Una de las funciones más importantes de la Agencia Tributaria es garantizar que todas las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales, asegurándose de que se paguen los impuestos correspondientes. Este esfuerzo no solo tiene como objetivo combatir el fraude fiscal: también es fundamental para la redistribución de la riqueza, un mecanismo clave que permite financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.

Con este compromiso en mente, el gobierno español está trabajando en un nuevo real decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras a partir de 2025 según adelanta El Periódico.