Solo uno de los 15 proyectos de eólica que pidieron tramitación exprés en Galicia fue adelante

Detrás de los proyectos eólicos Xubrintas y Alamoceiros en la comarca del Deza están Dakotaraptor Invest y Fukuiraptor Invest. Son dos sociedades con nombre de especie de dinosaurio bajo el paraguas del grupo valenciano Atitlan, liderado por Aritza Rodero y Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig, presidente de Mercadona. Los promotores de ambos parques solicitaron la tramitación simplificada que el Ministerio para la Transición Ecológica habilitó tras el estallido de la guerra en Ucrania siguiendo la recomendación de la Comisión Europea de acelerar en lo posible los permisos a las renovables para atajar la gran dependencia energética de combustibles fósiles de importación.

El procedimiento de determinación de afección ambiental tiene carácter “excepcional y transitorio”, en vigor hasta finales de este año, y permite atajar los plazos a las instalaciones que acrediten un impacto mínimo en zonas sin categoría de protección. Xubrintas aglutina 15 aerogeneradores y una potencia total de 61,95 megavatios (MW) en los concellos de Campo Lameiro, A Estrada y Cerdedo-Cotobade. Alamoceiros suma 68,49 MW repartidos en 18 molinos en los mismos municipios. Ninguno pasa la criba para la tramitación exprés. La Dirección General de Política Energética y Minas inadmitió sus solicitudes el pasado día 5.

"Casi 40 kilómetros"

Aunque las dos propuestas aseguran que sus respectivas líneas de evacuación se quedan por debajo de los 15 kilómetros fijados como tope para beneficiarse del procedimiento de afección ambiental, la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló en el Senado que alcanzan “casi 40 kilómetros”. “Lo que ha llevado a que este proyecto deba contar con una tramitación ordinaria”, aseguró la también vicepresidenta tercera ante una pregunta de Carme Da Silva durante la sesión del martes. La senadora del BNG arremetió contra “un bum eólico desordenado y de rápida expansión en Galicia que ha llevado al TSXG a paralizar cautelarmente este año 40 parques por la mala tramitación”. “Las empresas han multiplicado la presentación de megaproyectos de entre 50 y 75 MW, haciendo una estrategia fraudulenta de fragmentación”, señaló la nacionalista.

“Como ocurre en todos y cada uno de los casos en los que el ministerio ha de intervenir en la evaluación de impacto ambiental, hemos sido rigurosos, que es lo que corresponde”, respondió Ribera. No descarta que puedan existir “intentos de fraccionamiento” de parques, aunque lo vincula a proyectos que intenten no superar los 50 MW para seguir la tramitación autonómica. “Creo que es importante destacar la transcendencia que tiene un crecimiento ordenado de nuestra energía renovable instalada, nuestra capacidad de poder construir una respuesta modernizadora de los sectores industriales –subrayó la ministra–, pero también la reducción de costes del sistema eléctrico para los usuarios domésticos, y eso requiere el cumplimiento de las normas”.

14 se quedaron por el camino

Con Xubrintas y Alamoceiros van ya 14 proyectos de eólica en Galicia que testaron la vía rápida de tramitación sin conseguirlo. Se inadmitieron las peticiones o los propios promotores acabaron renunciando. Solo uno de todos los presentados tiene vía libre: el proyecto Carballoso de 51 MW en A Lama, Fornelos de Montes y Avión, desarrollado por Carballoso Eólica, del grupo Adelanta.

La judicialización

Ribera se refirió también en su intervención a la decisión del TSXG de acudir al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle si el actual modelo de tramitación que deja los informes sectoriales de los organismos vinculados a la evaluación ambiental para una fase posterior a la exposición pública cumple la legislación comunitaria. El Supremo sostiene que es lo correcto. “Veremos cómo se resuelven”, sostiene la ministra, que recordó que los mapas de posible afección ambiental del ministerio que está usando el alto tribunal gallego como argumento para las suspensiones cautelares de parques “son indicativos, no mapas vinculantes”. “Fue algo que se hizo desde el ministerio para facilitar una mejor interpretación para cualquier promotor –insistió– y evidentemente cualquier proyecto está sometido a una evaluación de impacto”.

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