La Xunta obligará a repotenciar los parques eólicos al cumplir los 25 años
Un tercio ronda esa antigüedad y si no lo hacen, perderán la autorización
Abre los trámites para las zonas de aceleración de renovables

Aerogenerador del parque eólico Cabo Vilano de Naturgy en Camariñas. / Naturgy

Desde su privilegiada ubicación en el corazón de la Costa da Morte, una de las zonas de Galicia con más y mejor viento, el parque eólico Cabo Vilano ha sido testigo excepcional de la profunda transformación tecnológica y empresarial del sector energético. Empezó a funcionar a principios de los años 90. La vieja Unión Fenosa invirtió unos 1.300 millones de pesetas (cerca de 8 millones de euros) para poner en pie 20 aerogeneradores con potencias de entre 0,1 y 0,2 megavatios (MW). Considerado el primer gran complejo eólico de la historia en comunidad tras las pruebas iniciales con un molino en el concello de Santa Comba y el desarrollo experimental de 12 máquinas de 0,03 MW en Estaca de Bares, el parque se amplió poco después para sumar dos prototipos de nuevos aerogeneradores. En agosto de 2010 arrancó la tramitación para repotenciarlo. Unión Fenosa estaba ya en ese momento en manos de Gas Natural, que luego se reconvirtió en Naturgy, su actual propietaria. Se sustituyeron las 22 máquinas primitivas por solo dos de 3 MW, capaces de producir un 400% más de electricidad. El presupuesto alcanzó los 7,6 millones de euros.
Fue una renovación pionera y casi excepcional en el sector en Galicia, a pesar de que aquí, epicentro del nacimiento y el despegue de la eólica en España, se concentran buena parte de los parques más antiguos. Los casos de repotenciación salieron muy a cuentagotas hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó el pasado 2023 la convocatoria de ayudas por importe de 147 millones de euros para la adaptación tecnológica de instalaciones renovables. El departamento dirigido por Teresa Ribera adjudicó 57 millones a la ampliación de la minihidráulica de Portodis y a una decena de proyectos de repotenciación de parques eólicos, algunos de ellos en marcha o con el papeleo avanzado.
La Xunta aspira a que eso sea la norma general. Siguiendo la tónica de los últimos años, aprovecha la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña al proyecto de presupuestos del próximo 2025 para dar el enésimo giro en el sector eólico. «Atendiendo al objetivo prioritario de reducir el impacto en el territorio y en el medio ambiente de la implantación y explotación de los parques eólicos existentes, teniendo en cuenta la evolución de la ciencia y la técnica», se declaran «de interés general» las «actuaciones de repotenciación» en las instalaciones bajo su competencia.
El Ejecutivo autonómico da a entender que el nuevo Plan sectorial eólico de Galicia priorizará las repotenciaciones. Mientras no entre en vigor, «serán obligatorias» para los parques que hayan alcanzado su vida útil estimada —en función de lo que preveían los propios promotores en los proyectos de ejecución autorizados en su día— y, «en defecto», para los que alcancen los 25 años en operación. Son alrededor de un tercio de los parques en funcionamiento ahora mismo. Solo quedan al margen los de 10 o menos aerogeneradores.
Las repotenciaciones «deberán efectuarse en condiciones y plazos que se ajusten al principio de proporcionalidad» y se llevarán a cabo «de acuerdo con las mejores técnicas disponibles», señala la nueva disposición adicional que la Xunta introducirá en la ley de aprovechamiento eólico de Galicia. Se buscará «la máxima reducción posible» del número de molinos, «como mínimo a la cuarta parte de los existentes, excepto que las condiciones y valores ambientales del emplazamiento desaconsejen la instalación de aerogeneradores del tamaño que permita alcanzar dicho porcentaje».
Los promotores contarán con un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de los cambios para presentar el proyecto de renovación tecnológica. La administración podrá, además, requerirlo de oficio. Existe la opción de desarrollar las obras por fases «para mantener en la medida de lo posible la producción». En caso de no hacerlo o ejecutar el proyecto fuera de los plazos previstos en los permisos, la Xunta podrá «revocar la autorización» del parque.
A la vista del golpe en la recaudación del canon eólico —la cuantía depende de la cantidad de aerogeneradores—, el Consello da Xunta se da seis meses desde la entrada en vigor de estas modificaciones para presentar un proyecto de ley en el Parlamento «en el que se tengan en cuenta las consecuencias de las actuaciones de repotenciación previstas». Todo apunta a medidas para retener los ingresos. Dice que atenderá «a la reducción del número de aerogeneradores y, en especial, a las afecciones visuales derivadas de su altura». Y ahora son más grandes. «Todo esto con el objetivo de preservar el medio ambiente —añade— y de velar por el mantenimiento de las necesarias actuaciones de compensación y reequilibrio ambiental y territorial a las que está afectos los ingresos generados por el canon».

potencia eolica W / H. Barreiro
La Xunta da también el pistoletazo de salida a la confección del nuevo Plan sectorial eólico en el que estarán incluidas las famosas zonas de aceleración renovable eólica exigidas por la Comisión Europea para catapultar nueva potencia usando áreas de bajo impacto ambiental. Hasta que el plan no esté listo, se podrán aprobar zonas de aceleración concretas «como instrumentos específicos de planificación». La administración fijará «normas adecuadas aplicables» con «medidas de mitigación efectivas», incluidos los criterios recogidos en la ley de Galicia para repercutir en el territorio los beneficios de las renovables.
Suspensión de plazos en parques judicializados y criterios para la distancia de 500 metros
La judicialización del sector eólico tiene muy poca pinta de que se vaya a desenmarañar a corto plazo. Depende de cuándo se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las dudas de la tramitación de los parques presentadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que, además, en sus últimos autos de suspensión esgrime otras razones ya, el supuesto impacto ambiental. Hay unos 200 litigios que afectan a más de 80 parques. Para evitar que la situación acabe provocando la caducidad de los permisos, la Xunta suspenderá el plazo de tres años de margen entre la autorización administrativa previa y de construcción y el encendido del parque «en el caso de que exista un pronunciamiento por parte de un órgano administrativo o judicial que suspenda la eficacia de la resolución de autorización administrativa previa y de construcción».
Los cambios incorporados por la Xunta a la ley del sector eólico a través de los futuros presupuestos incluyen novedades también respecto a la distancia de 500 metros de los parques con «delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano o urbanizable». No se aplicará a aquellos proyectos que hayan perdido el derecho de conexión a la red y tengan que retramitar las autorizaciones, ni tampoco para «lugares habitados, casas aisladas, establecimientos industriales, granjas o explotaciones ganaderas» que estén en otro tipo de suelos. En esos casos se seguirán las «normas específicamente aplicables» y la vigilancia del cumplimiento de niveles de ruido.
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