Los temores de los ganaderos gallegos del sector lácteo parecen haberse hecho realidad con la revisión de los contratos de entregas que finalizaban el 31 de marzo. Así lo denuncia Unións Agrarias (UUAA), que apunta a una bajada “unilateral” por parte de la industria de un 10 % en el precio en origen. “Al final se consumó lo que habían planificado. No mandar los contratos con dos meses de antelación por escrito y por una duración de un año, como es su obligación legal. Una falta grave con multas de entre 3.000 y 100.000 euros”, señala en declaraciones a El Correo Gallego (del mismo grupo editorial que FARO) el secretario xeral de la organización Roberto García.

Con este recorte, indica, el litro de leche se abona a las explotaciones a un precio base de entre 0,47 y 0,48 euros más calidades, cuando a finales de marzo rondaba los 0,58. “Estamos hablando entre 6 y hasta 10 céntimos de caída” en relación al primer trimestre de 2023, que es según el responsable de UUAA el período de mayor incremento, al revés que en el conjunto de Europa donde el repunte se dio entre finales de 2021 y principios de 2022. “Aquí en aquella época no subieron los precios en origen argumentando que España no tenía nada que ver con el precio de los productos industriales porque tiene un mercado distinto. Ahora que les favorece que bajan sí influye. Es una doble vara de medir”, se queja.

García, como afirmó recientemente en rueda de prensa, defiende que no hay ninguna razón, “ni de producción ni de consumo”, que justifique una rebaja en un mercado deficitario como el español, cuya producción no es suficiente para abastecer a la población –cubre un 80 %– y donde el PVP que paga el consumidor registra “récord histórico”, pues es “40 céntimos más caro que antes de la crisis”. Por lo tanto, recalca, “la bajada es concertada y de mutuo acuerdo para no pisarse ganaderos unos a otros y poder mantenerla artificialmente”. En este punto, reitera su queja de que los contratos están siendo “impuestos” y con una duración de 4 meses “cuando tienen obligación de durar un año”.

Lo grave es, a su juicio, que habiendo herramientas legales “y sabiendo que se está incumpliendo la ley” no haya una actuación de oficio por parte de la administración y tenga que ser el productor individualmente quien denuncie. “La administración sabe que cualquier ganadero que ponga su nombre y apellidos en una denuncia de esta ilegalidad tiene como consecuencia que no le recojan la leche, que es un producto perecedero que si lo tiene que tirar tiene que cerrar”, razona.