El exdueño de Hiperxel Eusebio Novas pacta seis meses de prisión por fraude

Antes de pasar a dedicarse a la compraventa al por mayor de pescados y mariscos, la empresa cántabra Sondomar Fish se llamaba Sondomar Producciones y estaba registrada en el barrio de Mogor, en Marín. Su objeto social no podía ser más distinto: producción y organización de espectáculos públicos, y también venta de material de iluminación y sonido. Y como supuesta productora emitió, en 2016, una factura de 336.743 euros por 2.000 televisores, a razón de algo más de 168 euros por cada aparato. En realidad nunca existieron esas teles ni fueron vendidas, como constaba en los papeles, a la empresa Spsinergia Systems. Todo era parte de un fraude a Hacienda en el que participó Eusebio Novas Hay, ya condenado por defraudación —ha recurrido al Supremo una pena de dos años y medio de cárcel— y coimpulsor del grupo que adquirió, y presuntamente tumbó, la cadena de congelados Hiperxel. El juicio por esta trama arranca hoy en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo pero lo hará sin Novas y sin otros seis acusados, que han llegado a un acuerdo con Fiscalía para aceptar seis meses de prisión, como han certificado partícipes directos del procedimiento; solo uno de los acusados, un empresario de Madrid, ha rechazado el pacto y se sentará en el banquillo.

Tres de los encausados, al margen de Novas, ya fueron señalados por Fiscalía en otro caso como copartícipes de una macrotrama defraudatoria encabezada por el propio arousano y por Juan José Villamizar Velásquez, su socio en Grupo Vinova, que fue la que compró Xeldist Congelados (Hiperxel era la marca comercial). Se trata de Ignacio Santiago, Abelardo Santiago y Emiliano Acevedo: eran los titulares de las mercantiles Ditsch España y Sondomar. Otro de los acusados, Filipe Ferreira, era el administrador único de Spsinergia, que «desarrolló una actividad ficticia en los años 2016 y 2017 [...] con la finalidad única de defraudar a la Agencia Tributaria». Los tres primeros (Santiago, Abelardo y Emiliano) fueron señalados por el fiscal, en un procedimiento cursado en este caso en Marín, como las presuntas marionetas de Novas y Villamizar para crear un entramado societario que diera la impresión de grupo solvente en el sector del pescado congelado. Su nombre aparece vinculado a las compañías Vaporgusto y Costa Mogor, que se integraban en Vinova.

Estafa Hiperxel, el vacile recurrente

Como señaló en este caso el fiscal Jesús Calles, “en realidad el uso de este nombre comercial [en referencia a Vinova] es un acrónimo de los primeros apellidos de sus principales artífices [...] y solo tenía por objeto” crear esa “gran simulación” de compañía en expansión. Calles constató así, en un escrito de junio de 2023, lo que FARO había destapado meses atrás: que, pese a que no constaba como administrador y a que lo negó a este periódico por escrito, Novas Hay estuvo detrás de la compra de Hiperxel, cadena que quebró tras haber sido vaciada de fondos —le eran retirados al día el equivalente a 8.500 euros en efectivo— y mandó a la calle a unos 300 trabajadores, la mayoría mujeres. Esta investigación de Fiscalía es distinta, a fin de cuentas, a la que hoy va a juicio; el Ministerio Público pedía a los investigados una fianza de seis millones de euros. Incluido Villamizar, que no consta en el procedimiento que se juzga ahora.

No es la única pena de prisión que recae sobre el arousano, que el próximo agosto cumplirá 40 años. Novas Hay planteó un recurso de casación ante el Supremo contra un fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de octubre de 2023, que lo condenaba a dos años y medio de cárcel. “Resulta incuestionable la participación del recurrente en los hechos por los que viene condenado”, decía el fallo, en relación al hecho de que Novas no constaba como administrador de hecho de ninguna de las firmas de la trama. A día de hoy, el empresario continúa en activo y «se presenta como asesor» de una empresa constructora de Pontevedra, confirman fuentes financieras. El juicio por la quiebra de Hiperxel, en el que no consta como investigado —Vinova estaba solo a nombre de su socio, Villamizar—, no tiene fecha todavía. La administración concursal pide 7 millones de euros por una quiebra culpable.

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