El plantel de Maderas Fiber, antigua Faurecia Interior Porriño, continuó esta mañana con las movilización para reclamar la implicación de la Xunta de cara a encontrar “un inversor serio” que garantice la continuidad del proyecto industrial y el mantenimiento de los 103 empleos actuales.
Tras la protesta desarrollada el pasado miércoles 20 delante de las instalaciones de la compañía del sector de la automoción en el polígono de las Gándaras, en el día de hoy optaron por llevar a cabo una concentración a las puertas del edificio de la Xunta en Vigo para exigir agilidad por parte de los responsables autonómicos. En este sentido, recordaron que en el pasado "ya habían mantenido reuniones tanto con el IGAPE como con la Inspección de Trabajo para alertar del que estaba aconteciendo en la empresa, situación que derivó finalmente en la presentación del concurso de acreedores por parte de la compañía".
Ahora han solicitador una reunión con la propia conselleira de Economía para demandarle que ponga todos los instrumentos de los que dispone la Administración para encontrar inversiones, “pero aún no obtuvimos respuesta”. Al mismo tiempo, están manteniendo encuentros con los alcaldes y grupos políticos de la zona de influencia de la empresa para recabar su apoyo.
En consecuencia, Madera Fiber atraviesa en la actualidad una situación económica que desde la CIG en comunicado de prensa califican de "crítica" que hace que en estos momentos solo tienen actividad tres operarios/as de los 103 que integran el plantel. Además, la previsión es que los trabajadores/as no perciban ya el sueldo de septiembre porque la compañía carece de fondos.
Delante de esta situación, el comité comenzó los contactos con la Administración autonómica para abordar el futuro de la empresa con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la actividad y de los empleos “y para exigirles que se impliquen en la busca de una solución que pasaría por encontrar un inversor serio que reflotara la compañía y mantuviera el proyecto industrial”.
Operación especulativa
Desde la representación de la CIG en el comité insisten en que otra salida posible sería que “volvamos a ser trabajadores/as de Faurecia”. Recuerdan que la trasnacional francesa había vendido su filial porriñesa en 2022 al fondo de inversión alemana Callista por un euro, al tiempo que inyectó tres millones de euros en la empresa. “Tras la operación el fondo buitre nunca presentó ningún plan industrial ni realizó inversiones, y a los tres meses vendió los terrenos y las instalaciones por 2,4 millones, un precio muy inferior al valor de mercado”.
La compañía continuó produciendo hasta que en marzo de 2023 fue vendida por 3600 euros la una empresa rumana propiedad de Rüdiger Wisser, “que se presentó aquí asegurando que era embajador del parlamento internacional de los derechos humanos, algo surrealista”. Cinco meses después esta persona desaparece, dejando la empresa en concurso de acreedores con importantes deudas.
“Fue todo una operación especulativa, ya que las piezas que fabricamos eran vendidas a Faurecia a un precio inferior al de fabricación, que era marcado por la propia Faurecia. El objetivo de esta trama era evitar el daño reputacional y las cuantiosas indemnizaciones por desnudo, ya que las responsabilidad recaerían en uno ciudadano rumano insolvente”, señalan.
Por eso desde la representación sindical instan la Xunta a implicarse y a decidir con quien se posicionan: "o con los trabajadores/as y sus familias o con los fondos buitres".
