La consulta del Gobierno sobre la opa BBVA-Sabadell: "¿Considera que existen criterios de interés general distintos a la competencia que pueden verse afectados?"

El Gobierno ha incluido cinco preguntas en su inédita consulta pública previa a decidir si hace uso del precepto legal que le permite pronunciarse sobre la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell, y eventualmente ponerle condiciones para entorpecerla. "¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?", es la primera que incluye el formulario. Así consta desde este martes en la web del Ministerio de Economía, donde la consulta estará abierta hasta el próximo viernes 16 de mayo, once días antes de que el martes 27 de mayo venza el plazo que tiene el ministro Carlos Cuerpo para decidir si eleva el asunto al Consejo de Ministros.

Cuerpo tiene hasta el martes 27 de mayo para decidir si eleva la opa BBVA-Sabadell al Consejo de Ministros

En caso de contestar afirmativamente a la primera pregunta, el cuestionario inquiere sobre "cuáles son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia" que pueden verse afectados. Incluye la opción de señalar los seis que señala la ley de defensa de la competencia de 2007 de manera "no exhaustiva" (defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial). Pero significativamente, también ofrece la opción de indicar y desarrollar otros aspectos, lo que refuerza la idea de que el Gobierno suscribe la interpretación de que no se debe ver limitado por esos criterios en su actuación.  

El formulario pregunta a continuación "en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados" y pide que se "valore" dicho impacto. Asimismo, ofrece la posibilidad de contestar positiva o negativamente a si se estima que se pueden establecer "medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente", así como la opción de desarrollar qué propuestas se considera que "serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados". También se proporciona una dirección de correo electrónico para poder remitir "información adicional o complementaria".

Interés general

La insistencia en el interés general del formulario se debe a que la ley no permite al Gobierno actuar para mantener la competencia, cuya protección recae exclusivamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aprobó la operación la semana pasada con compromisos negocios con el BBVA. Si Cuerpo decide elevar la opa al Consejo de Ministros, como parece muy probable, este tendrá 30 días naturales para confirmar la decisión de Competencia, aprobar la operación sin condiciones, o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia". La norma, en este sentido, ofrece la citada "lista no exhaustiva de criterios concretos". Es decir, que le deja amplio margen de actuación.

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El formulario afirma que el ministro Carlos Cuerpo "ha considerado oportuno realizar la presente consulta pública, cuyo objetivo es recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas físicas y jurídicas potencialmente afectadas por la operación" para facilitarle tener una "valoración completa" antes de decidir si eleva la opa al Consejo de Ministros. Aunque la ley no prevea dicha consulta, Economía ha argumentado que la iniciativa "está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso", en clara referencia a la CNMC y la ley de 2007. 

La consulta está disponible para "ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación" y quieran mandar sus comentarios, que "se considerarán susceptibles de difusión pública". El procedimiento es parecido al que se hace con los proyectos normativos de todos los ministerios, pero nunca antes usado para una opa. El proceso, además, no está restringido a unos agentes económicos específicos, como sí lo estuvieron los test de mercado que hizo la CNMC para emitir su dictamen. El plazo es menor que el que tiene Cuerpo para decidir porque su departamento necesita un tiempo para analizar las alegaciones que reciba.

Justificación social, razón política

El Ejecutivo ha puesto en marcha rápidamente el golpe de efecto anunciado por Pedro Sánchez este lunes en Barcelona. Su inesperado anuncio, que sorprendió a los dos bancos implicados, parece apuntar a que el Gobierno -que desde el primer día ha mostrado su preocupación por la operación- se está armando de argumentos para pronunciarse sobre la misma. Significativamente, se produjo en Barcelona y en presencia de los presidentes de las dos entidades y el de la Generalitat. "Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos", sostuvo el líder del Ejecutivo. 

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Decenas de organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores llevan meses expresando su rechazo a la opa, particularmente en Catalunya y la Comunidad Valenciana, y es seguro que así se lo harán llegar ahora a Economía. A ello se suma la oposición que provoca la operación en Sumar y los partidos nacionalistas catalanes, claves en la mayoría parlamentaria del Gobierno. Las alegaciones que reciba el Ejecutivo, en esta línea, le permitirían tomar la decisión de pronunciarse sobre la operación sobre la base de un mayor respaldo social.

Aunque legalmente no le haga falta tenerlo, le puede venir bien argumentalmente, sobre todo teniendo en cuenta que la sala de competencia de la CNMC aprobó inesperadamente la opa de forma unánime, gracias a que la mejora del tratamiento de las pymes en Catalunya facilitó el voto positivo del consejero propuesto por Junts. De hecho, el anuncio de Sánchez ha servido, entre otras cosas, para silenciar el efecto positivo que el dictamen de Competencia había tenido para los intereses del BBVA.

Cuerpo, asimismo, podrá consultar a otros ministerios competentes sobre su opinión respecto a la decisión de elevar o no la opa al Consejo de Ministros. Asimismo, el reglamento de defensa de la competencia de 2008 también le permite requerir al secretario del consejo de la CNMC que le dé "traslado de copia del expediente" de la operación (artículo 70). Con toda esa información, deberá optar entre no pronunciarse (silencio administrativo positivo: el dictamen de Competencia pasaría a ser efectivo) o emitir una Orden Ministerial en la que eleve el asunto al Consejo de Ministros, que tendría 30 días naturales para decidir si imponer condiciones adicionales a la opa.

Interés general

Algunos juristas interpretan que la instancia legal que permite al Gobierno actuar en las opas estaba pensada originalmente para suavizar los dictámenes de la CNMC, habida cuenta de que el Gobierno no puede pronunciarse sobre una operación aprobada sin condiciones por dicho organismo. La única vez que se ha usado, de hecho, fue por parte del Ejecutivo de Rajoy para rebajar las condiciones impuestas por Competencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta. A ello se ha aferrado públicamente el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Sin embargo, la ley es lo suficientemente poco precisa en ese punto como para dejar espacio al Ejecutivo para actuar, ya que en ningún momento dice expresamente que no pueda endurecer el dictamen de la CNMC. 

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En consecuencia, todas las miradas están puestas en el Ejecutivo desde hace semanas. Los dos bancos se están afanando en darle argumentos para que se pronuncie en línea con sus intereses. Torres, en esa línea, destacó este lunes en Barcelona que la CNMC "ha llevado a cabo un análisis largo y profundo, del que ha resultado unos compromisos importantes, que no solo preservan la competencia sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a las pymes, especialmente aquí en Catalunya". La integración, argumentó, "es un proyecto, no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos, aquí en Catalunya, en España, y en Europa". En cambio, su homólogo del Sabadell, Josep Oliu, consideró "positivo" que el Gobierno vaya a hacer la consulta.