La Justicia deja sin castigo la pérdida de 1.000 millones en pedidos en Barreras

En el mes de febrero de 2020, cuando Cruise Yacht YardCo (utiliza Ritz-Carlton Yacht como marca comercial) ya había tomado el control de Hijos de J. Barreras, la naviera Havila Kystruten hizo un último intento. Quería retomar la construcción de sus dos cruceros, Pollux y Polaris, que estaban abandonados, en las tripas, en las dos gradas del astillero vigués desde el verano anterior. La armadora había accedido a elevar el precio de los contratos, de 108 a 130 millones por barco, y repartir de forma salomónica el sobrecoste derivado de los errores de diseño. Creían que era un buen plan: ellos tendrían sus embarcaciones en un tiempo razonable, Barreras se aseguraba 900.000 horas de trabajo por buque y podrían prestar el servicio costero entre las ciudades noruegas de Bergen y Kirkenes. En el procedimiento que ha enfrentado a ambas partes en un tribunal de Londres ha quedado probado que la dirección del astillero vigués, ya con Douglas Prothero (CEO de Cruise Yacht) al frente a mediados de aquel febrero, decidió que las instalaciones de Beiramar nº 2 se dedicarían en exclusiva a su barco, el Evrima. Que desechó la opción de asumir el doble encargo. Pese a esta evidencia, la quiebra de Hijos de J. Barreras se desencadenó por “falta de nuevos encargos” y al impacto de la pandemia “sobre muchos de los potenciales clientes”, según figura en el escrito del Ministerio Fiscal. Tesis que choca con la realidad: Havila tuvo que hacer sus cruceros en Turquía, sin contratiempos por el COVID, y ningún otro astillero gallego enfrentó problemas de solvencia por este motivo. En todo caso, la liquidación de Barreras no tendrá reprobación judicial. Fue “fortuita”.

Lo ha zanjado la jueza de lo Mercantil número 3 de Pontevedra (con sede en Vigo), Amelia Pérez, en un auto emitido este martes. La magistrada ha atendido no solo a las conclusiones del administrador concursal, que avanzó FARO, sino también a las del ministerio público. En ambos casos coinciden en que no hubo dolo en la gestión del equipo de Prothero. “A la vista de la documental en las actuaciones, no se ha apreciado la concurrencia en los solicitantes [del concurso, la propia Ritz-Carlton] de dolo o culpa grave que haya determinado la generación o agravación del estado de insolvencia”. Aunque no menciona ni el contrato no atendido de Havila Kystruten –hubiese sido el estreno del naval vigués con buques de GNL y baterías– ni los cruceros prometidos por la propia naviera Ritz. Dice el Ministerio Fiscal que, “a pesar de las medidas adoptadas [...] el contexto de la mercantil es de falta de nuevos encargos”. Es una aseveración que contrasta con lo que el propio Prothero, en su calidad de presidente ejecutivo de Barreras, puso sobre el papel. Garantizó al astillero la construcción de dos superyates de exploración de lujo, a razón de 250 millones de euros cada uno, amén de rematar en Vigo el Evrima. Pero optó por desviar a Francia los dos primeros –firmó el doble pedido con Chantiers de L’Atlantique–, y el tercero nunca regresó a Vigo tras su éxodo a Santander. De modo que el astillero sí tenía encargos, pero su propietario decidió no llevarlos a cabo. En suma, y teniendo en cuenta los barcos también de Havila y Naviera Armas, la gestión de Douglas Prothero dio al traste con contratos para el naval vigués por importe superior a los 1.000 millones de euros.

La administración concursal de Barreras exime a Prothero: “No hubo culpa grave en la quiebra”

El dictamen judicial, contra el que no cabe recurso, deja en una situación comprometida a Havila, que ya ganó en Londres el litigio con Barreras tras demostrar que el astillero no tenía derecho a haber dado el contrato por cancelado. El tribunal británico determinó que deberá recuperar 43 millones de euros –los 37 que adelantó más intereses–, y tendrá que ser ahora Abarca la que abone esta indemnización a la naviera. ¿Y después? Si la aseguradora quiere tener alguna opción de tapar este boquete económico, deberá iniciar un complejo pleito contra Cruise Yacht, una firma con ramificaciones en Singapur, Luxemburgo, Malta o las Caimán, como demostró este periódico. Es cierto que solo los trabajadores de UGT presentaron alegaciones contra el informe de la administración concursal (Tahice Legal) y exigieron declarar el concurso como culpable, pero Abarca remitió en los últimos días un escrito instando a paralizar el proceso para poder censurar jurídica y económicamente las maniobras de Prothero en Barreras. No fue atendido, como tampoco el de la auditora KPMG. Lo mismo sucede con Armas –asegurada por Barents Re–, que pagó 28 millones en adelanto por un ferri del que nunca se cortó una sola chapa, y que batalla en un tribunal de arbitraje de Madrid.

En durísima competencia a nivel mundial, el naval español ha tenido que exhibir dos quiebras multimillonarias en escasos tres años. En las dos, con Factorías Vulcano e Hijos de J. Barreras y un pasivo conjunto de 275 millones, los gestores han salido airosos.

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