El Gobierno vetará el despido de trabajadores por invalidez permanente sobrevenida

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que vetará por ley la capacidad de las empresas para despedir de manera automática y procedente a un trabajador aduciendo una invalidez permanente sobrevenida. Así lo ha avanzado la líder de Sumar este viernes en unas jornadas organizadas por el sindicato UGT sobre el futuro del empleo. Con la nueva legislación, un despido cuyo motivo real fuera la salud del empleado sería declarado nulo por los tribunales, lo que obligaría a la readmisión por parte de la empresa y al pago de una indemnización, así como los salarios pendientes.

Díaz ha remitido esta supresión, que efectuará "en los próximos días", en el marco de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que pretende eliminar la palabra "disminuido" a la hora de hacer referencia a las personas con capacidades diversas. En España hay unos 685.300 trabajadores con algún tipo de discapacidad acreditada, según los últimos datos disponibles del INE.

Actualmente, la legislación española permite a una compañía justificar un despido objetivo y procedente en el caso de un trabajador que haya tenido una incapacidad sobrevenida. Concretamente, este supuesto está contemplado en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita la extinción de la relación laboral "por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador".

"Las personas que sufren una invalidez permanente de distintos grados, algunas de ellas llevan asociadas la extinción automática del contrato de trabajo. Pues bien, vamos a emprender una modificación legislativa para que justamente las personas con invalidez permanente y que están afectas a la legislación en vigor, no se produzca automáticamente el despido de las mismas", ha declarado la vicepresidenta, que ha justificado la modificación en aras de la justicia social.

El Gobierno se ve legitimado para realizar una reforma exprés de esta cuestión después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya fallado esta misma semana en contra de la normativa española. Los magistrados europeos consideran que la ley del Reino de España es contraria a la directiva europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación suscrita en el año 2000.

En este sentido, la coalición ya aumentó el blindaje de los trabajadores ante los despidos vinculados con su estado de salud durante la pasada legislatura y ahora da un paso más. La normativa aprobada hace un año explicitaba como nulo cualquier cese que viniera motivado, directa o indirectamente, con la enfermedad de un trabajador o le discriminara por ello.

"Profunda injusticia"

La vicepresidenta segunda ha calificado como una "profunda injusticia" la distancia entre los salarios de las cúpulas de las grandes empresas del Ibex 35 y de sus empleados. Ya este pasado miércoles, durante la firma del nuevo salario mínimo interprofesional, cuestionó los "elevadísimos salarios" que percibían e instó a abrir un debate público sobre potenciales topes u otras medidas al respecto. Unas palabras que le han valido la réplica del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que las ha calificado de "intervencionismo de república bananera".

Díaz ha reclamado a los empresarios que paguen religiosamente sus impuestos y sigan la línea de los 250 millonarios que han suscrito una carta en la que reclaman a los estados que les suban los gravámenes. "Hago un llamamiento a la clase empresarial española para que cumplan con sus mandatos constitucionales y sean corresponsables con su país", ha declarado la líder de Sumar.