“Trabajamos intensamente para cumplir el objetivo de potencia, pero necesitamos seguridad jurídica”

De la negativa a revisar el caso de las tramitaciones de eólica en Galicia por el procedimiento acelerado, la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático saca “como algo positivo” que el TJUE sí haya decidido darle prioridad sobre otros asuntos. Una vía que no establece plazos concretos. La media de resolución en el TJUE son unos 18 meses. “Hay que ser muy prudentes”, admite Paula Uría, ante la incógnita de cuánto podría recortarse el plazo. “Nadie nos está dando uno concreto, pero lo que esperamos es que la argumentación sea favorable”, dice.

–Imagino que los razonamientos de la Xunta serán prácticamente los mismos que se dieron en el TSXG. ¿no? Hay unos dos meses de plazo.

El conflicto eólico en Galicia acumula 2.258 recursos administrativos y 243 judiciales

–Dos meses y diez días. Esto es muy importante y llevamos trabajando mucho tiempo. Hemos ido a presentar la problemática a diversos directores generales de la Comisión Europea y también con el Ministerio para la Transición Ecológica, que han decidido personarse porque entienden que la directiva europea están bien traspuesta a la ley.

–Después de la reunión técnica con el ministerio, ¿habrá una respuesta coordinada?

–Entiendo que sí. Nos comunicaron que se personaban cuando estábamos reunidos en la representación de España ante Bruselas y la Comisión considera que sería muy positivo que el Estado miembro y la comunidad autónoma vayan de la mano e, incluso, estamos buscando también apoyos en otros países.

–El TJUE resolverá sobre la tramitación, pero desde que el Supremo falló a favor de la forma de autorizar, el TSXG está suspendiendo cautelarmente los parques por razones diferentes, las medioambientales. Diga lo que diga la justicia europea, ¿qué va a pasar con estas paralizaciones?

–Entiendo ese planteamiento, pero hay que esperar y ser prudentes. Europa tiene claro que las renovables son necesarias para la descarbonización y por eso habla de su “interés público superior”. En esas reuniones con directores generales de la Comisión nos trasladaron que sabían que Galicia lo había incluido en una ley. España todavía no lo ha traspuesto, pero el Ministerio está trabajando en ello. Está claro que toda actuación en el territorio, incluso nosotros, el ser humano, tiene un impacto. Con la tesis del TSXG sería muy difícil realizar cualquier tipo de actividad. Lo que se tiene que evaluar, y ese es el espíritu de la directiva y de todas las normas, es cuál es el impacto para corregirlo, compensarlo o mitigarlo. Que los proyectos renovables tengan un interés público superior con respecto a otras afecciones no significa que no exista un análisis, que no se haga una declaración de impacto y que no se exijan medidas correctoras y compensatorias. En esa línea también estamos trabajando. Se han presentado dos recursos de casación en el Supremo y esperamos que conteste lo antes posible.

No hay luz al final del túnel de la eólica

–A pesar de que, efectivamente, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de este año se incorporó el “interés público superior”, el TSXG lo está negando en los autos de suspensión. ¿Se reforzará esa figura en la futura Ley de administración ambiental simplificada?

–Con esa ley pretendemos dar más seguridad jurídica y simplificar el procedimiento. Hacer un compendio de forma clara de qué trámites tiene que realizar un promotor que quiera implantar su proyecto en Galicia. Sí resulta curioso que este proyecto de ley salió a consulta pública y ninguna de las asociaciones que recurrentemente está presentados recursos presentó alguna sugerencia.

–¿Hay riesgo de que todos los proyectos de parques acaben en el Supremo?

–Nosotros estamos presentando recursos de casación en aquellos casos en los que entendemos que hay causa y los promotores también.

–Que serán todos... o casi.

–Casi todos, sí. Entendemos que al final el Supremo verá que existen una serie de recursos más o menos similares, seguramente hará un agrupamiento y tendremos que estar a la espera de que dicte sentencia y aporte la luz que todos queremos.

–La Axenda Enerxética de Galicia prevé duplicar la potencia eólica instalada hasta 2030. Sin eólica, no habrá hidrógeno verde. Ni nueva industria electrointensiva. Quedan seis años. ¿Se van a cambiar los objetivos?

–Tenemos los proyectos y la capacidad inversora de los promotores. No partimos de cero, pero necesitamos que se despeje la situación judicial.

–No parece factible lograrlo.

–Estamos trabajando intensamente para que se despeje en todos los frentes para que esos objetivos se puedan mantener. Sí es cierto que necesitamos seguridad jurídica y los promotores se sientan seguros a la hora de invertir en Galicia.

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