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Vivienda

Sevilla, Marbella y Barcelona son las ciudades con más pisos turísticos ilegales, según el Gobierno

La identificación por parte del Ministerio de Vivienda no conlleva ningún tipo de sanción, sino que a partir de ahora las plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios

Archivo - Imagen de archivo de una caja de seguridad de pisos turísticos

Archivo - Imagen de archivo de una caja de seguridad de pisos turísticos / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveló domingo que habían detectado 53.000 pisos turísticos irregulares en toda España, por lo que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ordenado a plataformas digitales como Airbnb o Booking que retiren los anuncios de sus portales. El 77% de estas viviendas se ubican en cuatro comunidades autónomas --Andalucía (16.740), Canarias (8.698), Catalunya (7.729) y Comunitat Valenciana (7.499)--, según los datos del departamento que dirige Isabel Rodríguez.

Sevilla, Marbella y Barcelona, con 2.289, 1.802 y 1.564 pisos, respectivamente, son las ciudades con más pisos turísticos ilegales. A estas tres ciudades le siguen otros grandes centros turísticos como son Málaga (1.471), Madrid (1.257) o Benalmádena (926), Adeje (765), Valencia (731) o Torrevieja (700), así como Fuengirola (686), San Bartolomé de Tirajana (637), Mijas (631), Granada (620), Denia (538), Puerto de la Cruz (531) y Alicante (528).

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Esta identificación no conlleva ningún tipo de sanción, sino que a partir de ahora las plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. La clausura del piso, si los propietarios persisten en alquilarlo por otras vías, corresponde a la administración competente (comunidades autónomas o comunidades autónomas), pero a través de Internet no se podrán comercializar, según confirman fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La principal plataforma de pisos turísticos, Airbnb, ha anunciado que "menos del 10%" de los anuncios revocados corresponden a viviendas publicadas en su plataforma y "procederá a darlos de baja" tras recibir la solicitud del Ministerio de Vivienda.

Incorporación al mercado residencial

El objetivo del Gobierno es que todas estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial a través de las bonificaciones fiscales a propietarios o las ayudas para el alquiler a largo plazo puestas en marcha por el Gobierno, según ha declarado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3. Si bien, como recuerda Arantxa Goenaga, socia y abogada del despacho de abogados AF Legis, la última palabra la tienen los propietarios, que en algunos casos son reticentes al mercado residencial de larga duración ante el temor a impagos de los propietarios o por la falta de rentabilidad. "Mucha gente preferirá tenerlos cerrados o venderlos", afirma Goenaga.

En la misma línea se pronuncia Iñaki Unsain, 'personal shopper inmobiliario' y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, que defiende que estas viviendas irán probablemente al "mercado de vivienda temporal, que es un mercado que no está regulado". Este mercado abarca todos aquellos contratos superiores a 32 días, que están ligados a una circunstancia de temporalidad del inquilino, como puede ser un máster de año y medio o un contrato laboral temporal. "Irán al contrato de vivienda temporal o a la venta, pero muy pocos se pondrá como alquiler de vivienda habitual. El que sacaba 2.000 euros por su piso no lo va a alquilar por 700 euros", explica.

Desde que el registro del alquiler empezó a funcionar, el 1 de enero, se han recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%). Según ha explicado Rodríguez, la gran anomalía se produce en la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje de pisos turísticos se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

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