La desconfianza sopla contra las renovables

La falta de información de proyectos y beneficios fomenta la oposición a la eólica y la solar, según la Fundación Europea del Clima y Funcas, que señalan el rechazo a las eléctricas como “una de las barreras más complejas”

Panorámica de un parque eólico en Galicia.

Panorámica de un parque eólico en Galicia. / MARTA G. BREA

Julio Pérez

Julio Pérez

El discurso de agradecimiento de Rodrigo Sorogoyen tras recibir el premio Goya a la mejor dirección por “As Bestas” el pasado 11 de febrero fue la guinda de viralidad que cualquier movimiento ciudadano necesita en estos tiempos para ganar adeptos y cruzar la frontera local. “Los caballos que aparecen en la película han vivido durante siglos en libertad en los montes de Sabucedo, en Galicia. Y la gente de Sabucedo nos ha enseñado a amar a los animales de una manera que no he visto nunca. Pues en esa zona están proyectando cuatro parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio para la fauna y la flora irreparable. Todo mi apoyo al pueblo de Sabucedo por su defensa de los caballos y de sus montes”, apuntó el cineasta, antes del primer gran aplauso de respuesta del público. “Va a quedar fatal –continuó–, porque solo tenía que decir: energía eólica sí, pero no así”. Bastaron 50 segundos de uno de los mayores talentos del audiovisual español ahora mismo para incendiar las redes y avivar el debate político alrededor de las formas en la transición energética. Y eso que la película –atención, spoiler– pasa de puntillas por el impacto medioambiental de las instalaciones.

Hace 35 años se encendió el primer parque eólico en Galicia. Fue el de Estaca de Bares. Tenía 12 aerogeneradores de 0,03 megavatios (MW) cada uno y ocupaba unos 28.000 metros cuadrados. La comunidad lideró durante décadas el aprovechamiento del viento como fuente limpia de energía en el sur de Europa e incluso ahora, adelantada en potencia en funcionamiento por Castilla y León (6.617 MW), Aragón (5.028) y Castilla-La Mancha (4.705), sus 3.887 MW repartidos en 157 parques convencionales, 16 singulares y cuatro experimentales aportaron casi el 16% de la generación eólica del país y el 43,4% de toda la electricidad producida en Galicia el pasado 2022. ¿Qué ha pasado para que una tecnología que convivía tranquilamente con el territorio se haya convertido en el foco de las críticas de plataformas de vecinos que transcienden ya los conflictos puntuales con algún proyecto y de parte de las asociaciones ecologistas?

“La construcción de infraestructuras a gran escala y su rápido desarrollo está despertando las reticencias de determinados colectivos, localizados en las zonas y municipios afectados”, apunta Braulio Gómez Fortes, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor en la Universidad de Deusto, en el análisis Simpatía por molinos y paneles. Una mirada ciudadana sobre el desarrollo de las plantas de energías renovables que acaba de publicar Funcas. Tamaño de los proyectos y velocidad, dos de las claves que explican la expansión del descontento en pleno acelerón de la descarbonización para mitigar el cambio climático y desconectar a la UE de los combustibles fósiles de Rusia.

Lejos de arrimar el hombro con la necesaria pedagogía, administraciones y empresas alimentan el ruido alrededor de los permisos para nuevas renovables. Algunos de los últimos proyectos presentados en Galicia se solapan entre sí y proponen líneas de evacuación kilométricas, imposibles de desplegar. Después de decenas de cambios legislativos para apurar la tramitación de los parques de su competencia, los de menos de 50 MW, la Xunta acusa al Gobierno central de “barra libre” en el sector por sus facilidades para la implantación de eólica y solar. “El procedimiento sigue siendo exactamente igual de riguroso”, negaba Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en una entrevista en FARO esta semana a propósito de la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y de las zonas posibles para el desarrollo de la eólica marina, el enésimo ingrediente de controversia que arrastra a la pesca a los movimientos opositores.

