Fiscalidad
Hacienda aprobará los nuevos impuestos permanentes sobre banca y energéticas aunque no haya Presupuestos
El Gobierno quiere aprobar antes de que acabe el año un real decreto ley para convertir en tributos los actuales gravámenes transitorios y poder cobrarlos en 2025

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves, en la clausura de la jornada 'Transformando las Pymes con el Plan de Recuperación’. / Alberto Ortega - Europa Press
Hay muchas dudas sobre si el Gobierno será capaz de concitar los apoyos parlamentarios para sacar adelante una Ley de Presupuestos para 2025. De entrada, se da por hecho que, en el mejor de los casos, la ley no estará aprobada antes del 1 de enero de 2025 y que será necesaria una nueva prórroga -más o menos larga- de los Presupuestos que se arrastran desde 2023 (en 2024 no ha habido nuevos Presupuestos). El Gobierno, en todo caso, mantiene su plan de aprobar antes de acabar el año un real decreto ley que permita convertir en impuestos permanentes los actuales gravámenes temporales sobre banca y energéticas, según confirman fuentes de Hacienda.
El objetivo es que el decreto ley con la regulación de los nuevos impuestos esté aprobado antes del 31 de diciembre, con el fin de que puedan ser cobrados por la Agencia Tributaria en 2025 (sobre el negocio facturado en 2024). Hay mucho dinero en juego. Este año los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas han permitido recaudar 2.859 millones de euros, a cuenta de los ingresos obtenidos por ambos sectores en 2023.
Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, además, reafirman que la intención del Gobierno es introducir en el nuevo decreto ley "un incentivo que resultará de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024" vinculadas con proyectos industriales y la descarbonización, tal como mandata el real decreto de medidas urgentes frente a los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo aprobado el pasado 27 de diciembre de 2023 y convalidado después por el pleno del Congreso.
Dificultades parlamentarias
La creación de los nuevos tributos permanentes a través de un real decreto ley permitiría su entrada en vigor inmediata, antes de que acabe el año. Después de eso, el decreto debería someterse a la convalidación del Congreso de los Diputados y en ese momento, el Gobierno debería afrontar las dificultades para lograr los apoyos parlamentarios necesarios.
De momento, la negociación del Gobierno avanza de forma discreta con los grupos parlamentarios. Las conversaciones sobre los nuevos tributos con el socio de coalición, Sumar, "forman parte del paquete de negociación presupuestaria para el año próximo", según Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. El PNV, por su parte, ve un aliciente en la aprobación de unos impuestos cuya gestión y recaudación sería para las haciendas forales. Sin embargo, en ese mismo espectro político del centro y la derecha, podría resultar más difícil para el Gobierno concitar el apoyo de Junts para la convalidación del decreto. El PP por su parte siempre ha expresado su rechazo a la formulación de un tributo sobre la facturación de las empresas (en lugar de hacerlo sobre el beneficio).
En caso de que el real decreto ley no resultara convalidado por el Congreso, el Gobierno aún podría optar por prorrogar a 2025 el actual gravamen temporal. Esa decisión podría materializarse después, una vez iniciado el próximo ejercicio. En todo caso, lo que parece claro es que el Gobierno no está dispuesto a renunciar a la recaudación extraordinaria que viene obteniendo de banca y energéticas en los dos últimos años.
Sectores afectados
La confirmación del propósito de Hacienda de aprobar los nuevos tributos, vía real decreto ley, a pesar de las dificultades para sacar adelante unos nuevos Presupuestos, supone un jarro de agua fría para las empresas de los sectores afectados.
Recientemente, la presidenta de la patronal eléctrica Aelec (que agrupa a grandes firmas, como Iberdrola, Endesa o EDP), Marina Serrano, en declaraciones ante periodistas consideró que si el Gobierno no logra sacar adelante una nueva norma, los gravámenes temporales están abocados a desaparecer. "Creemos que es un gravamen mal formulado, que penaliza a las empresas españolas frente a las europeas y creemos que no debe mantenerse, pero no tenemos más información al respecto sobre lo que va a ocurrir. De todas formas, tal y como está, si no hacen nada termina en diciembre, decae", declaró Serrano en el marco del congreso de Aelec, la semana pasada.
La presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, por su parte, viene criticando desde hace meses la voluntad del Gobierno de convertir el gravamen en un impuesto indefinido con el argumento de que “seríamos el único país europeo con el impuesto permanente y eso sería una desventaja competitiva”.
Acuerdo con Sumar
Los gravámenes sobre la banca y las energéticas se aprobaron a finales de 2022 como una 'prestación patrimonial de naturaleza no tributaria' de carácter extraordinario y temporal, para ser recaudada en 2023 y en 2024 a cuenta de los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023 por las entidades financieras (vía intereses y comisiones) y por el sector energético. El objetivo era obtener una contribución especial de los negocios que se estaban viendo beneficiados por la subida de tipos de interés y por los elevados precios energéticos y financiar con estos recursos medidas para compensar a las familias por el encarecimiento de las hipotecas y de los recibos de luz y gas y, en general, por el alza de la inflación. En total, en el conjunto de 2023 y 2024 estos gravámenes han permitido a la Agencia Tributaria recaudar unos 5.760 millones de euros.
Aunque las circunstancias han cambiado, "sigue habiendo motivos para transformar en impuestos permanentes estos gravámenes temporales", opina Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso. Desde su punto de vista, el "comportamiento oligopólico" de las empresas que operan en los sectores financieros y energético justifican la existencia de unos tributos que puedan servir para financiar políticas a favor de los consumidores.
La creación de nuevos tributos no puede hacerse en una ley de Presupuestos. Necesita un proyecto de ley ordinaria (o un real decreto ley, si hay razones de urgencia para su aprobación). Y al mismo tiempo que los socios de coalición están negociando el contenido del proyecto de ley de Presupuestos de 2025, también están haciéndolo sobre el contenido del decreto ley.
De momento, Sumar ya ha expresado su rechazo a que el futuro impuesto energético incluya una deducción por inversiones estratégicas. En su documento sobre prioridades presupuestarias para 2025, Sumar ya ha hecho público que "ante la voluntad trasladada por parte del Ministerio de Hacienda de establecer en los Presupuestos de 2025 incentivos relacionados con este gravamen para inversiones en el sector energético, planteamos que el gravamen se mantenga en su integridad, tal y como viene reflejado en el punto 8.9 del Acuerdo de Gobierno".
La misma ley 38/2022 por la que se crearon los gravámenes temporales energético y financiero también sirvió para crear el llamado "impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas", sobre los ejercicios 2022 y 2023. Sin embargo, el real decreto ley 8/2023 de 27 de diciembre ya convirtió en permanente este tributo "en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica".
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