Los parques eólicos pararán si colisionan aves y los molinos más peligrosos serán eliminados

Las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión y evitar de paso problemas con el suministro superan los 10 años en vigor. «Si bien la situación ha mejorado, la problemática sigue existiendo y teniendo un importante impacto sobre muchas especies de aves amenazadas», reconoció el Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta previa que lanzó hace meses para mejorar la normativa. En todo este tiempo se incrementó la investigación científica, las autonomías han desarrollado su propia legislación y hay sentencias judiciales de por medio.

Hasta el Tribunal Supremo obligó a adaptar los tendidos debido a su alta peligrosidad. «Además, se ha constatado la existencia de numerosas electrocuciones y colisiones de avifauna fuera de las zonas de protección», apunta el departamento liderado por Sara Aagesen, que llama la atención también de la mortalidad «significativa y adicional» de fauna silvestre con los aerogeneradores de parques eólicos.

Exigencias para la protección de la avifauna

De ahí que el futuro real decreto que revisa el escudo para las aves incluye ambas infraestructuras. Y con exigencias muy concretas que obligan a repensar la construcción de parques eólicos futuros en pleno bum de las fuentes renovables para intensificar la descarbonización del sistema energético español.

Todos los que se autoricen tras la entrada en vigor de la norma, todavía en fase de proyecto, deberán incluir un sistema de parada de aerogeneradores frente a situaciones de riesgo de colisión, «ya sea con un sistema automático o mediante observadores in situ», señala. Se pautarán interrupciones «específicas» para reducir la mortalidad de los murciélagos en las noches de verano, entre los meses de julio y octubre, si cae la velocidad del viento por debajo de 6 metros por segundo.

«La modificación de estas condiciones preventivas iniciales solamente se podrá plantear tras aportar estudios adecuados que permitan reducir las paradas garantizando el mantenimiento de una mortalidad baja», señala el texto preliminar. La administración se reserva la posibilidad de añadir «medidas adicionales o de otra tipología», de acuerdo con las indicaciones que se establezcan en la declaración de impacto ambiental del proyecto o los resultados del seguimiento de mortalidad al que estarán obligados todos los parques, también los operativos previamente.

«Estos seguimientos, llevados a cabo mediante muestreos de mortalidad, deben permitir, además de documentar y comunicar a la autoridad competente, para su validación, todas las colisiones detectadas en los parques eólicos, estimar la mortalidad real de las distintas especies de fauna silvestre producidas por cada aerogenerador», subraya el proyecto de real decreto. Esa radiografía servirá estar al tanto en todo momento de la situación, pero también para identificar aquellos molinos más peligrosos.

Protocolo de actuación

Para ellos se prevé un protocolo de actuación. En el caso de los aerogeneradores que causen la colisión con una especie en peligro de extinción o vulnerable, las medidas van, en función de la siniestralidad, desde una parada cautelar mientras se investigan las causas y se activan medidas compensatorias si no consta ninguna otra colisión en los cinco años previos, al desmantelamiento de ese o cualquier molino con más accidentes.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte que la normativa «pone en riesgo el avance renovable». La patronal del sector asegura compartir «firmemente el compromiso con la protección de la biodiversidad» y defiende que las instalaciones «cumplen rigurosamente con las evaluaciones de impacto ambiental», donde se incluyen ya «análisis exhaustivos sobre avifauna».

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«No existe una situación que justifique una normativa tan restrictiva», alegan, porque «las principales especies protegidas» muestran «una evolución favorable» y las propuestas de Transición Ecológica «penalizan de forma injustificada» tanto los parques en funcionamiento, como los futuros. Lo más grave, a su juicio, es la posible desmantelación obligada de aerogeneradores. «Aplicar esta regla, sin tener en cuenta factores como la localización, la especie o las condiciones específicas del entorno, puede suponer la paralización de proyectos estratégicos y sostenibles», avisan. La AEE estima que el coste por accidente por ave superaría los 22 millones de euros y que las sanciones son «más severas» que las aplicadas a otros sectores con «más impacto».

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