Solo los expertos científicos tienen un apoyo mayoritario del 66% de la población

A partir de la investigación desarrollada por la Fundación Europea del Clima y la agencia 40db y las 1.800 entrevistas a habitantes de lugares de la cornisa cantábrica, Castilla y León, Andalucía y el Mediterráneo donde se están llevando a cabo instalaciones renovables de grandes dimensiones, Braulio Gómez llama la atención sobre la falta de información. El 56,5% de la población de esos territorios desconoce el proyecto y el 70% tiene pocos o ningún dato sobre él. “Aunque de partida hay una percepción positiva acerca de la bondad de las energías renovables compartida transversalmente por la ciudadanía, casi la mitad (49,7%) reconoce no estar informado sobre cómo ayudaría el desarrollo de las infraestructuras de las renovables a mitigar la crisis climática”, indica el estudio.

Las lagunas de información son “el argumento estrella” tanto en los detractores como en los defensores de la renovables, hasta el punto de que, “ante proyectos novedosos y de los que no se conocen los impactos que puedan ocasionar, especialmente en sentido positivo”, parte de los habitantes “se posicionan automáticamente en contra”. Solo tres de cada diez saben el espacio que va a ocupar la planta; el 23,7% está informado de las repercusiones para el empleo; y únicamente el 15,5% es capaz de identificar a los responsables directos de los proyectos.

Los promotores no salen bien parados en la imagen proyectada a pie de calle. “Uno de los puntos que más unió a la minoría detractora con la mayoría que simpatiza con este tipo de proyectos es su elevada desconfianza hacia las compañías eléctricas”, apunta Braulio Gómez. Es “una de las barreras más complejas de vencer”. El 74% se posiciona contra el sector y va más allá: no ve creíbles los argumentos climáticos que utilizan las empresas que impulsan el negocio de las renovables.

“Se interpreta –subraya el investigador– como una práctica de greenwashing [mostrar una vocación de respeto al medio ambiente cuando realmente no la hay] tras la que subyace el interés económico”. El 68% cree que estos proyectos “benefician mucho” a las grandes energéticas y apenas un tercio considera que existen beneficios para los trabajadores y los entornos rurales. Esa misma desconfianza genera “la percepción de que no habrá un reparto justo de los beneficios”. Dos de cada diez consultados apuestan por reducir el proyecto o cambiar la ubicación. El 27% insta a mayores ayudas para las comunidades locales, pero la principal exigencia (42%) es información sobre cuáles pueden ser esas ganancias para los territorios.

Tampoco aprueban las instituciones. El 32% confía en el Gobierno estatal, el 38% en el autonómico y el 40% en los ayuntamientos. El porcentaje sube al 45% para las organizaciones ecologistas. Los expertos científicos sí tienen el respaldo de la mayoría, el 66%. 

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“Una mayor movilización de las personas que se posicionan en contra de estos proyectos hace que la mayoría de información disponible esté relacionada con los efectos negativos”, señala el experto de la Universidad de Deusto, creando “un sesgo a la hora de generar opiniones”: “Los que apoyan este tipo de proyectos no tienen la información necesaria para poder introducir en las conversaciones sus argumentos favorables”.

Y, ¿cómo se informan? Destaca el boca a boca en su círculo cercano, la prensa y la televisión local o las redes sociales. Los unos y los otros afloran “un importante fallo por parte de las instituciones públicas a la hora de transmitir información oficial accesible sobre el proyecto y la mayoría de afectados reclama, además, que sea “transparente” y con datos “demostrables”.

Aún así, los residentes en localidades cercanas a los proyectos “no se posicionan mayoritariamente en contra”. Hay “una minoría ruidosa” del 9% que se cierra a ver cerca de sus casas parques eólicos o solares, frente al 43% que cree que su calidad de vida y bienestar mejorará cuando entre en funcionamiento. El 24% intermedio se muestra neutral. “Estos datos nos sugieren que existe una minoría de ciudadanos muy preocupados y muy activados contra el desarrollo de las infraestructuras en su territorio o en las cercanías –resalta la investigación divulgada por Funcas–, frente a una mayoría que oscila entre la simpatía, la indiferencia y la creencia en su utilidad para que mejore su calidad de vida en el futuro, pese a cualquier molestia que puedan ocasionar”.

El perfil mayoritario entre los opositores es el de un hombre de 25 a 34 años, “y algo que quizá pueda sorprender”, que prioriza el desarrollo económico frente a la conservación del medio ambiente.

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