Hereu enfría las ayudas a Altri porque «la mayoría de producción es celulosa»

Después de suspender las charlas sobre el proyecto en los concellos de Agolada, Santiso y Antas de Ulla por las protestas de los vecinos en los anteriores encuentros en Palas de Rei y Monterroso, Altri optó hace un año por lanzar una página web con información «detallada» sobre su polémica fábrica de fibras textiles a base de celulosa de eucalipto y «respuestas a preguntas frecuentes». En ella habla abiertamente de que quiere ayudas públicas. «De acuerdo con las últimas previsiones y estudios realizados, la inversión será superior a los 850 millones de euros y se espera un apoyo por parte del Gobierno central en torno al 25% del total de la inversión, sobre lo cual existen conversaciones directas en este sentido», señala Greenfiber, la joint venture constituida por la pastera portuguesa (75% del capital) y la energética Greenalia (25%) para levantar la planta.

El consejero delegado de Altri, José Soares de Pina, elevó meses después el coste de la primera fase hasta los 1.000 millones de euros. El objetivo de cubrir una cuarta parte con recursos del Ejecutivo central se mantiene. Concurre al Perte de descarbonización de la industria manufacturera, dotado con 499,8 millones en subvenciones y otros 500 millones de préstamos. El tope de ayuda por proyecto es de 30 millones. Altri considera que el denominado Proyecto Gama encaja perfectamente con los criterios de adjudicación porque las emisiones de dióxido de carbono de las instalaciones previstas en Palas de Rei son «significativamente menores» que en otras factorías de fibras textiles.

Declaraciones de Jordi Hereu

«En estos momentos la comisión técnica está en fase de evaluación», confirmó ayer el ministro de Industria, Jordi Hereu, durante su intervención en el Congreso de los Diputados para contestar una pregunta de Néstor Rego, el diputado del BNG, sobre si el ministerio «está en disposición de denegar ese dinero público para un negocio privado tan lesivo para los intereses del pueblo gallego». «El proyecto de Altri, como cualquier otro proyecto, lo analizamos desde el cumplimiento de las normativas española y europea». Se le aplican «los mismos criterios de tipo técnico ambiental». «Siempre —reiteró— de conformidad con la normativa».

«Lamentablemente esperaba esa respuesta», admitió Rego, que, como ya avanzó el pasado martes, trasladó al ministro que su eventual apoyo económico a la planta «es una línea roja que afectaría a nuestras relaciones con el Gobierno». «La sociedad gallega espera y exige posiciones claras porque quiere evitar lo que podemos denominar franquismo industrial», enfatizó el diputado nacionalista. «También tenemos claro —continuó, recordando las dos manifestaciones de protesta celebradas ya— que una mayoría social gallega rechaza el proyecto».

Un plan de vigilancia para 400.000 toneladas de celulosa

«Evaluamos los proyectos industriales en condiciones de igualdad», insistió Hereu en la réplica, sin ocultar cierta extrañeza por la evolución de la propuesta «desde la presentación en su momento como un proyecto de producción de fibras textiles». «A medida que se han ido concretando los detalles, se han constatado diferencias importantes respecto a los que se presentó inicialmente, empezando porque la mayor parte de la producción que se prevé es de celulosa», argumentó.

Beneplácito de la Xunta

El ministro subrayó que el beneplácito medioambiental de la Xunta «es independiente del proceso de concesión de ayudas». Tener la declaración de impacto (DIA) favorable no implica la subvención. «También es oportuno apuntar que se trata de una declaración muy condicionada», señaló, en referencia a los requisitos a mayores fijados por los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente en su visto bueno al complejo de 112 hectáreas para producir 400.000 toneladas de celulosa al año. Lo que demuestra, en su opinión, «que este proyecto se mueve en un entorno con altos valores, recursos naturales, fluviales y paisajísticos». «Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta —finalizó—. Pero, reitero, vamos a analizar el proyecto desde el rigor técnico».

“La declaración de impacto es independiente de la concesión de ayudas y se trata de una declaración muy condicionada”

Jordi Hereu

— Ministro de Industria

«Sería bueno que dijese qué cambió», cuestionó la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, tras conocerse la intervención de Jordi Hereu en la Cámara Baja. «Él sabe de sobra, íntimamente, que no cambió y fue una respuesta cómoda, creo, al verse absolutamente sometido a las preguntas del BNG», aseguró la conselleira, que vincula también la respuesta «al miedo» de Hereu «a Yolanda Díaz, Sumar y muchos partidos» en medio de «la debilidad enorme» del escenario parlamentario para el PSOE. «La pregunta es si Hereu tendría la misma ambigüedad respecto de un proyecto vasco o catalán», espetó.

«Ahora ya no existen excusas de ningún tipo, desde que hay una declaración de impacto ambiental», sostiene también su compañera de Medio Ambiente. Ángeles Vázquez defendió de nuevo que se «evaluó absolutamente todo». La conselleira pone la pelota en el tejado del Gobierno, pero sin perder de vista a la propia Altri: «La industria tiene que decidir todas las exigencias que le puso encima de la mesa esa DIA, cuantificarlas y al final decidir si le es rentable o no instalarse en Galicia». Ella da por hecho que sí porque «lleva mucho tiempo trabajando».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lanzó ayer un llamamiento a la movilización masiva en la manifestación convocada contra la planta de Altri el próximo sábado en A Pobra por «su impacto letal». El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mostró su «convicción» de que el Gobierno no financiará el proyecto y carga contra «las contradicciones» de la Xunta por sus argumentos a favor mientras rechaza dar ayudas autonómicas a Altri.