La parálisis eólica arrebata a Galicia más de 2.700 nuevos empleos

La judicialización masiva del viento redujo en 2023 a la nada la implantación de nuevos parques en Galicia y lo volverá a hacer, casi con la misma fuerza, este año. De nuevo en el ojo del huracán, la previsión es que 2024 acabe con solo 53 MW más en el territorio —135 desde el 2020 de la pandemia del COVID—, cuando en 2019 se instalaron ocho veces más, 418 en total, y la comunidad cuenta con cerca de 3.900 MW; ilustrativos del escaso avance renovable.

La parálisis industrial impulsada desde las salas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afecta hoy en día a 70 proyectos que están estancados; planes que involucran a 2.600 MW cuya ejecución se ha suspendido cautelarmente pese a tener el visto bueno del Gobierno gallego. Fruto de esa situación, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) estima que la autonomía ha dejado de generar 2.750 empleos, la mayoría «de calidad», este ejercicio.

Desde la patronal gallega calculan que, a un ritmo de 500 MW instalados al año, cifras asumibles sin el revés judicial, harían falta 2.500 nuevos puestos de trabajo vinculados a la construcción y puesta en marcha de los aerogeneradores, a los que se sumarían otros 250 para llevar a cabo las labores de mantenimiento una vez concluyeran las obras y arrancase el funcionamiento. «Esta misma fórmula se podría extender hasta el 2028, que es cuando caducan los permisos de conexión», advierten, recordando que en este momento «hay en juego 6.300 millones de euros y 14.000 empleos entre directos e indirectos» vinculados a 32 proyectos industriales relevantes que demandarán anualmente ocho TW/hora adicionales de electricidad.

El conflicto eólico bloquea 10.000 millones en inversión y la transición ecológica de Galicia

De segunda a cuarta potencia

Desde EGA aseguran que «cada año la comunidad está perdiendo 700 millones de euros de inversión» no ejecutada en parques que sí cuentan desde hace meses con el ok ambiental de la Xunta de Galicia pero cuya construcción está paralizada por la suspensión cautelar del TSXG. La Justicia gallega argumentó primero, para frenarlos, supuestos errores en la tramitación. Después, tras el aval del Tribunal Supremo a los parques, contraatacó y esgrimió presuntos «daños irreversibles». Guardados en un cajón hasta que se pronuncie Europa, que dará prioridad a su veredicto pero rechaza acelerar la tramitación del caso, el Ejecutivo autonómico es consciente de la situación y adelantó en noviembre que habilitaría una retramitación exprés para los parques bloqueados.

Galicia, referente en la UE y pionera durante el apogeo eólico del noroeste español de los pasados 90, se ha visto relegada —pese a sus capacidades— a ser la cuarta autonomía en potencia eólica instalada del país (en 2023 con el 12,6% del total), por detrás de Castilla y León (21,6%), Aragón (17%) y Castilla La Mancha (15,8%). Todo ello cuando en 2019 ocupaba el segundo puesto.

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