Los afectados de Pescanova SA cobrarán 8 de los 125 millones perdidos en la quiebra

Facturas falsas, líneas de factoring con clientes inventados o créditos documentarios sin intercambio real de mercancía. Pescanova SA desplegó un nutrido sistema para obtener financiación bancaria, que le servía para abonar las deudas que le iban venciendo y financiar inversiones para las que no tenía fondos. Un curioso esquema piramidal o Ponzi reforzado con ampliaciones de capital y emisiones de bonos, convenciendo a los inversores con unas cuentas maquilladas al extremo. Falsas. Un colapso monumental –la deuda superó los 3.650 millones de euros– para el que no habrá resarcimiento. Al menos económico. Nadie compensará a compañías como Luxempart, Grupo Damm, Bankia o Silicon Metals Holding, acreditadas como las firmas más perjudicadas en la quiebra del grupo liderado por Manuel Fernández de Sousa. Un simpa de casi 120 millones de euros.

El fallo del Tribunal Supremo, desgranado ayer por FARO, establece que los perjuicios asumidos por estas entidades –en suma, 125,5 millones– deberán ser resarcidos de forma solidaria por el propio Sousa y por Pescanova SA. Pero ni uno ni la otra compensarán estas pérdidas. El expresidente de la multinacional no tiene apenas bienes a su nombre: dos vehículos Mercedes, un terreno en El Escorial, partes de fincas rústicas y una cuenta bancaria con poco más de 4.000 euros. Vendió su velero Maracas justo un día después de verse forzado a dimitir de la presidencia (julio de 2013) por 5.760 euros, muy por debajo del precio de mercado para una embarcación Jeanneau modelo Sun Odyssey 36i. Su yate Grumete Tercero (una Sunseeker Tomahawk 37, de poco más de 11 metros de eslora) quedó embargado; modelos de este tipo se venden de segunda mano por entre 38.000 y 60.000 euros. Si el exdirectivo dispone de alguna otra embarcación, no consta en su listado de bienes. Lo que sí aportará Fernández de Sousa son los fondos que, también en 2013, intentó desviar al Standard Chartered Bank de Hong Kong a través de un banco portugués, con el falso pretexto de aprovechar mejores rentabilidades que ofrecían en Asia por sus ahorros. Una evasión por la que ha sido condenado, junto con su mujer, Rosario Andrade Detrell, por alzamiento de bienes. Son 4,65 millones de euros.

Sousa, condenado a seis años de prisión por quebrar Pescanova

El fin de la escapada

De Andorra a Islas Vírgenes

El rastreo durante la instrucción del caso Pescanova llevó a detectar cuentas de la familia en Andorra, con 3,5 millones de euros, cuya procedencia atribuyeron a la venta en efectivo de caballos; acudieron al país pirenaico, explicaron, por “miedo a un corralito” en España. Se llegó a abrir una pieza separada del caso, que resultó en la imputación de Andrade y los hijos, Pablo e Ignacio. Fueron absueltos. También se localizó una sociedad en Panamá, Reflex Portfolio, administrada por la afamadísima Mossack Fonseca –de los papeles de Panamá–, y otra en Islas Vírgenes (International Gestion Finance). Esta última fue desactivada la misma semana en la que vendió su barco Maracas, tras haber conocido el demoledor informe forensic de KPMG que señalaba a Sousa como el “instructor o consentidor” de una trama que provocando el derrumbe de la multinacional pesquera.

A los 4,6 millones que aportará Sousa, bloqueados desde el verano de 2013, se ha de sumar la parte correspondiente a Pescanova SA, que la sentencia considera como beneficiaria de los manejos ilegales y ha sido condenada por falseamiento en la información económico-financiera. Su participación en esta tarea de resarcimiento a los fondos estafados será nula. Al menos, si se cumple lo que la propia compañía ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En primer lugar, considera que el importe total, esos 125 millones de euros, deben ser sometidos a la misma quita general que sufrieron los acreedores en el concurso de la antigua matriz. Esto es, un tijeretazo que rebajaría la responsabilidad hasta los 3,12 millones de euros. Pero unas cantidades que la vieja Pescanova no está dispuesta a poner sobre la mesa: quiere que lo haga Nueva Pescanova, la compañía que heredó el negocio pesquero y que echó a andar en 2015, dos años después de la declaración de insolvencia. “El importe resultante de este cálculo, además, deberá ser abonado por Nueva Pescanova, de acuerdo con los contratos celebrados entre dicha mercantil y nuestra sociedad y elevados a público el 28 de octubre de 2015, cuya vigencia y validez fue, en su día, confirmada judicialmente”, reza la nota enviada al organismo supervisor. En las últimas cuentas anuales de Nueva Pescanova sí hay una referencia a este escenario: “existe la posibilidad de que [las responsabilidades pecuniarias] se pudiesen trasladar” al grupo que dirige Ignacio González.

Suscríbete para seguir leyendo