No hay luz al final del túnel de la eólica

Tras el éxito del estreno del sector eólico con el parque de Estaca de Bares en 1987 y el de Cabo Vilano en 1989, Galicia usó su participación en las Jornadas Europeas de Energía Eólica celebradas en el Puerto de Santa María (Cádiz) en noviembre de 1993 para exhibir todo su potencial con el viento. La estrategia funcionó. Se llegaron a acumular 33 solicitudes para poner en marcha 850 megavatios (MW). Ante la fulgurante demanda, las buenas condiciones del recurso, la madurez tecnológica y “la exigencia de que su imbricación en el medio natural suponga y sea compatible con una mínima afección medioambiental”, la Xunta decidió sacar en julio de 1995 una norma con “las condiciones y criterios de priorización para su implantación”.

Los promotores proponían áreas de investigación para medir la calidad del viento y planes industriales vinculados a los parques a cambio de potencia. Inicialmente se aprobaron diez Planes Eólicos Estratégicos. Luego otros cinco. A finales de 2000 había 660 MW en funcionamiento. A pesar de que los quince planes marcaban un objetivo de 3.465 MW, la administración autonómica consideraba factible llegar a 4.000 MW en 2010 ampliando la actividad a otros emplazamientos.

Meta sin cumplir

Casi 30 años después, Galicia ni siquiera alcanzó esa meta. Los parques operativos ahora mismo suman unos 3.900 MW, según el último balance de Redeia, el operador del sistema eléctrico español, y no se perciben muchos avances a corto plazo. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) prevé otro año prácticamente en blanco con poco más de 50 MW, lo que dejaría el último quinquenio con un incremento de solo 135 MW de nueva potencia en plena transición energética. La comunidad, pionera en España en el empleo del viento como fuente renovable y referencia de la expansión en Europa durante los años 90, se distancia cada vez más de los territorios líderes –Castilla y León roza los 6.700 MW, en Aragón rondan los 5.200 y casi 4.900 en Castilla-La Mancha–, a pesar de que en cola hay 6.835 MW en proyectos con conexión y otros 2.947 con la solicitud presentada.

La industria del viento en Galicia entró en un largo túnel con la guerra de concursos eólicos fallidos entre el bipartito del PSdeG-BNG y los populares en 2009 –parte de los parques adjudicados entonces se están retramitando en la actualidad–, oscurecido todavía más por la parálisis provocada en todo el país con la reforma energética de 2013 del Gobierno liderado por Mariano Rajoy que acabó con las primas abonadas a las tecnologías verdes. Se atisbó una tímida luz al amparo de las primeras subastas renovables organizadas desde el Estado a partir de 2017. Duró poco. En 2019 la potencia en Galicia se amplió en alrededor de 400 MW y volvió el apagón. La lentitud en la tramitación de los nuevos proyectos prolongó la agonía y el acelerón de los papeles después, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica fijó un estricto calendario a las autonomías para pinchar la burbuja de los derechos de acceso a la red eléctrica, dio alas al movimiento Eólica, así non y su cruzada judicial contra “un expolio energético”.

Al Supremo

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego anuló en enero de 2022 al acuerdo del Ejecutivo regional que aprobó definitivamente la repotenciación del parque eólico Corme del grupo EDP en el concello de Ponteceso para renovar 61 viejos molinos por 7 de última generación. Las obras ya estaban concluidas. Los demandantes enumeraron 13 motivos de nulidad. Ninguna de las razones medioambientales –supuestos daños a zonas de Red Natura y un humedal protegido, el problema del ruido o la falta de acuerdo con titulares de terrenos– fueron aceptadas por los magistrados, que sí asumieron las dos vinculadas al procedimiento.

La reducción de la Xunta de 30 a 15 días del plazo de exposición pública en la evaluación ambiental vulneró, según la sentencia, la legislación europea y la estatal que traspuso la doctrina comunitaria porque estas fijan un periodo “no inferior a 30 días”. La segunda causa tiene que ver con los informes sectoriales, el análisis que se pide a los organismos públicos –aguas, carreteras, turismo o patrimonio, entre ellos– para revisar el impacto de cualquier proyecto industrial. El TSXG sostuvo que hay que recabarlos antes –y no después, como siempre se ha hecho– de someterlo a las alegaciones para que, siguiendo las directrices comunitarias, exista”la posibilidad real” del “público interesado” a “participar en una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones ambientales”.

