El nuevo Gobierno de Uruguay analiza el contrato de Cardama para las OPV: «Sigue firme»

El gobierno de Uruguay cambió de manos en las elecciones celebradas entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre del pasado año (primera y segunda vuelta). Yamandú Orsi, del partido Frente Amplio, resultó vencedor y eligió para el Ministerio de Defensa Nacional a Sandra Lazo. La que fuera locutora de radio en el país había sido muy crítica con el proceso de la licitación para la compra de dos patrulleras de vigilancia de altura u OPV (en inglés, offshore patrol vessels) en el que resultó vencedor Astilleros Cardama, con una oferta de 82,2 millones de euros. Lazo explicó en una entrevista en Uruguay que cuando tomó poder encargó un grupo de trabajo para analizar los documentos vinculados a la compra. En el proceso, la ministra detectó una serie de mentiras de parte de altos cargos de la Armada, lo que supuso unas sanciones publicadas estos días por medios uruguayos. Sin embargo, Lazo concretó que el pedido con Cardama «sigue firme» y que la relación es «fluida» y «en buenos términos» con el astillero, que fue claro el ser preguntado por este tema: «El contrato sigue adelante».

La radio M24, de Montevideo, adelantó las sanciones a los funcionarios, confirmadas por Lazo en una conversación en Radio Sarandí en la que se explayó por primera vez como ministra sobre la compra de las OPV, cuya construcción está ya en marcha tras el corte de chapa de la primera unidad del pasado 26 de marzo.

Cardama amarra un pedido de más de 80 millones de dos patrulleras para Uruguay

Según Lazo, «no es noticia» que Frente Amplio fue «muy crítico» sobre cómo se gestionó la licitación. «No estamos cuestionando la necesidad de esa compra, pero sí la forma desprolija en la que entendemos que se dio ese proceso», recordó. Ya en el gobierno, solicitaron la información pertinente, trasladada por el anterior ministro, Armando Castaingdebat, y Lazo se entrevistó con el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson.

Según narró la ministra, Wilson «había liberado el pago del segundo hito del contrato» a Cardama (unos 8,2 millones) cuando, en persona, le negó tal hecho, lo que derivó en las sanciones a este y a otros tres miembros de la Armada: Miguel de Sousa, José Ruiz y Marcelo da Silva. «Entendimos que hubo una falta a la verdad», señaló. Así, la ministra activó un grupo de trabajo de cuatro integrantes «de su confianza» para analizarlo e intentar aclarar todo. «No es una comisión investigadora, quiero aclararlo», añadió.

¿Cómo afecta al astillero?

Los periodistas de Radio Sarandí cuestionaron a la ministra si se estaba investigando el contrato en sí y si seguía en activo. Sobre esto, Lazo explicó que «aparentemente el contrato está firme» y que «hay una relación de intercambio en buenos términos con Cardama», cuyo responsable, Mario Cardama, viajó al país recientemente con algunos de los principales proveedores de las OPV. «Hay que ajustarse a lo que dice el contrato», añadió.

Eso sí, Sandra Lazo también avisó que «este proceso de estudio y análisis no ha terminado» y que su Ministerio va a ser «absolutamente estrictos» con los términos acordados, así como «celosos de que se cumplan todas y cada uno de los hitos que hay que cumplir», en este caso certificados por Lloyd’s Register.

Las declaraciones fueron recogidas por todos los medios uruguayos y el anterior ministro, Castaingdebat, indicó que la ministra «tendrá sus motivos» sobre las sanciones, pero pidió «separarlo del proceso de compra». «Cardama se va a defender solo cuando las patrulleras estén en el puerto», enfatizó.

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