La Xunta refuerza sus nuevos permisos eólicos con el «interés público superior»

Iberdrola invertirá algo más de 11 millones de euros en la repotenciación del parque eólico Serra da Panda, ubicado en los concellos de Mañón y Ortigueira. Será su segunda renovación tecnológica en menos de diez años. En funcionamiento desde 2002, el complejo pasó por una modernización parcial de sus máquinas en 2017. Ahora cuenta con 24 aerogeneradores de 0,66 megavatios (MW) y otros dos de 1,98 MW. La compañía sustituirá 19 de los molinos más antiguos por otros tres de 4,3 MW y mantendrá cinco de los actuales. También se eliminará la torre de medición de viento, «que está obsoleta y no realiza ninguna función en la actualidad».

«Los trabajos para el desmantelamiento de los aerogeneradores consisten en desmontar el rotor y las palas, cargarlas en transporte especial, bajar la góndola con grúa, retirarla, desmontar las escaleras internas de la torre, cabinas y transformador, desmontar los tramos de la torre progresivamente, retirada del cableado de media tensión, baja tensión y control», detalla la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade en su examen de proyecto, al que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico le adjudicó una ayuda de 4,5 millones de euros del Perte de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA).

La Xunta obligará a repotenciar los parques eólicos al cumplir los 25 años

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la pasada semana la resolución favorable de la declaración de impacto ambiental (DIA) de esta y dos repotenciaciones más. Otra de Iberdrola en el parque Muras, donde se quitarán los 74 aerogeneradores actuales de 0,66 MW cada uno para poner 11 nuevos de 4,3 MW. El presupuesto roza los 40 millones de euros y también dispone de una inyección pública del Gobierno de 11 millones de euros. Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira (filial de Endesa) lo hará en el parque Coriscada. Costará casi 28 millones de euros y pasará de 40 aerogeneradores a 4. Además de la apuesta por adaptar las plantas a la última tecnología disponible y minimizar el espacio ocupado, los tres proyectos tienen en común la incorporación de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la categoría de «interés público superior» para la energía eólica desde la propia DIA, siguiendo el dictado de la Comisión Europea para agilizar la tramitación de las renovables.

«Se presumirá que la planificación, construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y su conexión a la red, así como la propia red conexa y los activos de almacenamiento, son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas», señala el reglamento comunitario de diciembre de 2022 para acelerar el despliegue de las tecnologías sin emisiones tras la invasión de Rusia a Ucrania. «Los Estados miembros garantizarán, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior —añade—, que al ponderar los intereses jurídicos de cada caso en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé prioridad a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa».

Bruselas

La premisa de Bruselas parece escrita a propósito para la encrucijada que el sector atraviesa en Galicia. El Tribunal Superior de Xustiza de la comunidad (TSXG) prioriza el posible impacto en el entorno de los proyectos por encima de cualquier otro interés en las más de 70 suspensiones cautelares de autorizaciones de la Xunta a nuevos parques eólicos. La administración autonómica incorporó el concepto de «interés público superior» a su normativa a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del pasado año. Afectaba a todos los nuevos procedimientos y a los pendientes todavía de resoluciones definitivas, «salvo que dichos proyectos tengan efectos adversos importantes sobre el medio ambiente y sobre el paisaje que no pueden mitigarse ni compensarse».

Los análisis de impacto de las repotenciaciones de los parques Serra da Panda, Muras y Coriscada mencionan expresamente el reglamento comunitario y la adaptación a la legislación autonómica para reforzar el visto bueno ambiental de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ante cualquier recurso judicial que se presente por parte de las organizaciones vinculadas al movimiento Eólica, así non. El principio de «interés público superior» acompaña también a otros cuatro parques (Castelo, Penas Pardas, Sotavento y Castrove) en las resoluciones favorables de las DIA emitidas en los últimos meses de 2024.

Hasta ahora, la Xunta había utilizado la especial contribución de la eólica a la salud y la seguridad pública directamente en la revisión de los recursos en el TSXG. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo no lo comparte. «La conciliación entre crecimiento económico y protección del medio ambiente refiere la existencia de una tensión entre ambos conceptos —subrayan los magistrados en varios autos— que debe ser resuelta de tal modo que, si tiene que existir una lesión al medio, el sacrificio ambiental esté justificado, resulte proporcionado y, en todo caso, salvaguarde de forma duradera el recurso natural ambiental para la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras».

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