El Supremo inadmite los recursos de la Xunta y empresas a favor de dos parques eólicos y valida la paralización del TSXG
El alto tribunal confirma la suspensión provisional de los dos proyectos que habían dictaminado los magistrados del Superior de Galicia

Un caballo salvaje ante los aerogeneradores de un parque eólico en Muras (Lugo). / Brais Lorenzo
El Tribunal Supremo no ha admitido los recursos que la Xunta de Galicia y dos empresas presentaron contra la paralización provisional de los parques eólicos de Troitomil (en Negreira y A Baña) y Ventumelo (en A Pobra de Trives, San Xoán de Río y Ribas de Sil). Queda ratificada, de este modo, la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), muy criticado tanto por el Gobierno gallego como por el sector.
Según ha informado el despacho de Xoán Antón Pérez-Lema, que lleva varios de estos casos, el Supremo ha dictado sendos autos de inadmisión a trámite de los recursos presentados por el Gobierno gallego, por Wind Hero SL, promotora del parque de Ventumelo, y Green Capital Power, que impulsa el de Troitomil.
De acuerdo con la interpretación de este bufete, la decisión del alto tribunal «confirma los argumentos esgrimidos en su día por el TSXG, pues el Tribunal Supremo ni siquiera admite a trámite estos recursos de casación por su falta de motivación e interés casacional objetivo». Estos dos parques forman parte de las decenas de proyectos que los magistrados del Superior de Galicia han paralizado.
Fragmentación artificial
El proyecto del parque eólico de Ventumelo se paralizó en marzo del año pasado, al entender el TSXG que la declaración de impacto ambiental elaborada por la Xunta «no podía considerarse del todo veraz», debido a que el parque forma parte de un proyecto mayor, «fragmentado artificialmente».
Los magistrados utilizaron el mismo argumento dos meses después, en mayo de 2024, para detener provisionalmente el proyecto Troitomil. En esa ocasión, la sala manifestó sus sospechas de que los proyectos Vilartoxo y Barrosinos, en las proximidades, constituían, junto con Troitomil, parte de un mismo macroproyecto que se pretendía ocultar mediante esa fragmentación.
Para el despacho de Pérez-Lema, la resolución del Supremo «confirma implícitamente la irregularidad de una campaña política [promovida desde la Xunta] que pretendía denigrar la imagen y la actuación de un TSXG que en todo momento ha velado por la preservación del medio ambiente y el bienestar de las poblaciones afectadas».
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