Galicia supera ya las 16.000 instalaciones fotovoltaicas pese al freno del autoconsumo
A lo largo de 2024 se incorporaron 2.300 nuevas
La potencia llega a 297 MW, por encima del objetivo de la Xunta para 2030
Paneles fotovoltaicos, en una imagen de archivo / E.P.
Hay dos claros puntos de inflexión en la expansión de la energía fotovoltaica en España. La primera se remonta a octubre de 2018, cuando el Gobierno eliminó el impuesto al sol impulsado por el PP en 2015. Amparándose en el uso de la red, la tarifa obligaba a pagar por autoconsumir, una decisión muy criticada porque se aplicó incluso a la generación que no se evacuaba al sistema eléctrico. La supresión allanó el camino del desarrollo a gran escala del sector, que vivió otro momento transcendental por la grave crisis de precios tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Solo ese año se instalaron 2.649 megavatios (MW) en todo el país (1.626 MW en industrias y 1.024 MW en viviendas). En 2023 bajó el ritmo, con 1.943 MW; y en 2024 se encendieron 1.431 MW. La potencia operativa al cierre del pasado ejercicio escaló hasta los 8.585 MW, consolidando el autoconsumo «como un pilar de la transformación energética de nuestro país», señala Jon Macías Santiago, presidente de la división de autoconsumo de la patronal APPA renovables, en su último balance.
Causas de la ralentización
Detrás de la ralentización están la desaparición de los incentivos del programa Next Generation y la estabilización de los precios eléctricos. Las empresas apelan a mantener el impulso y alcanzar los 19.000 MW del objetivo marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en 2030. «Para lograrlo —reclama, Jon Macías—, es imprescindible simplificar y eliminar la burocracia, facilitar el acceso a la red y ofrecer certidumbre tanto a usuarios como a inversores».
En la evolución de la potencia fotovoltaica se notan claramente el fin del gravamen, el shock inflacionario y también cierta ralentización ahora. Pasó de 27 MW en 2017 a 39 MW en 2018. Fue solo un ligero aperitivo del fuerte crecimiento que se avecinaba. Entre 2019 y 2024 se multiplicó por 7,6. Se activaron 258 MW.
En Galicia
La solar fotovoltaica en Galicia concluyó 2024 con un total de 297 MW repartidos en 16.434 instalaciones, según el balance que acaba de publicar el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) con la información del Ministerio para la Transición_Ecológica. A pesar del freno en la actividad, a lo largo de 2024 entraron en funcionamiento 2.318 (5.446 en 2023) con 32,6 MW de potencia (65,9 MW en 2023). La inmensa mayoría de las plantas son para autoconsumo: 15.290 con 275 MW. En fotovoltaica conectada a la red hay 914 instalaciones (21 MW); y 230 en fotovoltaica aislada (1,5 MW).
El músculo fotovoltaico supera con creces a estas alturas el objetivo de 210 MW previsto por la Xunta en 2030 en la Axenda Enerxética de Galicia. En la vertiente térmica de la solar, el Inega aflora un estancamiento alrededor de los 157.000 metros cuadrados en sistemas de calor. En 2020 su aportación se situó en 102 megavatios térmicos (MWt) y la Axenda aspira a llegar a 123 en 2030.
La fotovoltaica es una rara avis frente a la contención de la potencia en renovables en Galicia. Alcanzaron 8.102 MW en total el pasado año tras un tibio incremento de 78 MW por las nuevas instalaciones solares y los 46 MW añadidos en eólica, un sector que arrastra los pies por la paralización judicial de proyectos. Las tecnologías verdes suponen ahora mismo el 82,7% de la potencia total, diez puntos más que en 2023 (72,1%). El salto no viene de ganar renovables, sino de la pérdida de potencia en general por el cierre de la central de carbón de As Pontes (1.403 MW).
80 días para conectar los puntos de recarga
En el primer trimestre de 2025 había en España alrededor de 46.358 puntos de recarga para coches eléctricos de acceso público en funcionamiento y 13.172 fuera de servicio, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o porque aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica, según los últimos datos publicados por la patronal automovilística Anfac. Es decir, un 22% de la infraestructura de recarga pública en España no funciona.
Con el objetivo de eliminar una de esas tres barreras, la relativa a agilizar la conexión a la red por parte de las compañías eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica da un plazo máximo de 80 días a las empresas para conectar el punto de recarga a la red, según el real decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, aprobado el martes y publicado ayer en el BOE.
Instalar un punto de recarga tarda apenas unos meses, pero los permisos para poder ponerlo en marcha requieren de entre uno y tres años, en función de si se trata de baja tensión (recarga lenta de hasta 100 kilovatios) o media tensión (recarga rápida de más de 100 kilovatios) o si afecta a una carretera. En este último caso, el propio Gobierno reconoce que no están desarrollándose al ritmo previsto por los objetivos europeos.
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