La Xunta aspira a gravar las líneas de los futuros parques eólicos marinos

La Xunta cumplió el guion y la reunión semanal del Gobierno dio vía libre a la tramitación de la futura ley de Promoción de beneficios sociales y económicos que utilicen los recursos naturales y que el propio Alfonso Rueda avanzó hace unos días durante su visita al parque eólico experimental de Sotavento, donde la administración autonómica es principal accionista, para participar directamente en la gestión y los beneficios de proyectos renovables a través de una sociedad público-privada.

El presidente autonómico no dio muchos más detalles ayer, ni siquiera si la vocación de su Ejecutivo es que esa presencia pública tiene vocación de control. Que la Xunta llegue a ser el primer socio. Rueda argumentó que este es solo el primer paso de una consulta pública previa. ¿Por qué ahora? Al jefe del Ejecutivo autonómico le preguntaron por el claro giro de la política energética de su equipo, que opta por un modelo que los populares criticaron con dureza como arma arrojadiza contra el bipartito antes de su vuelta a la Xunta. “Estamos en un proceso maduro en el agrado de desarrollo de renovables”, justificó Rueda.

La Xunta da un giro en su política energética y será accionista de parques eólicos y otras renovables

Sí sacó el presidente otra de las novedades a las que se quiere dar forma en la ley. Además de la creación de esa sociedad, una utility para participar o, directamente, promover parques eólicos y otras iniciativas similares –Rueda mencionó expresamente a las hidroeléctricas reversibles destinadas a almacenamiento de electricidad e, incluso, proyectos mineros– y de los cambios que va a introducir en la revisión de impacto medioambiental para tener en cuenta también criterios sociales –incluidas bonificaciones en el recibo de la luz para abaratarlo en las zonas de implantación–, la intención de la Xunta es gravar las líneas de conexión a tierra de los parques eólicos marinos que se ubiquen en alguno de los cinco polígonos identificados como aptos en la comunidad en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Como ocurre con los parques terrestres, las instalaciones flotantes abrirán líneas eléctricas desde su llegada a tierra hacia la subestación correspondiente para poder volcar su producción. No será fácil someter esas infraestructuras a un nuevo gravamen porque las actuales de los complejos onshore no tienen ninguna, aunque el reparto del Fondo de Compensación Medioambiental que se nutre del canon pagado por cada molino sí tiene en cuenta los concellos afectados por ellas. De hecho, la Xunta asegura que está “estudiando la fórmula” para constituir el nuevo canon, “cuya recaudación está prevista que se dedique a las mismas finalidades medioambientales que, en la actualidad, están recogidas para el gravamen de la eólica terrestre”, aunque Rueda precisó que el sector de la pesca se sumaría a la lista de posibles beneficiarios.

El presidente de la Xunta aprovechó el inicio del trámite de consultas para insistir en la necesidad de aprovechar “esta oportunidad” de bum renovable para “estar en el centro de la transición energética que va a vivir Europa” sin renunciar a compensaciones. “Ni vencedores ni vencidos”, aseguró, haciendo un llamamiento a empresas, también pymes, y al resto de administraciones para incorporarse al proyecto.