Investigación judicial
Juicio a Glovo: “Quiero un contrato para tener un sueldo fijo y derechos laborales”
Más de una decena de ‘riders’ de Glovo han declarado esta semana ante la jueza y reivindican sus derechos laborales
El próximo 3 de diciembre está previsto que el fundador y principal investigado, Óscar Pierre, acuda a los juzgados a declarar

Un ‘rider’ de Glovo, al barri barceloní de Sarrià. / | ELISENDA PONS
Gabriel Ubieto | J. G. Albalat
Más de una decena de repartidores pasaron el pasado lunes por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona para declarar como testigos en la investigación abierta contra la empresa Glovo y su consejero delegado y fundador, Óscar Pierre, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO han asegurado que alguno de estos 'riders' fueron "reivindicativos" sobre su situación laboral.
A mediados de septiembre los primeros 'riders' empezaron a dar testimonio ante la jueza y el ruedo de declaraciones ha proseguido esta semana, con un grupo mayoritario de mensajeros defendiendo su voluntad de trabajar como asalariados para la compañía y criticando que la compañía haya ignorado las distintas sentencias judiciales y actas de Inspección de Trabajo que han ido saliendo hasta la fecha contraria a su modelo laboral. Está previsto que el próximo 3 de diciembre sea Pierre el que comparezca.
Glovo está siendo investigado por la vía penal por presuntamente desobedecer las actas de Inspección de Trabajo -que ha llegado a sancionar a la empresa por reiteración en ciudades como Barcelona o Madrid- y decenas de sentencias judiciales -con un fallo del Tribunal Supremo incluido-. Estas resoluciones han venido determinando, hasta ahora, casi de manera unánime que los repartidores que llevan y traen comida a domicilio o paquetes debieren estar contratados laboralmente por la compañía y no ejercer como mensajeros autónomos.
En esa misma línea se manifestaron algunos de los ‘riders’ que este lunes han declarado ante la jueza, a diferencia de los primeros que comparecieron en el juzgado, que sí manifestaron su voluntad de ejercer como trabajadores por cuenta propia. Aunque una cosa es la voluntad de las partes y otra el encuadre judicial que la relación entre estas tenga.
Declaraciones telemáticas
Las declaraciones efectuadas el lunes se realizaron de forma telemática, ya que en la misma participaron repartidores de distintas provincias, principalmente del norte del país, donde Glovo ya ha sido censurado por la autoridad laboral por su modelo organizativo. No obstante, las sanciones de la autoridad laboral se extienden por todos las provincias españolas. Solo en Barcelona, Madrid y Valencia la Inspección detectó en sus últimas actuaciones más de 17.000 falsos autónomos.
“¿Por qué quiere tener un contrato [con Glovo]? ¿En qué mejoraría sus condiciones laborales?”, se le preguntó a uno de los mensajeros durante el interrogatorio. “Tendría un sueldo fijo, tendría mis derechos laborales y estaría mejor que ahora, que estás en la calle todo el día para hacer 30 euros, porque no salen pedidos”, le respondió, según explica este a EL PERIÓDICO.
Los repartidores que pasaron el lunes por sede judicial explicaron que las distintas actas de Inspección de Trabajo, instando a Glovo a hacerlos asalariados, no les han cambiado la manera de operar. Y es que la empresa, según detallaron, desoyó las resoluciones de la autoridad laboral y los mantuvo como autónomos. Otros testigos precisaron que ante el incumplimiento de la empresa, la Inspección de Trabajo les dio de oficio el alta en la Seguridad Social, dato que ahora deberá comprobarse. Las versiones de los 'riders' no son homogéneas, pues depende del lugar geográfico donde presta el servicio y si el trabajo que le ofrece Glovo es el único que tiene o es una actividad extra que realiza para aumentar sus ingresos.
Es en esa reiterada oposición de Glovo a cumplir con los fallos de Inspección y con las sentencias judiciales donde la fiscalía está apoyando su causa. Y los abogados de Glovo, encabezados por Cristóbal Martell, arguyen que Glovo ha ido cambiando de modelo tras los fallos y que las actuales condiciones de servicio sí se ajustan al encuadre de un trabajador autónomo.
El ‘modus operandi’ de la Inspección de Trabajo en los casos en los que detecta falsos autónomos es el siguiente, según explican fuentes del organismo. La ‘policía laboral’ detecta a una serie de trabajadores que debieren estar encuadrados como asalariados y les procede a dar de alta, de oficio, en la Seguridad Social como tales. También procede a reclamarle a la empresa que pague las cotizaciones pendientes que debiere haber estado pagando por esos trabajadores desde que la Inspección ha podido acreditar que empieza la relación laboral.
Desde que comenzó a operar en 2015, Glovo lleva casi 253 millones de euros abonados a la Seguridad Social, entre requerimientos y sanciones. Y es que la Inspección de Trabajo le ha obligado a dar de alta como asalariados a un total de 40.889 repartidores que ejercían como falsos autónomos para la plataforma digital.
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