Mutuas elevan el gasto en detectives en Galicia para pillar fraudes en bajas

Entre los meses de enero y febrero se iniciaron en Galicia 60.630 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, entre los expedientes computados por la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina. La prevalencia —proporción sobre el total de trabajadores protegidos— se situó por encima de los 71 puntos, notablemente superior a la media de toda España (54,15). Teniendo en cuenta solo la estadística desglosada por las mutuas, estas bajas temporales supusieron un coste de más de 113 millones de euros, que en el conjunto del país alcanzó los 1.784 millones. La fina línea que en muchos foros separa a las bajas temporales del absentismo convierte este tema en uno de los más controvertidos entre los agentes sociales; el incremento de las contingencias comunes desde el COVID, irremediablemente, es terreno abonado para suspicacias. Y explica por qué las mutuas colaboradoras del sistema público han incrementado las partidas destinadas a la contratación de detectives privados para «evitar situaciones de fraude».

FARO ha analizado los procedimientos licitados a través de la plataforma de contratación del Estado por parte de las mutuas —realizan la gestión de prestaciones, como las contingencias comunes, en colaboración con la Seguridad Social— y vinculados al territorio gallego. Promedian un coste anual ya superior a los 100.000 euros; normalmente son contratos de un año de duración, prorrogables durante 12 meses más. Uno de los últimos procedimientos asignados corresponde a Umivale Activa, con un valor estimado próximo a los 720.000 euros divididos en diez lotes —prorrogables un año—, según el reparto geográfico. El territorio gallego entró dentro del lote sexto, adjudicado por 26.620 euros con IVA. ¿Qué incluyen estos encargos?

Lo exponen, por ejemplo, los pliegos del expediente iniciado por Mutua MAZ. En primer lugar, «investigación sobre el trabajador para verificar si realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena o bien actividades contrarias a su dolencia o incompatibles con la prestación que esté percibiendo». En segunda instancia, la entrega de «un informe detallado [...] acompañado de un reportaje gráfico o videográfico» o de cuantas pruebas hayan obtenido los detectives. Por último, «ratificación en el juzgado o tribunal» en caso de que el proceso acabara judicializado. En este caso las indagaciones abarcan tanto posibles fraudes en bajas temporales como de incapacidad permanente o «investigación de la prestación de cuidado de hijos menores afectados por enfermedad grave».

La mayor parte de los expedientes disponibles en la plataforma pública abarcan tres días de seguimiento al trabajador sospechoso, sin contar con la asistencia a juicio. Cada día a mayores se paga anos 300 euros de media.

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