Repsol y Cepsa acumulan descuentos por 550 millones adicionales a los 20 céntimos obligatorios

El sector de las gasolineras se han embarcado en los últimos meses en una guerra de precios en plena crisis energética. El Gobierno estableció el pasado abril un descuento obligatorio de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores, cuyo coste asumen los presupuestos públicos (y que previsiblemente se reformará a partir del próximo 1 de enero para aplicar ayudas sólo a sectores económicos específicos).

Las grandes petroleras han estado aplicando descuentos adicionales a sus clientes en plena espiral de precios de los carburantes. Desde los gigantes del sector se subraya que esas rebajas extra (que han permitido elevar los descuentos hasta 35 y 40 céntimos por litro a los conductores) ha sido la forma de arrimar el hombro en plena crisis como les había pedido el Gobierno.

Pero ahora la guerra de precios se ha convertido en batalla legal por las denuncias de las gasolineras independientes de bajo coste contra Repsol, Cepsa y BP por los descuentos agresivos y que han derivado en la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles prácticas anticompetitivas.

Las dos mayores grupos de gasolineras del mercado español, Repsol (con más de 3.300 estaciones de servicio) y Cepsa (con cerca de 1.500), han acumulado descuentos especiales por más de 550 millones de euros desde el pasado abril que han aplicado a sus clientes con cargo a sus cuentas, al margen de los 20 céntimos obligatorios cuyo coste es asumido por Hacienda, según los datos internos de la compañía a los que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Repsol fue la primera operadora que aplicó descuentos especiales, lanzándolos dos semanas antes de que el Gobierno aprobara la bonificación obligatoria. Desde mediados de marzo y hasta final de este año, la compañía ha aplicado rebajas adicionales que se suman a los 20 céntimos en sus estaciones de servicio en España por un importe total de 439 millones de euros, con rebajas extra a clientes que utilizan la aplicación de pago de la compañía Waylet, los clientes de luz y gas de Repsol o de otras compañías con las que la petrolera tiene acuerdos, o descuentos específicos para los profesionales del sector del transporte.

Cepsa ha asumido descuentos especiales por 113,5 millones de euros entre marzo y noviembre, a los que aún deben acumularse el coste de las rebajas durante este mes. En este caso, en este importe la compañía sólo incluye el impacto de los descuentos aplicados de manera específica por la crisis energética, pero no las rebajas habituales tanto a particulares como a profesionales del transporte.

Batalla legal

Con el mercado roto por el cruce de descuentos, la sacudida comercial ha derivado en guerra legal. La CNMC ha abierto una investigación a las tres mayores petroleras que operan en España por posibles prácticas anticompetitivas, e incluso técnicos del organismo han realizado en las últimas semanas inspecciones en las sedes de Repsol, Cepsa y BP tras las denuncias de asociaciones de gasolineras independientes por un supuesto abuso de posición de mercado de los grandes grupos.

Asociaciones de estaciones de servicio independientes de bajo coste han denunciado -en realidad lo hicieron hace meses- ante Competencia la estrategia comercial y operativa de las tres grandes petroleras por los altos precios mayoristas que les cobran por los combustibles y por los agresivos descuentos que aplican a los clientes de sus propias gasolineras que, según alertan, hace que los gigantes del sector estén vendiendo prácticamente sin margen.

Una suerte de “efecto pinza” que, según denuncian las pequeñas redes de gasolineras, les hace imposible competir en igualdad de condiciones y les está expulsando del mercado por unas prácticas que podrían ser consideradas como 'dumping' (vender el producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción). Entre los denunciantes figura la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), la organización que agrupa a las principales redes de gasolineras independientes como Ballenoil, Petroprix, Bon Área o Plenoil.

6.000 metros de dinero público

El Gobierno estudia poner fin al descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores que puso en marcha el pasado 1 de abril como parte del escudo anticrisis en plena espiral de precios. La rebaja generalizada expira formalmente el próximo 31 de diciembre y el Ejecutivo analiza la posibilidad de sustituir el actual descuento indiscriminado por otras medidas de protección específicas en sectores económicos más afectados por la subida de los carburantes (transporte, ganadería, agricultura, pesca...)

El Ejecutivo estudia volcar sus medidas antiinflación en contener el precio de los alimentos y reorientar las ayudas a los carburantes por su enorme impacto fiscal y por estar beneficiando más a los ciudadanos de más renta, al tiempo que incentiva el uso del transporte privado.

El impacto fiscal tan importante del descuento de todos los conductores, particulares o profesionales, en cada litro de combustible consumido, en concreto, será de 6.027 millones de euros simplemente con seguir vigente hasta final de este año, según la estimación oficial del Gobierno recogida en el Plan Presupuestario para el próximo ejercicio remitido a la Comisión Europea.

La previsión del Ejecutivo contempla un impacto presupuestario de la rebaja de combustible de 5.752 millones este año y un coste residual de otros 275 para el próximo, consecuencia de los pagos en diferido de la compensación a las gasolineras en las primeras semanas de 2023.

Las cuentas públicas pagan íntegramente el descuento a todos los conductores, particulares y profesionales, e independientemente de su nivel de renta; salvo en el caso de algunas grandes petroleras para cuyas ventas el Estado asume 15 de los 20 céntimos. El Gobierno se plantea mantener durante los primeros meses del próximo año o durante todo 2023 varias de las medidas adoptadas para paliar el impacto de la crisis energética en hogares y empresas, pero la rebaja de los combustibles está en duda.