Transición Ecológica saca del precipicio a decenas de parques eólicos suspendidos en Galicia

Sobre el sector eólico en Galicia merodea una alargada sombra por la que no se cuela ni un tímido rayo de luz. Van cinco años sin apenas ganar músculo. En la comunidad se instalaron sólo 171 megavatios (MW) de los más de 6.000 incorporados en toda España. Y no parece que a corto plazo cambiará la tendencia. La inmensa mayoría de los proyectos autorizados por la Xunta están judicializados tras los recursos de organizaciones ambientalistas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha frenado cerca de 80 ya. Primero, por las supuestas irregularidades en la tramitación que el Supremo negó y, después, por el posible impacto medioambiental, a pesar de aprobar el examen de las repercusiones en el entorno. Aunque el Ejecutivo autonómico muestra en público su esperanza en que el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) previsto para el próximo 1 de agosto permita desbloquear la situación, lo cierto es que su resolución se ciñe en exclusiva al proceso administrativo, a si Galicia y España han traspuesto bien la normativa comunitaria de evaluación ambiental y están pidiendo los informes sectoriales de los organismos con competencias en el momento adecuado para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos interesados.

A los proyectos paralizados por el hipotético impacto —casi todos— les queda otro tortuoso camino por delante. Que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo entre en el fondo de la cuestión y resuelva. En caso de que los magistrados decidan anular los permisos, la siguiente batalla se libraría en el Supremo. Parque por parques. Además de los problemas para la inversión, la negociación de los terrenos o la compra de maquinaria, las promotoras afectadas se asomaban al abismo por la más que segura pérdida del acceso a la red eléctrica al incumplir las fechas de construcción y operación marcadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en su real decreto de finales de 2020 para pinchar la burbuja que se estaba formando con los derechos de conexión. Tanto el Supremo, como el propio TSXG empezaron a suspender los plazos en los proyectos paralizados.

Prórroga general

Ahora el Gobierno da un paso más y aprovecha el macrodecreto de medidas energéticas aprobado ayer en el Consejo de Ministros tras el apagón para dar un balón de oxígeno a los parques gallegos bloqueados y a todo el sector de las renovables en España. Hoy, el 25 de junio, expiraba el plazo legal para que un gran volumen de proyectos verdes estén en funcionamiento y produciendo energía y, si no lo conseguían, perderían ese cotizadísimo enchufe. Tendrán un plazo adicional de hasta tres años y habrá con carácter general una flexibilización de los plazos de todos los proyectos sujetos a la obligación de cumplir hitos temporales por ley.

Las plantas renovables estaban afectadas por dos situaciones bien diferenciadas en función de su obtuvieron su derecho de acceso a la red eléctrica antes o después del 31 de diciembre de 2017. Las plantas renovables que cuentan con un derecho de conexión previo a 2018 estaban obligadas con carácter general a estar totalmente listas este 25 de junio.

Comunicación

La prórroga especial del Gobierno a todas estas plantas contempla un plazo extra hasta el próximo 25 de septiembre para comunicar al Ministerio el semestre en el que consideran que podrán estar activos antes de mediados de 2028. Las plantas con acceso previo a 2018 pasan a ser reclasificadas con las mismas condiciones que el resto de proyectos y las empresas energéticas dispondrán de un plazo máximo de ocho años —contabilizados desde mediados de 2020— para terminar las obras y tener las instalaciones en marcha.

Se evita así la cancelación de proyectos totalmente viables y con capacidad para estar en marcha en breve, pero que no iban a llegar a cumplir el plazo exigido de estar listos el 25 de junio en muchos casos por retrasos en los procesos administrativos ajenos a su control, como dilaciones en la gestión de las licencias o los recursos administrativos y judiciales.

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