Camino hacia el TJUE

Dada la transcendencia del fallo, un terremoto en la planificación industrial de Galicia con réplicas en el resto de España, donde el procedimiento es idéntico, el Supremo aceptó revisar el caso. En diciembre de 2023 avaló la reducción de plazo y, sobre todo, la tramitación de los informes sectoriales: ni la directiva europea ni la ley nacional “imponen, como requisito formal de obligado cumplimiento, que antes de la información pública deba realizarse el trámite de consultas a las autoridades”, remarcó.

El TSXG mudó de criterio para “adaptarse” a la resolución del Supremo. Puso el foco en los hipotéticos impactos al entorno –de hecho, el anuncio del cambio vino acompañado de la suspensión cautelar de 13 parques–, pero sin enterrar la batalla por las tramitaciones. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo optó por pedirle al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) un veredicto de cómo se aprueban aquí los parques y que hiciese el examen por el “procedimiento acelerado” contemplado en el reglamento del organismo para casos excepcionales, dada la “situación de profunda incertidumbre” –admitía–, con los 202 litigios sobre autorizaciones de construcción de 82 parques eólicos acumulados hasta junio.

Sin plazos

Paradójicamente, como no se están levantando parques en Galicia por las suspensiones cautelares del TSXG, el TJUE rechazó esta semana esa vía porque sin obras no hay “riesgo de que se produzcan consecuencias irremediables”. “Dicho esto, habida cuenta de la naturaleza del asunto y de la importancia de las cuestiones que plantea, el Tribunal de Justicia dará prioridad al presente asunto sobre los demás”, señala en el auto al que tuvo acceso FARO, referenciando el artículo 53.3 del reglamento que abre la puerta a la prioridad “en circunstancias especiales”. El problema, según aseguran a este periódico varios expertos consultados, es que esa opción no está desarrollada en ninguna norma. Todos coinciden en que tiene “pocas consecuencias en la práctica”. El procedimiento acelerado implicaría el señalamiento ya de la vista oral y un plazo de alegaciones a las partes de un mínimo de 15 días. “Y no va a ser así de esta manera”, señalan.

La Consellería de Medio Ambiente confirmó ayer que el Estado se personará en el expediente “en defensa de la ley estatal de evaluación ambiental en la que se basa la tramitación gallega de los parques eólicos”. Personal del departamento encabezado por Ángeles Vázquez se reunió el viernes con técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica para coordinar la defensa de la tramitación y que la situación “se resuelva con la mayor celeridad a los efectos de otorgar seguridad jurídica a los promotores de los proyectos eólicos y desbloquear la parálisis”.

El otro problema

Ya nadie duda de que el pronunciamiento del TJUE afectará de lleno al despliegue de las renovables en todo el país en particular y, en general, a cualquier iniciativa industrial. Pero, aunque la justicia europea salve las tramitaciones, el lío judicial en Galicia no se va a desenmarañar del todo. Las 59 suspensiones cautelares de parques en los últimos seis meses ya no inciden en el proceso, sino en la prevención de posibles daños medioambientales.

Los abogados de la Xunta están intentando frenar la paralización esgrimiendo en el TSXG la declaración de “interés público superior” que la Comisión Europea da a las instalaciones renovables por la lucha contra el cambio climático para anteponerlas sobre el resto de elementos a tener en cuenta. “La ponderación de intereses –subrayan– debe resolverse a favor de la ejecutividad del acto”. Pero el tribunal gallego no lo está aceptando. “La conciliación entre crecimiento económico y protección del medio ambiente refiere la existencia de una tensión entre ambos conceptos que debe ser resuelta de tal modo que, si tiene que existir una lesión al medio, el sacrificio ambiental esté justificado, resulte proporcionado y, en todo caso, salvaguarde de forma duradera el recurso natural ambiental para la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras”, contesta el TSXG en sus autos, donde rechaza la obtención de una declaración ambiental positiva como garantía.

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