Las reclamaciones por impuestos baten récord en Galicia y el 56% se estiman

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dar la razón a una autónoma de la comunidad que desgravó los gastos de peaje y combustible y las aportaciones a la mutualidad de previsión social en la declaración del IRPF de 2018 y 2019. La Agencia Tributaria no lo había aceptado y, de hecho, le sancionó por hacerlo con una multa de 8.600 euros. ¿Por qué? Porque la mujer usaba el coche para más cosas que su trabajo y el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda extendió el veto a la deducción de los recibos del taller y el leasing a otros desembolsos «accesorios», incluidos la autopista y llenar el depósito.

«No podemos compartir esta apreciación, dado que, una cosa es la afectación exclusiva del vehículo a la actividad, lo que condiciona su deducción, y otra son los consumos derivados de la actividad profesional, los que, de vincularse con actividades profesionales concretas, son deducibles, independientemente del tipo de vehículo utilizado», sentenció la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego, que también avaló la deducción de las aportaciones a la mutualidad a pesar del error de la contribuyente al no incluir la partida en el libro de facturas. «Debe prevalecer la realidad material», sostienen los magistrados en su fallo, ya que la Agencia Tributaria «podía ordenar que la recurrente rectificara los libros contables».

Antes de ir al TSXG, la autónoma acudió al Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR). Es el paso intermedio para impugnar los posibles errores en el cobro de impuestos ante las propias administraciones. En este caso rechazó la reclamación de la contribuyente. Pero no es lo habitual. El TEAR estimó total o parcialmente el 56% de las quejas en Galicia en 2023, un ejercicio de récord en la entrada de nuevas demandas.

Se presentaron 19.307, un 13,8% más que el año anterior (17.046), a una media de medio centenar por día, según la Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos. En la sede de Vigo entraron 2.678; 3.307 en la de Pontevedra; 8.825 en la de A Coruña; 1.770 en la de Ourense; y 2.827 en la de Lugo. En todo el país crecieron el 4%, hasta las 239.177. «En 2023 se continúa prestando atención en alejar la resolución de reclamaciones de los plazos de prescripción, lo que originó que el número de reclamaciones resueltas aumentara en un 2,5% respecto al año anterior, alcanzándose la cantidad de 259.596 reclamaciones resueltas», destaca el informe, siguiendo la tendencia de los últimos años. Las quejas atendidas en Galicia ascendieron a 21.382 tras un alza del 5,5% (20.267 en 2022).

El IRPF y los actos del procedimiento recaudatorio —incluida la vía del apremio o los recargos por retrasos en el abono de los tributos— encabezan las reclamaciones presentadas a lo largo del pasado año: 5.316 y 5.761, respectivamente. Les siguen los procedimientos vinculados al Catastro, que se dispararon un 135% (2.276). Como es habitual, en los primeros puestos figuran también dos impuestos de competencia autonómica. Hubo 1.224 contra Sucesiones y Donaciones; y 1.916 por Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). El IVA recibió 1.704 quejas nuevas.

De los casi 21.400 expedientes resueltos por el TEAR de Galicia en 2023, unos 6.700 eran por el IRPF. El 60,3% de las reclamaciones fueron estimadas total o parcialmente. El porcentaje ronda el 85% en las quejas revisadas en ITP y AJD (2.605) y en Sucesiones y Donaciones (2.316). En los actos del procedimiento recaudatorio (5.674) apenas supera el 29%; ronda el 52% en administración catastral; y el 57% en IVA. Aunque son muy pocas en volumen, 151, el TEAR avaló el 100% de las reclamaciones vinculadas al Impuesto sobre el Patrimonio.

Galicia es la quinta autonomía con más reclamaciones presentadas el año pasado por detrás de Madrid (42.509), Andalucía (37.604), Cataluña (34.033) y Comunidad Valenciana (32.479). Los mayores repuntes en la conflictividad fiscal se dieron en Asturias (38,8%), Castilla-La Mancha (26,5%), Cantabria (25,5%) y Murcia (22,5%). Del lado contrario sobresalen Navarra, donde se desplomaron el 44%; Cataluña, con una caída del 14,3%; y La Rioja y Canarias, ambas con recortes por encima del 13%. Los dictámenes que caen del lado del contribuyente en el conjunto del país alcanzaron el 40,7.

En los Tribunales Económico-Administrativos trabajaban 681 personas a 31 de diciembre. El 97,6% del total son funcionarios y los otros 16 efectivos son personal laboral. «Durante este año se ha hecho un esfuerzo especial en agilizar los procesos de provisión de puestos de trabajo a través de las convocatorias de concursos de traslados de personal y en realizar los nombramientos definitivos de gran parte del personal que se encontraba en situación de provisional, ya fuera en adscripción provisional o en comisión de servicios», detalla la memoria.

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