Recta final de la negociación entre el Gobierno y la banca para pactar el plan de ayuda a los hipotecados en problemas por la escalada del euribor. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado este martes que ha dado al sector de plazo "hasta final de la semana" para alcanzar un acuerdo que entrará en vigor el 1 de enero. Una de las nuevas medidas que su ministerio ha planteado a las entidades es facilitar que sus clientes puedan cambiar el tipo de sus hipotecas de variable a fijo mediante un alargamiento del plazo del crédito, ya que ello moderaría la subida subsiguiente de las cuotas mensuales.
El Ejecutivo ha incluido esta propuesta dentro del abanico de medidas planteadas a los bancos, según ha publicado 'El Economista'. La ventaja de las hipotecas a tipo fijo es que tienen una cuota que no varía durante toda la vida del préstamo, lo que daría certidumbre a los hipotecados en plena subida de los tipos de interés de referencia. El problema es que los tipos fijos son más altos que los variables, con lo que el cambio implicaría hoy por hoy tener que pagar una cuota considerablemente mayor a familias a las que se quiere ayudar porque pueden tener problemas para afrontar los pagos del préstamo por la escalada del euríbor y la inflación.
Diversas fuentes financieras confirman a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que la vía propuesta por el Gobierno para salvar este problema es acompañar el cambio de tipo con un alargamiento del plazo de la hipoteca, de manera que la cuota resultante sea menor que la que resultaría de simplemente pasarla de interés variable a fijo. Así, sobre la mesa de negociación está la posibilidad de limitar la subida de la cuota a la que resultaría de actualizar el tipo como si siguiera siendo variable. Es decir, la familia tendría que pagar más que actualmente y durante más tiempo, pero el alza sería menor que si se cambiara a tipo fijo sin alargar el plazo y la cuota no volvería a subir.
Como apoyo adicional, también existe la posibilidad de que se reduzca la comisión máxima que pueden cobrar los bancos a sus clientes por el cambio del tipo variable a fijo, bien sea dentro de la misma entidad (novación) o mediante el traspaso del crédito a otra (subrogación). La ley de contratos hipotecarios de 2019 establece que las entidades pueden imponer una compensación de hasta el 0,15% del capital reembolsado anticipadamente en los tres primeros años tras la firma (a partir de entonces, no pueden exigir una comisión).
Carencias y alargamientos
El Ministerio de Economía ha incluido este planteamiento en su propuesta de medidas para ayudar a hipotecados de clase media en apuros, junto a otras que en principio estima que tendrán más calado como alargamientos de plazos y periodos de carencias en los pagos de las cuotas, adelantadas por este diario la semana pasada. Algunas fuentes apuntan a que las carencias podrían ser de 12 meses y afectar al pago de los intereses, así como que los alargamientos de plazos podrían estar en línea con la propuesta de las patronales bancarias AEB y CECA (hasta cinco años siempre que el plazo total no supere los 40 años). Las medidas más contundentes -como limitaciones de los tipos de interés, condonaciones parciales de deuda y daciones del inmueble en pago del crédito- seguirán reservadas para las familias en situación más vulnerable, como viene sucediendo desde 2012.
El Gobierno pretende que estas medidas no supongan un aumento de la carga total de intereses y este es uno de los puntos más les está costando acordar a Economía y la banca. El otro son los requisitos que deberán cumplir los potenciales beneficiarios de las medidas. Las patronales propusieron hace unas semanas unos requisitos solo algo más flexibles que los del Código de Buenas Prácticas de 2012, pero el ministerio los considera demasiado restrictivos tanto para las familias de clase media como para las vulnerables. Las entidades tratan de evitar unos demasiado laxos para minimizar el impacto en provisiones para afrontar posibles pérdidas.
Plan doble
Como también adelantó este diario, Calviño ha vuelto a confirmar que el Gobierno y las patronales están trabajando en un plan doble. Por un lado, en "ampliar y mejorar" el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de hipotecas de clientes vulnerables de 2012. Y paralelamente, en establecer un "protocolo adicional para apoyar a aquellas familias de clase media que se puedan ver en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la acelerada subida de los tipos de interés".
"Estamos trabajando muy intensamente, con reuniones diarias con los representantes de la banca; yo espero que cuanto antes lleguemos a un acuerdo. De hecho, nos hemos dado... les hemos dado esta semana para poder cerrar un acuerdo porque queremos cuanto antes poder adoptar estas medidas, que estén en vigor el 1 de enero y que exista este catálogo de soluciones que puedan dar alivio a las familias españolas", ha afirmado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El pacto tendrá que pasar por el Consejo de Ministros (el código de 2012 se aprobó vía Real Decreto) y las entidades necesitan un tiempo para adaptar sus procedimientos.
