La patronal eólica carga contra las repotenciaciones obligadas de la Xunta por «vulnerar la ley»
AEE afea la medida en plena «tramitación dramática de proyectos en Galicia» y asegura que creará una «mayor inseguridad jurídica»

Aerogeneradores de un parque eólico en Galicia. / Marta G. Brea
La Xunta, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) y la Endesa originaria de gestión pública firmaron en julio de 1986 el convenio de cooperación que permitió levantar un año después el primer parque eólico con fines comerciales en Galicia. Ubicado al borde de los acantilados del cabo de Estaca de Bares, el complejo estaba formado por 12 aerogeneradores de 0,03 megavatios (MW). Costó 109,6 millones de pesetas de la época —unos 660.000 euros— y, aunque nunca llegó a brillar por su rentabilidad, permitió profundizar en el conocimiento del viento como fuente renovable y cerró las bocas de los muchos escépticos que dudaron de la capacidad de la comunidad para ser pionera del sector. En las siguientes dos décadas, se instalaron aquí 2.000 MW en casi un centenar de parques.
Toda esa potencia acumulada en la fase inicial de expansión de la eólica en Galicia va camino de agotar su vida útil, alrededor de los 25 años. Nadie duda que antes o después tocará repotenciar. Cambiar las máquinas antiguas por nuevos molinos más potentes y reducir el espacio ocupado. De hecho, Naturgy ya renovó Cabo Milano, el segundo parque más antiguo tras el de Estaca de Bares; EDP hizo lo mismo con Corme, el proyecto que desembocó en la judicialización de los permisos de la Xunta; y ahora mismo hay una decena de parques preparando su repotenciación tras lograr 50 millones de euros de ayudas públicas del Ministerio para la Transición Ecológica.
Decisión "errónea"
Lo que sorprende y enfada a los promotores es que la Xunta haya decidido imponer las repotenciaciones a los parques cuando cumplan los 25 años o alcancen esa vida útil o perderán la autorización, como adelantó FARO. Una decisión «errónea y perjudicial para los intereses de las empresas, la sociedad, la economía y la imagen de país», critica la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en un duro comunicado donde reprocha este movimiento de la Xunta en plena «situación dramática en la tramitación de los proyectos eólicos en Galicia». «Traslada inseguridad jurídica», remarcan, y «puede generar mayor incertidumbre para los inversores».
Además del principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución Española y de libertad de establecimiento del Tratado de la UE, la patronal eólica nacional asegura que hacer obligatorias las repotenciaciones «vulnera» la ley del sector eléctrico, que ampara la generación de energía «como una actividad liberalizada y libre». «Es una ley estatal básica y en ella las instalaciones de generación renovable que tengan autorización de explotación pueden funcionar sin límite de tiempo», remarca la AEE. «No se contempla la posibilidad de modificar esa autorización o de obligar a cerrar la instalación —añade—. Por el contrario, el cierre de cualquier instalación está sujeto a autorización, porque la generación es una actividad básica de servicio de interés económico general».
86 parques
Las empresas eólicas identifican ahora mismo 86 parques que suman una potencia de 2.007 MW con 20 o más años de antigüedad. ¿Eso significa que se acerquen a la jubilación? El concepto de vida útil de diseño «no es sinónimo de obsolescencia del equipo, pérdida de operatividad o riesgos en la seguridad», rechaza la AEE. «Parques que están produciendo con total normalidad y aportando energía competitiva y descarbonizada al sistema serían obligados a enfrentarse a un proceso administrativo que no ofrece garantías», lamenta Juan Virgilio Márquez, su CEO, que avisa de un «agravamiento» de la inseguridad jurídica en plena suspensión cautelar de 2.000 MW por parte del Tribunal Superior de Galicia.
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