La vallisoletana Driza lanza 5 parques eólicos en 19 concellos con 276 millones de inversión
Transición Ecológica unifica la tramitación en un solo expediente por compartir líneas y la «clara sinergia ambiental entre ellos»

Dos aerogeneradores de un parque eólico en Galicia / Carlos Castro (Europa Press)

Driza Green Partners es la enésima compañía que quiere desembarcar en el competitivo y complejísimo sector eólico de Galicia ahora mismo. La firma vallisoletana tiene poco más de tres años y acumula ya una cartera de 32 proyectos de energía renovable que suman 2.000 megavatios (MW). Promueve y gestiona activos a través de casi 40 filiales en las que participa al 100% o con socios que, como el fondo Atitlan, también están interesados en explotar parques en la comunidad. Al frente está Miguel Caparrós. El fundador y consejero delegado pasó, entre otras compañías, por Capital Energy y Forestalia, dos de los operadores que sacudieron el mercado de las fuentes verdes en los últimos años en España.
Junto a Castilla y León y Andalucía, una parte importante del portfolio de activos con conexión a la red eléctrica autorizada está en Galicia. Driza Green Partner acaba de presentar en el Ministerio para la Transición Ecológica sus planes para el desarrollo de cinco grandes parques eólicos, con 73 aerogeneradores en total, repartidos por 19 concellos de Pontevedra, Ourense y Lugo –incluidas las infraestructuras de evacuación– y con una inversión conjunta de 276 millones de euros.
Los concellos
El proyecto del complejo Agratrina tiene 56,24 MW y se asienta en los municipios de San Cristovo de Cea, Rodeiro, Chantada y Carballedo. El Agromaces, de 60,67 MW, está también en Chantada, Carballedo y San Cristovo de Cea. El parque Sistesas se ubica en Forcarei, Cerdedo-Cotobade y Beariz. Ventoburgo figura en Forcarei, Cerdedo-Cotobade y A Estrada; y Xestiloi, con una potencia de 58,31 MW, está previsto en Silleda y Forcarei. El resto de concellos vinculados al plan (Vilamarín, Piñor, O Carballiño, O Irixo, Boborás, Leiro, San Amaro, Cenlle, Ribadavia y Castrelo de Miño) son paso de las líneas y emplazamiento de las subestaciones.
«Pese a tratarse de dos parques eólicos independientes, se procede a realizar un único estudio de impacto ambiental para ambos debido a la proximidad de ubicación de los aerogeneradores de los dos parques y que en algún caso las líneas de media tensión transcurrirán por las mismas zanjas, yendo a parar a la misma subestación», señala la empresa en el análisis de los proyectos Agratina y Agromaces. El resto tiene su propio examen de repercusiones para el entorno, pero salen a exposición pública en un único expediente. La Dirección General de Política Energética y Minas decidió aglutinar la tramitación de los procedimientos de las cinco instalaciones «motivado por la íntima conexión de sendos proyectos, compartiendo gran parte de las infraestructuras de evacuación y con una clara sinergia ambiental entre ellos».
La promotora defiende la necesidad de «un amplio despliegue de nueva capacidad de producción renovable» para alcanzar los objetivos de descarbonización fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Es «consciente», admite, «de que el desarrollo de proyectos de energías renovables en la comunidad autónoma de Galicia resulta muchas veces complicado debido a la desconfianza de la población residente en la zona y de las autoridades». De ahí que haya fichado a la consultora Lidera —como también hicieron Atitlan e ID Energy para sus propuestas de eólica en Galicia— para elaborar un plan social en los ayuntamientos afectados financiado con el 2,5% del beneficio anual del parque en los cinco primeros años; el 1,5% entre los cinco ejercicios siguientes; y el 1% para los veinte años que quedan de vida útil de las instalaciones.
La promotora se abre a cubrir el 25% de la factura de hogares vulnerables de la zona
Driza asegura que hay negociaciones abiertas con los concellos para diseñar medidas en infraestructuras, servicios sociales, formación e impulso económico. Entre ellas está la posibilidad de cubrir hasta el 25% de la factura eléctrica a «consumidores y colectivos más vulnerables».
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