El TJUE dará prioridad a su veredicto del lío eólico en Galicia, pero rechaza acelerar la tramitación del caso

La primera batalla judicial de la eólica en Galicia se libró con el proyecto de repotenciación del parque eólico Corme que el grupo EDP tiene en Ponteceso. Con las obras ya finalizadas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció en enero de 2022 la anulación de los permisos concedidos por la Xunta, amparándose en que la reducción de 30 a 15 días del plazo de alegaciones contravenía la normativa estatal y comunitaria sobre las declaraciones de impacto ambiental; y que los informes sectoriales emitidos por organismos con tutela en el proceso (desde aguas, a patrimonio, pasando por carreteras o turismo) se recabaron con posterioridad a la fase de exposición pública. La administración autonómica combatió la primera de las razones repitiendo el proceso para aquellos proyectos a los que también se acortó a la mitad el periodo de consulta a los interesados. La segunda justificación del TSXG tenía más enjundia porque ponía patas arriba la forma en la que sale adelante cualquier iniciativa industrial aquí, en el resto de España e, incluso, en otros países europeos.

A partir de ese momento, el TSXG empezó a suspender cautelarmente las autorizaciones a nuevas instalaciones agarrándose a su veredicto anterior, por incurrir en los mismos supuestos errores con la incorporación de los informes sectoriales a los respectivos expedientes. Hasta que el Supremo entró en escena. Anuló el fallo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal gallego. "Ni la directiva europea ni la ley nacional “imponen, como requisito formal de obligado cumplimiento, que antes de la información pública deba realizarse el trámite de consultas a las autoridades”, señaló, negando también que se hubiera puesto en peligro el derecho a una participación efectiva en el procedimiento. El TSXG anunció entonces un cambio de criterio en la revisión de los recursos por parte de organismos contrarios a la expansión de la eólica en Galicia -empezó a decretar las suspensiones cautelares por el posible impacto ambiental-, pero, en paralelo, decidió presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE para recabar su parecer sobre la posible vulneración de la legislación comunitaria por parte de las leyes de la comunidad y el Estado.

"Profunda incertidumbre"

El propio TSXG pidió al TJUE que la revisión del caso se hiciese por la vía acelerada a la vista de las dimensiones del conflicto. "Una situación de profunda incertidumbre", admitía, ante los 202 litigios sobre autorizaciones de construcción de 82 parques eólicos acumulados hasta junio. Por el momento, van ya 59 permisos suspendidos.

Pero la justicia europea no ve motivos para acelerar el proceso. En el auto remitido al TSXG y al resto de las partes inmersas en el conflicto, el TJUE asegura que solo es posible acudir a este formato que acorta plazos y, entre otras cuestiones, envía directamente el conflicto a una vista oral, cuando "exista un riesgo de que se produzcan consecuencias irremediables para el medio ambiente". ¿Por qué? Porque no se están construyendo parques ante el bloqueo de los permisos en alto tribunal gallego. "La naturaleza del presente asunto prejucial no exige resolverlo en breve plazo", ratifica el TJUE, que, según los extractos de su resolución divulgados ayer por el TSXG, sí es partidario de darle "prioridad sobre los demás casos", otra opción para ganar tiempo prevista en su reglamento de funcionamiento, "teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y de la importancia de las cuestiones que expone".

Resolución "cuanto antes"

La conselleira de Medio Ambiente avanzó por la mañana que, efectivamente, el TJUE priorizaría el asunto, aunque no contó que la vía acelerada no iba adelante. "La parálisis de los parques eólicos no es ajena al resto de España y de los demás países", advirtió Ángeles Vázquez en la inauguración del I Foro técnico de la Alianza gallega por el clima. Este mismo viernes técnicos de su departamento se reunirán con homólogos del Ministerio para la Transición Ecológica ante el "auténtico caos" que, según Vázquez, puede haber en todo el país "derivado de la tesis del TSXG".

La secretaria xeral técnica de la consellería confía en que la prioridad del TJUE a la revisión de la cuestión prejudicial por la tramitación de los parques eólicos permita que el veredicto llegue antes incluso que si se hubiera hecho de la otra forma. No se elimina ningún paso. "Vamos a un procedimiento con todas las garantías, algo que es bueno para todo, y al tener prioridad sobre otros asuntos, por lógica la sentencia saldrá antes", indica Carmen Bouso en declaraciones a FARO. De media, en los procedimiento convencionales sin plazos acortados, el TJUE tarda 18 meses en sacar sus conclusiones. Las partes tienen ahora dos meses para presentar sus alegaciones.

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