El compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones conforme a la inflación –con el Índice de Precios al Consumo (IPC)– se plasmó en la Ley 21/2021. Se puso sobre papel, así, una enmienda a la totalidad sobre la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que, espoleada por Bruselas tras el rescate financiero, ponía coto a la subida de las pagas. A saber, establecía un índice de revalorización del 0,25%, que tenía que aplicarse en tanto la Seguridad Social mantuviese una situación de déficit (más gastos que ingresos). Un desequilibrio vigente desde 2011 y que abocaba al copioso colectivo de pensionistas a unas subidas pírricas sin visos de mejora. El escenario postCOVID y la invasión de Ucrania pusieron la alfombra roja a un invitado sorpresa, la inflación, que ha desbaratado cualquier planificación de costes previa. A falta de conocer el dato del IPC para España correspondiente al mes de noviembre, que es con el que se indexarán las subidas para 2023, los más de 680.000 beneficiarios de estas prestaciones públicas en Galicia registrarán un incremento muy notable en sus ingresos. En tanto que el indicador final oscile entre el 7 y el 7,5% –el último valor es la estimación del Instituto Galego de Estatística (IGE)–, las pensiones gallegas alcanzarán por primera vez un importe medio de mil euros mensuales.
A cierre del mes de octubre, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el Estado ingresó 768.118 pagas (hay beneficiarios con derecho a más de una prestación). Las diferencias entre los diferentes tipos de estos subsidios son mayúsculas, en función a si son pensiones de jubilación de régimen general o autónomos, entre hombres y mujeres o si son o no contributivas. En todo caso, el importe desembolsado de promedio fue de 933,74 euros. La revalorización conforme al IPC las equipararán con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un umbral impensable hace solo una década, cuando la paga media estaba por debajo de los 700 euros. Es una presión añadida sobre el sistema público, pero un alivio para un enorme colectivo de consumo en todo el país. El coste total para la Seguridad Social a cierre de año rebasará, solo para Galicia, los 10.000 millones de euros. Equivale a un aumento superior al 40% en diez años.
En espera del dato final
La equis a despejar es el IPC final del mes de noviembre, cuyo dato definitivo se conocerá el día 14. Por lo pronto, el precio de los combustibles ha aflojado la presión en las últimas semanas, como constata el Boletín Petrolero de la UE. Hay caídas, en efecto, pero no se acercan en absoluto a los valores de principios de año, cuando el barril Brent –indicador de referencia para el precio del petróleo en Europa– cotizaba en los mismos valores que esta semana. El 4 de enero, por ejemplo, cerró la sesión a poco más de 80 dólares: el litro de gasóleo se pagaba entonces en Galicia a 1,4 euros, y a 1,52 el de gasolina 95. A cierre de esta edición el Brent superaba los 82 dólares, pero el diésel y la gasolina están un 30% más caros que a principios de año en la comunidad. Incluso con el subsidio de los 20 céntimos por litro, que previsiblemente no se prorrogará a partir del próximo ejercicio. El Gobierno analiza a qué colectivos limitar estas ayudas; la Comisión Europea, que ha dado el plácet a los Presupuestos, también le ha recomendado no dispensar subsidios de este tipo con carácter general. El de los carburantes es, tras el de los alimentos, el grupo de productos que más han presionado al alza la inflación en Galicia en los últimos meses.
Más de 26.000 beneficiarios del bono de 200 euros
Un total de 26.567 personas han recibido en Galicia la ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno central para “mitigar el impacto de la elevada inflación”, y por la que la Agencia Tributaria ha abonado ya 5.313.400 euros por este concepto en la comunidad. En concreto, por provincias, esta ayuda de 200 euros ha llegado a 10.394 beneficiarios en A Coruña, por un importe total de 2.078.800, a 9.934 personas en Pontevedra, por valor de 1.986.800 euros, a 3.401 beneficiarios en Ourense, con 680.200 euros, y a 2.838 personas en Lugo, por un importe de 567.600 euros.
Cabe recordar que los destinatarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo a finales de junio son trabajadores, autónomos y desempleados que residen en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectúa de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022, según informa Presidencia del Gobierno en nota de prensa.
Apunta además que quedan excluidos de esta ayuda los pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por ser colectivos ya beneficiados de otras medidas aprobadas por el Gobierno como el incremento un 15 por ciento de las pensiones no contributivas y del IMV, mientras que “los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC”, señala.
Por tanto, el objetivo de esta ayuda de un pago único de 200 euros, recogido en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, es “paliar los efectos del encarecimiento de precios en las rentas bajas que no se beneficiaban de las anteriores normativas”. El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año, superado el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago.
Finalmente, recuerda la Presidencia del Ejecutivo que esta ayuda de 200 euros se enmarca en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país que ya ha permitido movilizar 35.000 millones de euros, entre las que se encuentra una rebaja de impuestos de 10.000 millones de euros mediante la reducción del IVA del gas o de la luz.
