La autopista eléctrica de Galicia a Portugal logra el permiso de construcción después de 11 años

Los mercados eléctricos de España y Portugal contrajeron matrimonio tras un largo y tortuoso noviazgo de siete años. No fue fácil armonizar dos regulaciones diferentes con tantos intereses y empresas en juego, partiendo de realidades distintas también. Aquí el sector estaba recién liberalizado cuando en 1998 ambos países abrieron una línea de colaboración para eliminar los obstáculos al intercambio de energía. El sistema español concentraba el 80% de los consumidores, el 88% de la potencia instalada y el 84% de la generación. Aunque el Gobierno luso también había dado ya los primeros pasos para abrir la competencia, el funcionamiento en la práctica todavía seguía el patrón de un monopolio público. Se necesitaron varios protocolos, cumbres de primer nivel y compromisos por escrito de acelerar el proceso para el enlace del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) en 2005 y las primeras transacciones el ejercicio siguiente.

Para lograr la unión plena y alcanzar el objetivo marcado de interconexión de 3.300 megavatios (MW), los operadores nacionales –Red Eléctrica en España y REN en Portugal– identificaron tres proyectos de refuerzo prioritarios en los enlaces por el sur, el centro y el norte de la frontera. Este último sufrió su propio peregrinaje. Apareció incluido en la Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas 2008-2016 aprobada por el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008. Era la única de las tres ampliaciones pendiente todavía de tramitación a esas alturas.

La UE completa definitivamente la reforma del mercado eléctrico

La propuesta inicial del trazado duró poco porque las “restricciones medioambientales” obligaron a modificar por completo el proyecto en la parte española ya durante 2009 y hasta 2013 no se sacó a información pública el diseño alternativo por parte del Área de Industria y Energía del Ejecutivo central. En paralelo llegó a la ventanilla de la Xunta la solicitud de la autorización administrativa previa, la de construcción y la declaración de utilidad pública de las instalaciones de transporte secundario que completan el proyecto. Pasaron 11 años desde entonces. La Consellería de Economía e Industria acaba de conceder los permisos y completa la tramitación de una actuación declarada Proyecto de Interés Común por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

De competencia autonómica son las líneas de 220 kV en doble circuito que discurren por los concellos de Pazos de Borbén y Covelo, el concello que reclamó “una evaluación conjunta con los parques eólicos existentes en la zona” y se quejó de la posible afectación a hábitats y especies de interés comunitario. La Secretaría Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental descartó que esta parte de la autopista eléctrica entrase en los supuestos de la ley de evaluación de impacto. “No obstante, teniendo en cuenta que los citados proyectos forman parte del eje interconexión España-Portugal norte, y que el resto de proyectos que forman parte del eje están siendo sometidos a evaluación de impacto ambiental por el Estado –añadió–, se considera que las medidas que se impongan en la futura declaración de impacto ambiental sean tenidas en cuenta, en lo que proceda, en la ejecución de los proyectos de competencia autonómica”.

El examen del Ministerio para la Transición Ecológica a las instalaciones principales concluyó a finales de abril de 2022. Dio luz verde al tendido de 51,7 kilómetros y las dos subestaciones de 400 kV previstas. “El proyecto, que se ha diseñado eligiendo la alternativa más favorable desde el punto de vista social, ambiental y técnico, es el resultado de un proceso de análisis y consultas con el territorio y las diferentes administraciones”, valoraba entonces Red Eléctrica, ante la oposición hasta el último momento de Arbo, otro de los municipios por los que pasa la interconexión. El operador del transporte eléctrico insistía en la importancia del “consenso” con su homólogo en Portugal, sobre todo en el punto de cruce entre ambos territorios. Un auténtico quebradero de cabeza que obligó también a retrasos sucesivos de la tramitación de la parte lusa, que se prolonga otros 65,8 kilómetros.

Tras el visto bueno medioambiental, el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2023 otorgó a Red Eléctrica la autorización administrativa de construcción. La inversión alcanza los 55 millones de euros y duplica la capacidad de intercambio de electricidad desde Galicia. Se estiman unos 22 millones de euros de beneficios anuales para el sistema y un cupo a mayores de 239.000 MWh en el uso e integración de producción de las tecnologías renovables. Aunque la última fecha oficial que se dio para la entrada en servicio fue 2024, el encendido depende de que Portugal complete su tramo y no se espera antes de 2025.

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