La polémica judicial por los fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulan algunos de los últimos proyectos aprobados y se paralizan otros como medida cautelar fue el telón de fondo en la jornada organizada ayer por la patronal eólica gallega (EGA) y la Escuela Galega de Administración Pública (EGAP) para analizar el régimen jurídico del sector en la comunidad. Es, según el presidente de los promotores, la fuente de energía con una afectación al territorio “más reversible” y “con efectos ambientales menos significativos”. “Indispensable para el futuro industrial y tecnológico de una Galicia moderna y desarrollada”, remarcó Manuel Pazo.
Carmen Bouso, secretaria xeral técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, aseguró que las tramitaciones de parques en Galicia se hacen “con rigor, seriedad y garantías”. “Nuestra protección ambiental es absolutamente rigurosa”, apuntó, defendiendo que los proyectos paralizados se ejecuten “porque están bien tramitados”. “Así que estamos recurriendo la suspensión judicial de las autorizaciones en el TSXG y el Supremo”, avanzó.
Frente a la generalización de las medidas cautelares, Juan José González Rivas, presidente emérito del Constitucional, esgrimió la necesidad de que los sistemas jurídicos “tengan suficiente claridad” para preservar la famosa seguridad jurídica.
