Las bajas laborales baten récord en Galicia con la mayor prevalencia de todo el país
En 2022 se contabilizaron casi 260.000 incapacidades temporales por contingencias comunes, un 32% más, que provocaron la pérdida de 16,4 millones de días de trabajo
Las bajas laborales baten récord en Galicia. / FDV
El nuevo Plan Estratéxico de la Xunta aspira a diseñar “la Galicia del futuro” de aquí a 2030 “poniendo en el centro el reto demográfico”. “Para eso, impulsaremos nuevas medidas de dinamización en una sociedad más vieja”, resume la hoja de ruta aprobada hace justo un año, en paralelo al impulso “del modelo basado en la innovación y el capital humano para favorecer una sociedad moderna, competitiva, solidaria y cohesionada social y territorialmente, con altas tasas de empleo”. La de 2022 se situó en el 47,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, de cada 100 residentes en la comunidad con 16 o más años, 47 estaban ocupados y el resto, 53, se encontraban en el paro o son inactivos. Solo Asturias arrastra una menor tasa de empleo (49,8%), condicionada en ambos casos por el declive demográfico. No hay relevo generacional. La propia administración autonómica admite en el documento los problemas que eso genera para el cambio de manos “en la titularidad de los negocios” y señala como una de las principales amenazas “la pérdida de capital humano por emigración de la población activa con alta cualificación que no ve satisfechas sus expectativas en el mercado laboral”. Entre las debilidades detectadas figura también la reducida productividad por hora trabajada, “inferior en casi 10 puntos a la media nacional y europea”. Aunque no lo relaciona directamente, parte importante de esa brecha tiene que ver con el envejecimiento.
A más edad, más y más graves problemas de salud, que llevan a que Galicia padezca la mayor prevalencia de las bajas laborales de todo el país. En contingencias comunes se contabilizaron 259.688 el pasado año tras un incremento del 32,3% en comparación con 2021, como recogen los balances que acaba de publicar la Seguridad Social. Hubo 57,28 incapacidades temporales por cada 1.000 trabajadores protegidos por el sistema público de salud, tres puntos por encima del ejercicio anterior y 10 más que en 2020, cuando estalló la pandemia.
A causa del COVID-19 se produjeron alrededor de 153.900 incapacidades temporales en 2022 en la comunidad, frente a las 114.200 de 2021. Parece lejano, pero la proliferación de contagios por la variante ómicron obligó a las autonomías a agilizar los sistemas de altas y bajas laborales en diciembre de 2021 y enero de 2022 para evitar el colapso de muchas empresas. La prevalencia de las incapacidades por el coronavirus en Galicia durante el año pasado rondó los 0,67 casos por cada 1.000 trabajadores y en toda España se situó en los 0,57 casos con un total de 3,289 millones de bajas laborales. La duración es muy parecida: 9,81 días en la comunidad y 9,23 días en el cómputo estatal.
¿Explica la pandemia el fuerte repunte de las bajas laborales por contingencias comunes en Galicia? No del todo. La última gran ola del coronavirus hasta ahora solo cubre la mitad del incremento. El resto procede de otras patologías también en ascenso y que llevan la duración media hasta los 66,10 días, prácticamente el doble que en el resto de España (37,7).
Al cierre de diciembre quedaban unas 50.200 bajas en vigor. Entre los procesos que ya finalizaron, 101.700 fueron de hombres y 147.400 de mujeres, con 63,4 y 67,7 días de duración media, respectivamente. En total, se perdieron 16,4 millones de días de trabajo en Galicia. En el conjunto del Estado rondaron los 250 millones de días.
Las incapacidades temporales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la comunidad ascendieron a algo más de 60.800 tras una subida anual cercana al 35%. La prevalencia alcanzó los 5,19 casos por cada 1.000 trabajadores protegidos, muy superior otra vez a la media estatal (3,84). La duración habitual ronda los 36,8 días.
Entre los autónomos, un colectivo especialmente envejecido, el periodo habitual de incapacidad temporal en Galicia se alarga hasta casi los 135 días. En 2022 se iniciaron 29.960 procesos, un 18,6% más que el ejercicio precedente, a pesar de que el número de afiliados al régimen de trabajadores por cuenta propia siguió adelgazando. La prevalencia por cada 1.000 asegurados escaló a las 58,8 casos.
Entre las muchas enseñanzas que dejó la pandemia para aquellos dispuestos a sacar algo en positivo de tanta tragedia humana está el difícil y necesario equilibrio que tiene que existir siempre entre economía y salud. Es cierto que una crisis en la actividad y el empleo sacude el bienestar, como claramente se vio en la doble recesión financiera de 2008 y 2013, cuando el polémico austericidio en las cuentas públicas agravó el shock; pero sin un buen cuadro clínico de la sociedad tampoco hay quien mueva la economía directa –trabajando, en definitiva– e indirectamente, a través del apetito en el consumo.
El último barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha puesto a trabajar a los equipos de análisis del Banco de España ante “un aumento sustancial en la demanda de servicios sanitarios” en los últimos trimestres. El porcentaje de población que acude al médico de cabecera en estos momentos es 12,1 puntos más elevado que la media de 2018-2019, los años previos a la pandemia. “Estos incrementos han sido especialmente acusados entre los grupos de población más joven”, señala el organismo.
Con el aumento de la demanda viene también “un rápido crecimiento de las listas de espera”. En ese mismo barómetro, como recuerda el Banco de España, los pacientes que esperan más de un día para ser atendidos pasó del 55,1% al 78,2%. Antes de llegar el COVID-19, el 25,8% de la población debía esperar más de tres meses para una cita con el especialista; ahora son casi el 40%.
Hay otra evidencia más del aparente deterioro de la salud pública en España: el 4,1% de los ocupados radiografiados para la Encuesta de Población Activa de 2022 aseguraron no haber ido a trabajar en la semana de la entrevista, “ya fuera por enfermedad, incapacidad temporal o accidente”. “Con ello –añade el Banco de España–, se mantiene la tendencia creciente observada en las bajas laborales desde 2020, que lleve a que se superen con claridad los porcentajes observados antes de la pandemia”.
¿Qué está pasando? El análisis elaborado por Samuel Hurtado y Mario Izquierdo, del Departamento de Análisis de la Situación Económica del supervisor, asume la “considerable incertidumbre en cuanto a las causas y al grado de persistencia”. Un “posible factor” sería el retraso acumulado “en numerosos tratamientos durante las fases más agudas de la pandemia”. Si así fuera, “cabría esperar que la mayor parte del repunte de la demanda de servicios médicos tuviera una naturaleza eminentemente transitoria”. Pero los dos expertos del Banco de España llaman también la atención de los efectos del COVID persistente, siguiendo los informes de su relevante incidencia publicados en EE UU, Canadá, Australia o Reino Unido, y de “los aumentos significativos en la prevalencia de otro tipo de patologías en individuos que se han visto afectados por el COVID-19”: desde diabetes, a problemas cardiovasculares, pasando por trastornos gastrointestinales o neurológicos.
“Si el aumento reciente en la demanda de servicios sanitarios y en las bajas laborales se prolongara en el tiempo y estuviera relacionado con un deterioro persistente en la salud general del conjunto de la población española, su impacto económico podría ser significativo”, avisa el Banco de España, obligando a “un incremento estructural, aún muy difícil de cuantificar” en el gasto sanitario y en la demanda de profesionales en las ramas de la salud. El otro foco de afectados sería la productividad laboral e, incluso, una reducción “del stock de capital productivo”.
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