El Gobierno eleva un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030

El Gobierno eleva un 62% el límite a las inversiones en la red eléctrica hasta 2030 para desplegar nuevas redes ante la falta de enchufes para grandes consumidores, como la industria y los centros de datos, según ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Esto permitirá a las eléctricas gastar un total de 7.700 millones de euros más en estos cinco años, mientras que Red Eléctrica podrá destinar 3.600 millones de euros adicionales.

Red Eléctrica gestiona las redes de alta tensión (redes de transporte), que conectan los centros de generación (centrales eléctricas) con las subestaciones eléctricas. Mientras que las distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) son las encargadas del siguiente escalón, llevar la electricidad desde las subestaciones a los centros consumo (redes de media y baja tensión). Pero el Gobierno establece un tope anual a estas inversiones debido a que las pagan los consumidores en el recibo de la luz.

En la actualidad, el límite a la inversión es del 0,065% del PIB anual (unos 1.034 millones de euros si se calcula con el PIB de 2024) para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB (unos 2.069 millones de euros si se calcula con el PIB de 2024) para la distribución. Pero el Ejecutivo permitirá a las compañías gastar un 62% más durante los próximos cinco años, hasta un total de 7.700 millones de euros adicionales en las redes de distribución y 3.600 millones de euros más en el caso de transporte.

Este incremento lleva al Ejecutivo a prever unas unas inversiones en la red de alta tensión de 13.590 millones de euros en la planificación eléctrica 2025-2030, frente a los 8.203 millones de euros de la planificación vigente (2021-2026). La red de alta tensión, aunque la gestiona Red Eléctrica, es el Gobierno quien decide qué actuaciones se realizan y las enumera en un documento que denomina planificación eléctrica, que se elabora por quinquenios.

Hasta ahora, el despliegue de nuevas redes de alta tensión se planificaba en función de las nuevas centrales eléctricas que se construían (generación), pero el reciente interés de grandes consumidores por enchufarse a la red ha cambiado las tornas. El objetivo principal del nuevo plan es atender la ingente cantidad de peticiones de conexión de demanda en la red de transporte, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000.

En concreto, el nuevo proyecto de planificación trata de dar respuesta a 27,7 gigavatios (GW) de demanda, lo que supone multiplicar por catorce la demanda prevista en la anterior planificación (2 GW). De esa cantidad, 13,1 GW se destinan a la producción de hidrógeno verde, 9 GW a proyectos industriales, 3,8 GW a centros de procesamiento de datos, 1,8 GW a desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 1,2 GW a electrificación portuaria y 560 MW a electrificación ferroviaria.

"Damos cabida a nuevas demandas que llegan pero no suponen incrementos de la factura de los consumidores, ni de la industria ni de los hogares”, ha afirmado Aagesen. El Gobierno hace suyo el argumento de las eléctricas de que como las nuevas redes se despliegan para dar cabida a nueva demanda, la factura total de las inversiones se repartirá entre más consumidores, con lo cual el mayor impacto de las inversiones no se debería notar en el recibo de la luz.

Reuniones trilaterales

La planificación eléctrica no está escrita en piedra, sino que se trata de una suerte de borrador con las actuaciones que el Ejecutivo considera prioritarias y que todavía se debe debatir con las comunidades autónomas antes de lanzar la propuesta definitiva a audiencia pública. En este sentido, la semana que viene empezarán las reuniones trilaterales del Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, con los distintos consejeros autonómicos y con los representantes de Red Eléctrica.

Entre las actuaciones previstas por el Gobierno, la vicepresidenta ha destacado proyectos que ayudarán a la vertebración territorial, como el mallado de Jaén, las interconexiones de Baleares o el desarrollo de lo que ha denominado 'la estrella manchega'; el apoyo a las redes de distribución en País Vasco, Murcia, la Comunidad de Madrid para atender a nuevas demandas industriales y residenciales; apoyo a polígonos en Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León o Galicia, y también proyectos de electrificación para nuevas fábricas y otras aquellas existentes en Asturias, Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana o Extremadura.

Condiciones y más control

Por otra parte, el volumen de inversión adicional en la red de distribución estará condicionado a que al menos el 10% se destine a mejorar la seguridad de la red, tanto en las redes de transporte como en las de distribución, para tratar de evitar nuevos apagones, como el del 28 de abril. El 15% a cubrir nuevas necesidades de consumo –contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–, y al menos el 5% a proteger la avifauna contra colisión y electrocución.

Además, el Ejecutivo controlará el destino de las inversiones de las empresas distribuidoras de forma que tendrán que someter sus planes de inversión a consulta pública. Y establecerá un sistema de evaluación anual para el cumplimiento de dichos planes, que incluirá penalizaciones en caso de incumplimientos. Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental –adicional al cubierto por el límite del PIB– si durante en los dos últimos años no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión. Perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos, y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado.