«No tengo ni idea si Altri se hará, eso no lo decide la Xunta»

—La publicación de declaraciones de impacto ambiental es una rutina en el Diario Oficial de Galicia. ¿Por qué con la planta de Altri comparecieron públicamente dos conselleiras, usted y la de Medio Ambiente?

—Es una buena pregunta y la respuesta está simplemente en apreciar la expectación. La declaración de impacto es una fase más dentro del proyecto, uno de los 13 que llevamos declarados estratégicos hasta ahora. ¿Cuál es el elemento diferencial? Que se ha politizado de una manera escandalosa por el BNG provocando un movimiento social claramente liderado por Ana Pontón para hacer pensar a la ciudadanía que hay algo poco transparente o irregular en el procedimiento. Fue, además, el requisito sine qua non que puso el Partido Socialista en el Gobierno para valorar la financiación al proyecto. Queríamos mostrar con toda claridad lo que hemos hecho hasta ahora, que no hay nada que ocultar. Luz y taquígrafos.

—Se hizo una defensa intensa antes incluso de saber si era viable medioambientalmente. ¿Tanto le va a la Xunta en esto?

—Todo lo contrario. El ataque al proyecto fue de tal magnitud que nosotros solo reaccionamos. Siempre he dicho que es un proyecto industrial estratégico más.

—No hay tanto énfasis en otros.

—Si mañana hacen lo mismo con el proyecto de la mina de Touro, que es otro tema que no le gusta mucho al BNG, mi reacción sería exactamente la misma. Que un partido definido como nacionalista esté pidiendo en el Congreso de los Diputados que no vengan fondos para un proyecto gallego, sea Altri u otro, no lo puedo entender.

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—Pero no es igual al resto.

—Es igual. Es un proyecto con una tramitación ambiental, con X inversión y X puestos de trabajo. Ayer estaba viendo un vídeo de alcaldes y concejales socialistas de la Mariña de mediados de 2023 hablando de deslealtad porque Altri no fue para allí. Lo único que cambió desde entonces es que ganamos las elecciones y empezó esta política de desinformación.

—Su antecesor presentó este proyecto como una fábrica de fibras textiles de 200.000 toneladas anuales. Son 400.000 y Altri admite que parte de la pasta de celulosa de eucalipto, aunque no para papel, se venderá como materia prima sin elaborar. La empresa dice que consumirá menos de 20.000 m3 de agua al día, pero la solicitud de captación es de 46.000 «por cuestiones técnicas». Como mínimo, no se contó todo desde el principio.

—El proyecto es exactamente el mismo desde el día 1. El ministro Jordi Hereu lo sabe y mintió descaradamente el otro día en el Congreso.

—«Lo sabe íntimamente», dijo usted. ¿A qué se refería?

—A finales de 2023 se envía un proyecto al Ministerio de Industria, que hace unas observaciones para buscar la financiación y sobre ellas en febrero de 2024 se manda el proyecto definitivo. Tiene toda la documentación. Igual que el Parlamento y los alcaldes y diputados socialistas que están en ese vídeo. Por supuesto que la ciudadanía, y lo he dicho mil veces, es una cosa diferente. Es absolutamente comprensible que se preocupe por un proyecto, pida información, alegue y pueda estar en contra. ¡Solo faltaría! 

—¿La empresa lo ha hecho bien?

—Yo no puedo hablar por la empresa. Lo que sí defiendo al 200% es que todas cuando presentan un proyecto tienen que ser capaces de trasladarlos al territorio. Este es el proyecto de mayores dimensiones en inversión y empleo en Galicia en los últimos 50 años, desde que se instaló Alcoa. Por eso también hay que entender esa reactividad de la ciudadanía. No es lo mismo que te pongan una fábrica de 1 millón de euros que de 1.000 millones. Como todas, la empresa debe hacer una labor didáctica, absolutamente. Ahora, a nivel político, ¿cuál es la razón de que un ministro se presente en el Congreso y mienta de esa manera? A mi modo, falta de valentía. Si no quieren apoyar un proyecto por una cuestión ideológica, vale. Pero que lo digan.

—La declaración está muy condicionada. Más allá de la necesidad de conexión eléctrica o si llegan los 250 millones de ayudas que quiere Altri, ¿usted cree que se hará el proyecto?

—No tengo ni idea. Esa es la realidad. Mire, el proyecto industrial de Sentury —con unas tramitaciones rápidas no, lo siguiente— está pendiente de una autorización ambiental integrada por un requerimiento muy pequeño. ¿Qué va a hacer la empresa? No lo sé. Pues lo mismo. No podemos tomar decisiones por la empresa. Si los números le salen. Lo que sí tengo claro es que vamos a condicionar la aprobación del proyecto a que tenga la conexión.

—¿Teme que el proyecto acabe judicializado?

