Un plan de vigilancia para 400.000 toneladas de celulosa

Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por la Xunta, AbancaReganosa y Sogama para armar la candidatura de la comunidad a los fondos Next Generation, eligió a Altri como socia industrial en octubre de 2021 para diseñar una biofábrica de fibras textiles. El acuerdo conllevaba «el desarrollo de un complejo industrial con capacidad anual para producir 200.000 toneladas de pulpa en disolución» y elaborar lyocell «con el objetivo de abastecer la creciente demanda del sector textil». Era, y todavía es, la joya de la corona de los proyectos tractores gallegos que se presentaban al maná europeo para la recuperación pospandemia y un revulsivo al negocio de la segunda gran papelera de Portugal.

«Se desarrollará con los más altos estándares en materia de sostenibilidad e innovación», prometió la compañía en el comunicado al supervisor bursátil luso. Impulsa también quiso lanzar un mensaje tranquilizador: «Sin alterar el mercado, su aplicación pondrá en valor el territorio, contribuirá a la recuperación del rural, promoverá la gestión de madera certificada, implantará las tecnologías más exigentes desde el punto de vista medioambiental y colmará la vieja aspiración de cerrar el ciclo productivo del forestal en Galicia».

La Xunta da el visto bueno a Altri y deja su futuro «en manos» del Gobierno central

Durante todo este tiempo, el proyecto pasó a manos de Greenfiber, una filial de Altri en alianza con la energética gallega Greenalia; la previsión de producción de celulosa saltó a 400.000 toneladas al año; y se generó una intensa contestación social en contra por el impacto en el paisaje de las instalaciones de 112 hectáreas, el uso del agua (la empresa sostiene que empleará 20.000 m³ diarios de los hasta 46.000 m³ de caudal máximo contemplado) y los riesgos de extender el cultivo de eucalipto en Galicia.

Oposición social y campaña de Greenfiber

La plataforma vecinal Por unha Ulloa Viva ha conseguido sumar una larga lista de personajes conocidos a su batalla y llenar las calles en varias manifestaciones. Al otro lado, Greenfiber desplegó una campaña informativa sin precedentes para aclarar dudas de una factoría que, insiste, está «a la vanguardia de una nueva industria basada en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua».

La Secretaría Xeral de Industria sacó a exposición pública la solicitud de autorización ambiental integrada, el estudio de impacto ambiental, la declaración de utilidad pública y el proyecto para la implantación de la fabrica de fibras textiles hace poco más de un año. Se recibieron «aproximadamente 27.000 alegaciones» de «particulares, asociaciones y plataformas de distintos ámbitos y concellos», reconoce la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. La resolución de 76 páginas publicada ayer en Diario Oficial de Galicia (DOG) con el visto bueno de la Xunta al examen de impacto asegura que «una parte del contenido» nada tiene que ver con aspectos ambientales.

Impacto en el medioambiente y el patrimonio

Las que sí, alertan del posible impacto socieconómico en terrenos, la actividad agroganadera, el Camino de Santiago y la pesca y el marisqueo en las comarcas de A Ulloa, Terra de Melide y la ría de Arousa. Hay alegaciones por la proximidad geográfica a zonas especiales de protección (ZEC) como la Serra do Careón; quejas que dan por hecho un deterioro de la calidad de las aguas del río Ulla; por las emisiones de gases contaminantes; e, incluso, la repercusión para el tráfico rodado por el transporte de materias primas.

Respuestas de la Xunta y organismos públicos

Aunque la mayoría de los organismos y entidades públicas consultadas por la Xunta pusieron reticencias en sus primeras contestaciones —destaca, muy por encima del resto, los aspectos que reclamaba considerar la Dirección Xeral de Patrimonio Natural—, prácticamente todos se dieron por satisfechos con la información complementaria aportada por la propia empresa. Del análisis, que deja fuera el desmantelamiento de la planta porque «deberá ser objeto en el futuro de un proyecto específico», los técnicos concluyen que, junto a las previstas por Greenfiber, se deben poner medidas adicionales de sostenibilidad.

Suele pasar. Ningún proyecto sale intacto de la evaluación de impacto, aunque en este caso las nuevas condiciones ambientales son abundantes y se refuerza el plan de vigilancia ambiental. Medio Ambiente reclama un presupuesto de todas ellas antes de aprobar el proyecto y la designación de un responsable de su control «con formación adecuada».

Condiciones para la aprobación final del proyecto

El beneplácito incorpora las consideraciones trasladadas por la Axencia Galega de Turismo para que las obras se hagan en el menor tiempo posible —el plazo previsto es de 33 a 36 meses— para «minimizar la afección» a bienes vinculados al sector y la celebración de fiestas. La Subdirección Xeral de Cambio Climático insta a asegurar el cumplimiento del límite de emisiones y los niveles cosechados durante la campaña de medidas realizada en septiembre de 2022. Patrimonio Cultural pide una propuesta para la conservación del petroglifo de Tras da Costa; un proyecto de urbanización y paisajismo en el acceso a la planta más cercano al Camino de Santiago; y otro proyecto de control arqueológico por los afloramientos de gravados de interés que puedan aflorar.

Augas de Galicia pide que el diseño de la obra de vertido minimice las alteraciones en el Ulla

Patrimonio Natural exige más de 50 metros de distancia de la zona ZEC Serra do Careón «ahora y en el futuro» y el mantenimiento de unas determinadas densidades de árboles autóctonas. Augas de Galicia recuerda toda la normativa que el proyecto debe asumir y demanda «que el diseño de obra de vertido minimice lo máximo posible la capacidad del vertido de alterar y erosionar el lecho y las riberas del río Ulla».