LA RESACA DEL GRAN APAGÓN
El Gobierno avanza para activar este año el nuevo sistema ‘antiapagones’ con ayudas millonarias a las eléctricas
El Ejecutivo blinda y agiliza procesos con cambios en la Ley del Sector Eléctrico para poder lanzar cuanto antes los denominados mercados de capacidad, un mecanismo de subastas para retribuir a plantas eléctricas y baterías que inyecten energía extra al sistema eléctrico cuando haga falta

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. / EFE

El Gobierno quiere agilizar al máximo los procedimientos para poder activar cuanto antes un nuevo mecanismo para reforzar la seguridad de suministro eléctrico y que sirva para evitar grandes apagones. El Ejecutivo maniobra para que el nuevo sistema, cuyo diseño y tramitación ya estaban avanzados antes del colapso energético del 28 de abril, no sufra más retrasos y esté en marcha este mismo año, y para eso ha aprobado cambios legales para asegurar la ejecución de los procesos técnicos necesarios para su activación rápida.
El Consejo de Ministros dio el ‘ok’ este martes un real decreto ley con medidas para reforzar el sistema eléctrico y reducir los riesgos de apagón, y el Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido cambios legales para allanar la futura aprobación de algunos parámetros técnicos clave. El Ejecutivo ha introducido cambios en la Ley del Sector Eléctrico para evitar dudas legales y blindar la seguridad jurídica de un proceso administrativo sumamente complejo y evitar la acumulación de nuevos retrasos.
El real decreto, en concreto, habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para aprobar estos parámetros técnicos para cuantificar el nivel de seguridad de suministro y que resultan imprescindibles para recibir la autorización final de la Comisión Europea. La puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico toma más relevancia en plena resaca del gran apagón.
El nuevo sistema ‘antiapagones’ consiste en la puesta en marcha de unos mercados de capacidad de energía firme que conllevará el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que garanticen inyecciones de electricidad adicional cuando sea necesario para evitar desajustes entre oferta y demanda de energía. El Gobierno aún ultima el diseño definitivo del mecanismo, pero lo que sí está decidido es que la cuantía de los pagos millonarios se determinará mediante un sistema de subastas y que se cargará en el recibo de la luz que pagan todos los consumidores.
El mecanismo en ciernes apuesta por crear un mercado en el que participen las instalaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía). Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico.
Las grandes candidatas para llevarse el grueso de las ayudas en juego mediante estas pujas son las centrales de gas y las compañías que las controlan aspiran a recibir cerca de 800 millones de euros para estar disponibles siempre que lo necesite el sistema eléctrico, para cubrir los costes explotación crecientes que soportan y garantizarse una rentabilidad cada vez más complicada por el escaso número de horas que producen electricidad, como ya adelantó EL PERIÓDICO.
España viene defendiendo desde la crisis energética la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas plantas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente.
La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año). El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar -el mínimo posible- a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.
El 'ok' de Bruselas
El Gobierno español lleva años tratando de impulsar este sistema sorteando las pegas de la Comisión Europea, que ahora tiene que dar su autorización final de Bruselas para ponerlo en marcha, El Ejecutivo abrió el pasado diciembre un proceso audiencia pública sobre una propuesta de orden ministerial que contemplará la creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español (Baleares y Canarias quedan fuera del mecanismo).
Transición Ecológica aún trabaja en la redacción una propuesta definitiva y remitirla formalmente a la Comisión Europea, que debe autorizar la puesta en marcha del plan. El Gobierno ya ha realizado una prenotificación a Bruselas de la normativa en ciernes en cuanto abrió el proceso de audiencia pública, pero la propuesta definitiva debe recibir la aprobación de la Comisión Europea. El Ejecutivo aplica ahora esas reformas legales incluidas en el 'macrodecreto' energético para poder acelerar el envío de la propuesta definitiva a Bruselas.
La pretensión del Gobierno es tener el diseño final del mecanismo ‘antiapagones’ “cuanto antes’ y mantiene el objetivo de realizar la primera subasta este mismo año. A la espera de esa autorización de la Comisión Europea y de toda la tramitación legal, El Ejecutivo se moviliza para que el sistema esté activo de manera transitoria a partir de 2026 y se despliegue de manera íntegra a partir de 2030.
La participación en la subasta tiene condiciones, según se recogía en la primera propuesta del Gobierno y aún está por confirmarse que se recoja en el texto definitivo. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda).
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