La Xunta abre una retramitación exprés de parques eólicos con bloqueo judicial

Esbozando media sonrisa, hasta el portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, confesó que era consciente de la «cierta curiosidad» levantada alrededor de las enmiendas de su formación a la ley de medidas fiscales y administrativas de los presupuestos de la Xunta para el próximo 2025, especialmente en la eólica. La norma que regula el aprovechamiento del viento como fuente de energía en la comunidad acumula por esta vía trece modificaciones desde su entrada en vigor el 30 de diciembre de 2009. Y la enésima retahíla de cambios en ciernes despertaron una enorme polémica. La patronal gallega EGA, la nacional AEE e incluso la europea Wind Europe acusan al Ejecutivo liderado por Alfonso Rueda de decisiones de «evidente contenido expropiatorio» e incumplir la legislación básica comunitaria con la imposición de la repotenciación de los parques cuando cumplan los 25 años y la venta de, al menos, el 50% de la producción con contratos a largo plazo (PPAs) a vecinos e industrias de la zona. Las enmiendas presentadas ayer por los propios populares son en sí mismas otro giro en la estrategia para el sector.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) suspendió de forma cautelar casi 70 proyectos hasta ahora, primero por supuestos errores en la tramitación —la causa abierta en el Tribunal de Justicia de la UE— y luego para prevenir supuestos impactos irreversibles. Para «reactivar un sector castigado por decisiones judiciales», como abiertamente admite el PP, la Xunta habilitará la retramitación voluntaria de todos los parques que todavía no cuenten con el permiso de explotación definitivo.

Las empresas podrán solicitar de nuevo las autorizaciones previas y de construcción, sin perder la validez de las ya concedidas e incorporando al proceso las líneas de evacuación de la electricidad. Se les aplicará la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia. Es decir, al examen del impacto en el entorno deberán añadir el social y económico, con medidas concretas como la firma de PPAs.

La sala del TSXG que lleva los casos de eólica se parte en dos

Las instalaciones que repitan la tramitación se considerarán «proyectos de interés público superior». Es la teórica baza para tratar de ganar la partida a la judicialización. ¿Por qué? Porque la calificación viene de la Comisión Europea para acelerar las plantas renovables fuera de entornos protegidos y permite priorizar su despliegue para contribuir a la descarbonización por el bien general por encima de otros intereses, incluidas las repercusiones ambientales que no sean realmente transcendentales.

«Dicho interés público superior será ponderado de manera concreta en la tramitación del nuevo procedimiento de otorgamiento de la autorización administrativa previa, de construcción y de explotación del parque, y de las autorizaciones de sus infraestructuras de evacuación y, en particular, en el trámite de evaluación ambiental», señala la enmienda. El «interés público superior» quedará expresamente reflejado para esgrimirlo ante un posible recurso.

Estas solicitudes se revisarán antes que el resto de proyectos eólicos y tendrán «una tramitación simplificada». Solo se pedirán los informes previos a los órganos sectoriales con competencia en el examen de impacto (aguas, patrimonio, carreteras...) «cuando existan indicios fundados de que el proyecto producirá efectos adversos importantes» que «no se puedan mitigar ni compensar». La administración emitirá los condicionados técnicos en diez días hábiles y únicamente respecto a las modificaciones del proyecto.

Entre los instrumentos para analizar los valores ambientales de las localizaciones, la Xunta contemplará «las herramientas, bases cartográficas y fuentes de datos oficiales que cuenten con la mayor precisión y actualización». Pero deja claro su «carácter orientativo». Hay que recordar que el TSXG basa la mayoría de sus suspensiones cautelares en la zonificación de renovables del Ministerio para la Transición Ecológica, a pesar de que el departamento dirigido por Teresa Ribera aclaró públicamente que su uso debería ir acompañado del análisis concreto de cada instalación.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó la pasada semana que los promotores deberán suministrar por lo menos el 50% de su producción a empresas «a un precio estable y competitivo». No detalló más. Una de las enmiendas del PP lo hace. A partir del 1 de enero entra en vigor una moratoria que impide la presentación de nuevos proyectos eólicos en las áreas reservadas del plan sectorial. Con una excepción: parques que se comprometan a PPAs del 50% o más con consumidores locales e industriales de su entorno (o de otra zona de Galicia si no los hay allí), durante 5 años como mínimo, de forma directa o a través de comercializadoras de energía. Como la creada por la sociedad RDG impulsada por la Xunta. También existe la opción de ubicarse fuera de las áreas de desarrollo si el contrato supera el 80% de la generación. Los criterios afectarán también a las solicitudes de las futuras zonas de aceleración de renovables.

El veto estará en vigor hasta que haya un nuevo plan sectorial eólico, aunque, si se retrasa, decaerá dentro de tres años. Deja fuera las peticiones de repotenciaciones. Siguen siendo obligatorias, aunque las enmiendas matizan algunas cuestiones.

Podrá aumentar la potencia previa si la conexión a la red lo permite. El plazo de 25 años de vida útil establecido como umbral para la actualización de la maquinaria sube hasta 30 si así se recoge en los proyectos entregados en su momento para conseguir la autorización. Para garantizar que el cambio sea “económica y técnicamente viable”, la Xunta revisará las cuentas de cada instalación y el coste del proyecto. Si “las condiciones y valores ambientales” del emplazamiento “lo desaconsejan”, no habrá que cumplir con “una reducción como mínimo a la cuarta parte” de los molinos existentes.

A los promotores les corresponderá indicar en su solicitud “las condiciones y plazos” de la repotenciación y justificarlos. Desde la autorización, habrá como mínimo 18 meses de margen para empezar las obras, que podrán desarrollarse durante más de 18 meses. Si por “viabilidad técnica o económica” la previsión de arranque de obras rebasa los 6 meses sobre la fecha marcada, la Xunta requerirá al Igape un informe para contrastar los argumentos de la empresa.

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