La comercializadora energética impulsada por la Xunta, limitada por el bloqueo renovable

La venta de electricidad estuvo siempre encima de la mesa de Recursos de Galicia (RDG), la sociedad de capital público-privado impulsada por la Xunta para promover directamente proyectos de energías renovables y en el sector minero y repercutir en el territorio parte de los beneficios. “Podemos llegar a comercializar, pero sin competir en el mercado. Una comercializadora de carácter instrumental para PPAs [las siglas en inglés de Power Purchase Agreement, que son contratos de suministro a largo plazo entre una instalación y los consumidores] o para transmitir energía a precios competitivos a los ciudadanos del entorno de implantación de proyectos”, avanzó Emilio Bruquetas a FARO en su primera entrevista el pasado diciembre tras el nombramiento como consejero delegado.

“Vamos a llegar a 1.200 MW en la cartera de proyectos participados en 2027”

Tendrá personalidad jurídica propia y 60.000 euros de capital social. Según trasladó ayer el propio Bruquetas en la presentación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía junto a María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, los trámites para activarla se alargarán unos cuatro meses y en ese tiempo se preparará el plan de negocio, limitado –admitieron– por el bloqueo a nuevos parques eólicos desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Con las manos atadas para levantar nuevas plantas de generación –se firmó un único acuerdo de momento con Galenergy para cinco parques, parte de ellos suspendidos– y usar la producción para abaratar el recibo de los vecinos de las zonas donde estén esas instalaciones, RDG puede comprar activos ya en funcionamiento o, como hará en una primera fase, recurrir a los PPA con promotores. La sociedad negocia “con operadores del sector” para disponer “de volúmenes de energía que permitan iniciar operaciones en 2025”. Prevé un descuento de hasta el 50% sobre el precio de la luz en el mercado para los hogares beneficiarios y “democratizar” los PPA para que lleguen también a pequeñas empresas y autónomos.

La cuestión de a cuántos particulares y compañías podrá llegar la entidad –en la que el Ejecutivo gallego se reserva el derecho a veto– está condicionada por el nuevo músculo de renovables y el mercado de los PPA en la comunidad, por ahora “limitado”. Lorenzana advirtió de que es un proyecto “complejo”, “de legislatura”.

"Es fundamental el desbloqueo de los proyectos"

La parálisis de “muchos proyectos en Galicia”, censuró Bruquetas, “está limitando la capacidad de energía que está a disposición de los gallegos” y coartan la “autonomía energética de la comunidad”. Lo mismo sostiene la conselleira, quien ve “fundamental el desbloqueo de los proyectos eólicos” y pide “rapidez” al Ministerio para la Transición Ecológica para hacer realidad la eólica marina.

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“Cuanto antes se desbloquee el despliegue de las renovables en Galicia, incluida la eólica marina, que va a suponer un salto cualitativo en generación renovable, más se podrá ampliar el conjunto de beneficiarios que puedan acceder a las ventajas de esta nueva comercializadora”, defiende la Xunta.

Lorenzana destacó que la comercializadora gallega, “pionera en el Estado por cubrir toda la cadena y por abarcar todo tipo de usuarios” –no cubrirá colectivos vulnerables por entender que se ocupa ya el bono social–, servirá de instrumento para aplicar la Lei de recursos naturais, que se aprobará este mes. “Aunque la empresa tiene que ser rentable, nosotros no estamos aquí para sacar beneficios”, defendió, ante el complicado reto de ofrecer semejantes descuentos en un momento de márgenes muy ajustados en el sector y de cierres en cascada de pequeñas comercializadoras. La conselleira reconoció que habrá que “compaginar proyecto de más rentabilidad con esos que tengan menos”. Los fondos de partida vendrán de las aportaciones de los socios de RDG.

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