El fraude destapado por la Inspección de Trabajo en Galicia supera los 41 millones
El importe de los expedientes por impago de cuotas y empleo sumergido creció casi un 20% durante 2021 | Las multas del organismo ascendieron a 10 millones de euros
Albañil en una obra. / Nacho Gallego
La pandemia cambió las prioridades de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. No le quedó otra. Como el resto de las administraciones, la durísima primera ola del COVID-19 y las restricciones a la movilidad dejaron a los vigilantes del mercado laboral con las manos atadas. Muchos tuvieron que centrarse después, cuando la situación se relajó, en la supervisión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con casi 200.000 afectados en Galicia y 3,6 millones en todo el país a lo largo de 2020, según la Agencia Tributaria. La persecución del uso fraudulento o injustificado de las exoneraciones de cuotas en la suspensiones de contrato y reducciones de jornada a causa del coronavirus y la coyuntura económica sigue siendo una prioridad del plan estratégico que el organismo estrenó en 2021, junto con la lucha contra los abusos en la contratación a tiempo parcial y la economía irregular, los intentos de huir del derecho en las nuevas modalidades de prestación del trabajo y la regularización de los “falsos becarios”, entre otras cuestiones. El refuerzo de las actuaciones va de la mano de la potenciación de la llamada Herramienta de Lucha contra el Fraude, un sistema que la Inspección de Trabajo utiliza desde 2015 para detectar los patrones más habituales a la hora de cometer ilegalidades para adelantarse a ellas a partir del procesamiento y cruce masivo de datos. Así se está estrechando el cerco ahora mismo sobre los incumplimientos en los ERTE y otras prestaciones y bonificaciones, lo que ha permitido afinar las campañas de control y optimizarlas con evidentes resultados.
Con menos visitas y comprobaciones (40.746, frente a las 43.951 de 2020), la Inspección de Trabajo abrió más actuaciones en Galicia: 66.730. Se detectaron 3.080 infracciones, 18.900 trabajadores afectados, con multas por valor de casi 10 millones de euros y 12.000 requerimientos de subsanación. El importe de los expedientes liquidatorios aumentó un 19%, hasta los 41,5 millones de euros, según el balance que acaba de publicar la entidad. Ahí van las cantidades que no se declararon a la Seguridad Social y la exigencias de pago a otros sujetos responsables de deudas preexistentes por derivación de responsabilidad, que es la cantidad que más crece en la comunidad: 19 millones de euros.
La recaudación inducida por la labor de los inspectores ascendió a 10,7 millones; otros 8,6 millones vinieron de las actas de liquidación; y la devolución de prestaciones indebidas alcanzó los 2,5 millones de euros. El saldo de los expedientes liquidatorios aumentó mucho menos en el conjunto el Estado, un 0,9%. Rozó los 744 millones de euros.
Del total de infracciones en Galicia, 442 se debieron a la falta o retrasos en la inscripción de afiliados a la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo dio de baja de oficio 199 prestaciones por fraude (29 de incapacidad temporal, tres de jubilación, 167 por desempleo y ninguna de jubilación); y forzó el alta de 2.015 trabajadores que estaban en la economía sumergida. En el caso concreto de extranjeros, las infracciones por carecer de permiso de trabajo fueron 80.
Se puso la lupa sobre 17.100 contratos por posible fraude en su tipología y salieron a flote 193 infracciones. Entre los que estaban bonificados con ayudas públicas, los inspectores encontraron únicamente cuatro las irregularidades.
Las visitas en busca de problemas de prevención de riesgos laborales superaron las 3.600 en la comunidad con un resultado de 883 infracciones y 4.151 trabajadores afectados. Los peligros eran tan graves en tres obras de la construcción, que el organismo ordenó su paralización.
El balance de 2021 es el último que arroja la fotografía de la Inspección de Trabajo antes del profundo cambio provocado por la entrada en vigor de la reforma laboral y la sacudida que ha tenido en el empleo indefinido. Hasta ahora, una parte relevante de los nuevos fijos se explicaban por la labor de vigilancia. El número de falsos temporales detectados por el organismo no dejó de crecer desde que la economía dejó atrás la doble recesión financiera. En 2018 marcó su máximo histórico: más de 11.000. El número de transformación en indefinidos de eventuales que realmente no lo eran bajó en 2019 y en 2020 se desplomó por los efectos de la pandemia. Pero en 2021 volvió a batir otro récord con 19.053. En toda España alcanzaron los 370.400 contratos.
A esto hay que sumar los 552 contratos a tiempo parcial con menos horas reconocidas de las efectivas. Es uno de los principales quebraderos de cabeza en este momento, como destaca la Inspección de Trabajo, por “la constatación de la implantación de un modelo de fraude” en los últimos años que ha llevado a la administración a “una intensificación” de sus actuaciones en esta materia. Afecta, dice, “a la práctica totalidad” de los sectores, “procurando con las mismas salvaguardar los derechos de los trabajadores” tanto en jornada y salarios, como en cotizaciones a la Seguridad Social.
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