invadía parte de sus competencias y le pidió realizar algunos "ajustes técnicos", así como otros relacionados con el Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, actualmente en tramitación.

Aelèc valora que la CNMC haya sometido a audiencia pública un nuevo texto, que reconozca "parcialmente" inversiones clave incluidas en el citado proyecto de real decreto como aquellas asociadas a la digitalización, estabilidad de red, protección de avifauna e inversiones anticipadas sin nueva potencia y que se calcule de manera "más transparente y simplificada el valor de los parámetros que se utilizarán para el reconocimiento de las inversiones".

Dicho esto, la patronal eléctrica añade que no hay coherencia regulatoria entre lo que plantea el Gobierno en el proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y lo que dice la CNMC: "Actúan sobre lo mismo, la planificación de infraestructuras, pero con criterios contradictorios".

"Contradice" al Gobierno

Aelèc explica que en el caso de las inversiones que no suponen incremento de demanda el Ministerio establece un límite de inversión, mientras que la CNMC solo garantiza la recuperación de una parte (el 80% de ese límite). En el caso de las inversiones para nueva demanda, el Ministerio establece que una inversión es viable si existen solicitudes de acceso por al menos el 75% de su potencia, mientras que la CNMC la invalida si su coste supera los 233 euros por kilovatio.

Y afirma que ese límite de retribución de 233 euros por kilovatio equivale a "apenas el 60% del coste medio real de conexión actual", según un informe elaborado por la consultora EY y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT). Y avisa de que ese umbral impedirá conectar "zonas industriales, áreas urbanas, nuevas viviendas y puntos de recarga" cuando los costes superen esa cifra, "privando a estos consumidores del derecho efectivo al suministro eléctrico".

"Esta falta de coherencia genera incertidumbre, paraliza inversiones y retrasa la transición energética. En estas condiciones, el cumplimiento del Real Decreto y la expansión de red necesarias para la industria, la vivienda y la movilidad eléctrica quedan comprometidos", afirma la patronal.

Además, añade, "la CNMC propone un nivel de exigencia en eficiencia operativa desmesurado, que elimina los incentivos para que las empresas distribuidoras acometan las inversiones necesarias". Y al mismo tiempo plantea un recorte de los gastos operativos que es "excesivo" si se compara con el aplicado a otras actividades reguladas. "Este ajuste tan severo conlleva márgenes negativos al final del periodo regulatorio. Esta situación podría derivar en una precarización del suministro", asegura.

Próximos trámites

La propuesta de la CNMC está en audiencia pública hasta el 22 de octubre para que los interesados remitan al organismo regulador sus alegaciones. A partir de aquí, la CNMC debería elaborar su propuesta definitiva, que debe remitir al Consejo de Estado para su revisión y para, posteriormente, ser aprobada por el pleno del 'superregulador'.

Pero el Gobierno todavía puede convocar lo que se denomina Comisión de Cooperación --formada por tres personas de la CNMC y tres de la Secretaría de Estado de Energía-- si cree que la propuesta del regulador no se adecúa a sus sugerencias. En el caso de que se logre un consenso en el seno de ese grupo, la CNMC indicará que aprueba su propuesta regulatoria "de acuerdo con las orientaciones de política energética del MITECO", en caso contrario deberá indicar que se adopta "oído el MITECO".

El objetivo de la CNMC es que tanto esta propuesta de metodología, como la de la tasa de retribución financiera, se publiquen antes de que acabe el año, para su entrada en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2026.

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