La CEP lleva sus críticas a la opa al Sabadell a la consulta y pide a las empresas que participen

El BBVA confirmó su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el Sabadell hace justo un año. Fue una sacudida en el sector financiero español. Desde 1987 no saltaba una operación de estas características, hostil porque la entidad catalana dio un no rotundo desde el principio. De hecho, esa misma jornada, el grupo liderado por Josep Oliu denunció ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el equipo de Carlos Torres Vila podría haber vulnerado la ley por la supuesta difusión de información que no constaba en el anuncio previo. Ninguno de los dos bancos enterró la hacha de guerra en todo este tiempo. Se sucedieron los reproches mutuos y la defensa a ultranza de sus respectivos planes.

La CNMC detectó riesgos de concentración en los mercados de banca minorista, tanto en servicios prestados a particulares, como pymes y autónomos, además de los medios de pago, pero los compromisos ofrecidos por BBVA —centrados, sobre todo, en el blindaje temporal de la financiación a pequeñas y medianas empresas catalanas— le sirvieron para aprobar finalmente la operación. Queda en manos del Gobierno ahora. En una decisión inédita, el presidente Pedro Sánchez optó por lanzar una consulta pública para que todos los interesados puedan mostrar su opinión sobre los efectos de la opa. Y uno de los que lo hará es la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

La patronal pontevedresa confirmó ayer su participación en el proceso «y anima a todas las empresas y empresarios de la provincia a participar en la misma». «Para la CEP existen elementos, aspectos y riesgos que justifican ampliamente su oposición y rechazo, al considerar que vulnera la competencia y supone una disminución de servicios y crédito para el sector empresarial», argumenta en un comunicado de prensa.

El posicionamiento no es nuevo. La organización liderada por Jorge Cebreiros se opuso ya a la compra de Sabadell por BBVA poco después de conocerse la opa y el pasado abril, aprovechando que fue uno de los agentes económicos incluidos en la consulta previa de la CNMC, insistió en la misma idea. En este caso, la CEP recuerda que el Gobierno deja fuera los criterios relacionados con la competencia —una tarea ya realizada por la CNMC— y amplía las posibles repercusiones que la operación podría provocar en el territorio y el tejido empresarial.

«A largo plazo los empresarios consideran que será inevitable la eliminación de oficinas de atención presencial en distintas localidades, las menos pobladas, con lo que se verán afectados los derechos de las empresas, pero también de los usuarios y consumidores», denuncia la patronal pontevedresa, que menciona expresamente el impacto en la brecha digital que padecen algunas localidades y «la supresión de puestos de trabajo».

El propio Cebreiros alerta de una reducción de la oferta crediticia y financiera, la «eliminación» de servicios de asesoramiento a pymes, la centralización «excesiva» del sistema —«Lo que podría afectar a la diversidad y resiliencia del sector», dice—, y el «incremento significativo» de la concentración del negocio «que podría generar riesgos para la estabilidad financiera y un importante riesgo sistémico». «Con esta fusión se están poniendo las bases para crear dificultades para absorber futuros shocks económicos en el territorio y, por supuesto, una clara reducción del compromiso de inversión en el área», se queja el presidente de la CEP.