—Como cualquier proyecto industrial o energético. Estoy muy preocupada por el negacionismo industrial del BNG y determinadas asociaciones que está utilizando para generar controversia social y judicializar los proyectos.

—Son los jueces los que admiten los recursos.

—La cuestión judicial hay que verla en sede judicial. España es un Estado de derecho y se resolverá cómo se tiene que resolver. Pero la parálisis a la que estamos sometidos va más allá de las resoluciones judiciales. Es la judicialización continuada provocada por un partido político. Vuelvo a decir: los recursos los presenta alguien.

—E insisto que unos jueces los aceptan y podrían decidir no suspender proyectos.

—Por supuesto.

—¿Cómo valora el aval del viernes del Supremo otra vez a la tramitación y el uso compartido de redes entre parques?

—Es una muy buena noticia para Galicia. Para los ciudadanos, para las empresas y para la industria. Es clave porque, como en las anteriores que dictó, el Supremo confirma la legalidad de la tramitación y de las declaraciones de impacto ambiental que se están emitiendo. Va a permitir aumentar el peso de las renovables en el mix de la producción eléctrica, alcanzar los casi 7.000 megavatios previstos en el plan eólico actual, avanzar en los objetivos de nuestra Axenda Enerxética hasta 2030 y abaratar la factura de los gallegos.

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—Es una resolución fundamental, igual que lo que argumente el Tribunal de Justicia de la UE, pero lo cierto es que los últimos autos de suspensión cautelar del TSXG ya no son por el procedimiento, sino por el supuesto impacto. ¿No es otro freno?

—Respetando absolutamente los autos de suspensión cautelar, soy jurista y no puedo compartirlos en ningún caso. Hay una provisionalidad en esa decisión en donde se mide si hay una apariencia de buen derecho. Ahí se enfrentan las declaraciones de impacto ambiental, que son procedimientos complejísimos, con periciales de parte que no pueden tener el conocimiento de los expedientes para hacer un examen de esa categoría.

—¿Se han solicitado retramitaciones de parques paralizados?

—Pocos por ahora. 

—Vaya lío se ha montado con la obligación a repotenciar para los parques de más de 25 años, ¿no?

—¿Es una pregunta o una afirmación?

—Una afirmación. No recuerdo ningún momento de semejante tensión de la Xunta con el sector.

—No, con el sector no. El sector lo ha entendido. Otra cosa es que haya determinadas empresas del sector más reacias a invertir en repotenciación. 

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—Han salido tres patronales, EGA, AEE y APPA, a echarles en cara la vulneración de un montón de principios jurídicos.

—Han salido determinadas empresas.

—Las patronales.

—En cualquier caso, cada tres días ahora sale una gran eléctrica diciendo que está a favor de la repotenciación. No tenemos ninguna duda de que había que tomar esa medida porque vamos a ganar en producción de energía y reducción de impacto y estoy convencida de que se va a tomar a nivel nacional.

—¿Cambiar las reglas de juego de esta manera no es ir, precisamente, contra la seguridad jurídica que la Xunta pide siempre?

—Al revés. Todos esos parques tienen unas condiciones técnicas con una vida útil estipulada de 20, 25 años, y las autorizaciones se dieron condicionadas a esa vida útil. Ellos lo saben de sobra. Otra cosa es que intenten tirar del hilo para hacer las inversiones lo más tarde posible. Que es lo que está pasando. Es más, se ha llegado a decir por alguna de esas empresas, aunque creo que ahora han parado, que la repotenciación no se podía hacer sin ayudas públicas. 

—Con esa apuesta por la repotenciación, ¿no se plantean impulsar una planta de reciclaje de componentes de parques?

—Ese planteamiento lo vamos a llevar a la mesa industrial que hemos creado para el nuevo plan eólico pensando en lo que va a necesitar el sector eólico en los próximos 10 años. Y una de las cosas que va a requerir es esa.

—¿Qué pasará con la mesa bilateral con el Gobierno por sus dudas de inconstitucionalidad de esta y otras medidas en el sector?

—Espero que el Gobierno por una vez en su vida tenga un poco de coherencia, ¿no? Solo desde el punto de vista medioambiental no se entendería nada.

—¿Hay algún proyecto de calado al amparo de la nueva ley de beneficios sociales por el uso de los recursos naturales?

—Estamos trabajando ya en los parámetros objetivos para que las empresas puedan justificar esos beneficios sociales y económicos por los nuevos proyectos. Pero con impacto. No puede haber limosnas. No es hacer un convenio de colaboración con una actividad deportiva. Son medidas de impacto en servicios sociales, educación... El entorno tiene que verse claramente favorecido. El paradigma tiene que cambiar de «qué mal, tengo un parque eólico o una mina al lado» a «por favor, que esté porque mi comarca va a ser más rica». 

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