Reunión clave para el futuro de uno de los mayores proveedores de automoción y el principal de capital gallego. La comunidad de montes de Tameiga, en Mos, y la empresa Grupo Copo se sientan hoy a negociar la posible continuidad de la empresa en el polígono en el que lleva casi 50 años tras la amenaza de una deslocalización al norte de Portugal. Como telón de fondo está el alza en el canon previsto por los comuneros, que según la empresa ascenderá a 1 millón de euros anual. “Es desproporcionado”, denuncian desde la firma. “Estamos abiertos a dialogar, lo último que queremos es que se vayan”, dicen por su parte los comuneros. Sin embargo, por el momento ambas partes mantienen posturas enfrenadas, con reproches cruzados sobre el fin de las negociaciones hace ya más de un año y la falta de respuesta a las ofertas. “Necesitamos que contesten a la última oferta para poder presentarla ante el consejo de administración y tomar una decisión antes de final de año”, resumen desde la directiva del proveedor.
La multinacional gallega, especializada en espumas y otros componentes para el sector del automóvil, verá como en 2025 culmina el actual contrato que en su día firmó con el Concello de Mos para el terreno que ocupa en el polígono de la parroquia mosense, que precedió a otro de otros 25 años y que fue renovado en el 2000. Sin embargo, desde 2017 la titularidad de las 27 hectáreas del monte Faquiña ocupadas por 26 empresas son propiedad de la Comunidad de Montes de Tameiga, que había presentado una demanda para reclamar los terrenos.
Ya bajo su gestión, algunas empresas defendieron que sus contratos de alquiler habían sido prorrogados y llegaron a llevar ante los tribunales la intención de los comuneros de subir el precio del alquiler del suelo. Tras una victoria en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Porriño, finalmente la Audiencia Provincial permitió a la Comunidad de Montes negociar las alzas. “La sentencia señala que no se plasmó en ningún documento oficial la prorrogación de los contratos, ni siquiera hay informes técnicos previos y, sobre todo, no se sometió al arbitrio del pleno de Mos”, explicaron entonces los comuneros. Las empresas presentaron recurso en el Tribunal Supremo, que todavía no se ha resuelto.
Acuerdo
El acuerdo original que afecta a Copo, que cuenta con tres naves en la zona, expira en 2025. En él se acordaba que, al finalizar el contrato, las naves industriales pasarían a ser titularidad de los comuneros (en su momento, el Concello, con el que firmó originalmente). A cambio, el precio por el suelo sería barato durante el tiempo de vigencia del mismo.
Según el gerente del polígono industrial, Antonio Cajide, el contrato finaliza y la Ley de Montes “impide renovarlo o ampliarlo”, por lo que tienen que negociar uno nuevo. La asamblea acordó que en las negociaciones para los nuevos contratos con las empresas se plantee una horquilla de entre 1,5 y 3 euros el metro cuadrado, en función de cada caso y del estado de las instalaciones. “Desde la empresa planteaban seguir con un alquiler muy bajo y quedarse con la nave”, explica, “las condiciones de hace 50 años cambiaron”.
Pese a las posturas enfrentadas, ambas partes se sentaron a negociar en su momento, pero de la última reunión hace más de un año. Según Cajide, porque la empresa no quiso seguir negociando. Según la dirección de Copo, porque los comuneros no respondieron a la última oferta que plasmaron a través de correos electrónicos.
Desde la Comunidad de Montes avisan que están “abiertos a dialogar” y recuerdan que de las 26 empresas “hay 22 que entendieron la situación y negociaron un contrato nuevo”. La empresa, por su parte, insiste en que los comuneros “contesten a la última oferta, que nunca lo hicieron, para poder presentarlo ante el consejo de administración y tomar una decisión”.
Tras ello, el proveedor de la automoción decidirá si sigue en Mos. ¿Y qué opciones baraja? Principalmente dos: o quedarse en otro punto de la comunidad, complicado por los más de 30.000 metros cuadrados que precisan, o irse al norte de Portugal, país en el que Copo ya está presente.
Por su parte, las administraciones se han mostrado a favor de la empresa. El primero en hacerlo fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “No nos lo debemos tomar ni mucho menos a la ligera”, señaló, antes de incidir en que espera que del encuentro de hoy salga un acuerdo, ya que los derechos de propiedad “no dan derecho de repente a cambiar las reglas de juego” y “hacer inasumible” o “muy poco atractiva” la actividad de empresas que “generan muchos puestos de trabajo”.
El Concello de Mos, por su parte, emitió un comunicado en el que mostró su “total apoyo a las empresas de Monte Faquiña y a la Plataforma Galega de Afectados de Comunidades de Montes”. La alcaldesa, Nidia Arévalo, considera “alarmante, sangrante y muy grave” la situación de Copo. Según el Concello, el canon que paga la empresa pasaría de 40.000 a 800.000 euros anuales.
