El conflicto eólico en Galicia acumula 2.258 recursos administrativos y 243 judiciales

La maraña de litigios afecta a 98 proyectos, de los que 65 están ya suspendidos por el TSXG | “Parece que hay una cuestión más ideológica que técnica”, sostiene la Xunta

Protesta de una platafomra contra los eólicos, ante la sede de la Xunta

Protesta de una platafomra contra los eólicos, ante la sede de la Xunta / Xoán Álvarez

Julio Pérez

Julio Pérez

La consulta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para verificar si la tramitación de los parques eólicos cumple con la directiva ambiental va más allá de lo que ocurre con el sector en la comunidad. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestiona si tanto la normativa autonómica como la estatal garantizan “plazos razonables” y el acceso a la documentación necesaria en la fase de exposición pública, particularmente de los informes sectoriales que deben realizar los organismos con competencias en el proceso –aguas, patrimonio, carreteras...–, para blindar “la posibilidad real de participación desde una fase temprana” por parte del público interesado. De las dudas del alto tribunal gallego emana una pregunta: ¿se han tramitado bien las autorizaciones de todos los proyectos industriales en España desde que hace una década se traspuso la legislación comunitaria?

Aunque se comprometió a dar prioridad al caso, el TJUE rechazó hacerlo por la vía del procedimiento acelerado, una opción contemplada en su reglamento y que implicaría el señalamiento inmediato de una fecha para la vista. El TSXG se lo pidió esgrimiendo “la situación de profunda incertidumbre” que atraviesa ahora mismo el sector eólico en la comunidad por el “número elevado de autorizaciones en litigio”. A mediados de junio, cuando los magistrados remitieron las cuestiones prejudiciales al TJUE, iban “202 litigios sobre autorizaciones de construcción de 82 parques eólicos”. Y cada vez son más.

Van ya 3.258 recursos administrativos y 243 contenciosos que afectan a 98 proyectos. Hay 65 permisos suspendidos de forma cautelar, la mayoría bajo el criterio del supuesto riesgo para el entorno que el TSXG adoptó tras la sentencia del Supremo que avaló las tramitaciones y el resto por autos anteriores que justificaron la paralización por la falta de los informes sectoriales.

"Más ideología que técnica"

“Creo que nunca habíamos vivido algo semejante”, asegura Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, en una entrevista con FARO. Ocurre aquí “y en ningún otro territorio de España, a pesar de que estamos todos bajo el mismo procedimiento ambiental regulado en una ley de año 2013”. Una “avalancha” de recursos administrativos que saltan luego a la esfera judicial, “gran parte de ellos –subraya– interpuestos por tres asociaciones medioambientales”.

Uría contrapone el peso que el TSXG da a los informes de parte, “más generalistas, desde nuestro punto de vista” para ir adelante con las suspensiones cautelares, frente “al análisis riguroso y al detalle” de cada elemento del parque “por parte de los técnicos de la administración, que son totalmente independientes”. “Es difícil saber por qué está pasando esto. Parece que hay una cuestión más ideológica que técnica”, explica la alto cargo de la Consellería de Medio Ambiente.

El movimiento de oposición liderado por Eólica, así non no puede desligarse del acelerón en las tramitaciones a lo largo de 2023 para acatar los plazos que el Ministerio para la Transición Ecológica marcó para pinchar la burbuja de los permisos de acceso a la red eléctrica. Salieron adelante algo más de 70 parques. “Se hizo un esfuerzo muy grande, con recursos extraordinarios para sacar las autorizaciones con todo el rigor técnico y jurídico”, indica Paula Uría. Que insiste: “Es perfectamente compatible simplificar, coordinar y acelerar con la rigurosidad del análisis de cada uno de los expedientes”. “De hecho –añade–, 69 proyectos no obtuvieron una declaración de impacto favorable”.

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