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Trabajo deja en el aire el empleo de 3.500 personas con discapacidad: “Es aberrante”

Suprime la bonificación completa a la contratación y lo reemplaza por una ayuda de 366 euros limitada a indefinidos | Cegasal: “Es lo que pasa cuando se legisla con ignorancia”

Trabajadores en el centro especial de empleo de Radio Taxi Vigo. ALBA VILLAR

El denominado Anteproyecto de Ley por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral tenía que haber cerrado el plazo para la presentación de “aportaciones” el pasado 28 de octubre. Pero esta ventana se cerró finalmente ayer después de que el articulado de esta propuesta, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hubiese recibido una enorme contestación por parte de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. “No se puede legislar sin contar con el sector, es una demostración de ignorancia”, condena el presidente de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal), José Antonio Vázquez Freire.

A efectos prácticos, la normativa suprime la bonificación del 100% para la contratación de estos profesionales y la reemplaza por otro bono lineal de 366 euros mensuales limitado a trabajadores con contrato indefinido. “Nosotros calculamos que hasta 3.500 personas perderían su empleo solo en Galicia. Es una vergüenza, aberrante. No creen en nuestra filosofía”, abunda Vázquez Freire.

"El empleo protegido cumple una función social y unas obligaciones que lo diferencia claramente de las empresas ordinarias, por lo que debe contar con un mayor nivel de apoyo”, complementan desde la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo (Aecemco).

Entre las disposiciones que incluye este anteproyecto está la derogación del artículo 1 del Real Decreto ley 18/2011, que dice así: “Darán derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social [...] en cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral y durante toda la vigencia de dichos contratos”.

“Nosotros nunca hemos hecho ni haremos negocio con personas con discapacidad”

José Antonio Vázquez Freire - Presidente de Cegasal

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La transformación que establece este proyecto de normativa es completa, ya que su aplicación queda delimitada a los contratos indefinidos. “En los casos de enfermedad mental, por los que estamos peleando mucho –continúa el máximo responsable de Cegasal–, no siempre se pueden formalizar este tipo de contratos”.

En Galicia, de acuerdo a los últimos datos procesados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), de 2020, eran 23.500 las personas ocupadas con algún grado de discapacidad, tanto en el sector público como privado. La mayoría de ellas (64%) contaban con una bonificación o una disminución en las cuotas a abonar a la Seguridad Social.

Importe de las exenciones

La modificación más relevante es la que concierne al importe de las exenciones. Si hasta ahora estaban desplegadas por el 100% de la cuantía a abonar por el empleador, el departamento que dirige Yolanda Díaz establece ahora unos tramos, partiendo de esa base de 366 euros mensuales. Para el caso de trabajadores “con discapacidad que presentan mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo”, la bonificación asciende a 421 euros al mes; si es mujer mayor de 45 años, la ayuda se incrementa en 100 euros adicionales.

De acuerdo a la documentación publicada en el portal del ministerio, esta norma se modifica en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, articulado tras la crisis del COVID, con el objetivo de “impulsar la reforma del mercado laboral para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales de manera que permita corregir las debilidades estructurales”. Es más, recuerda que existe una “excesiva fragmentación y dispersión de normas” que fijan incentivos a la contratación. “En el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con cargo al Presupuesto de Gastos del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), el gasto en el año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros”.

Ahora bien, los centros especiales de empleo inciden en que la forma de abordar una modificación legal de este calibre ha de hacerse con “diálogo” entre todas las partes. “Nosotros nunca hemos hecho ni haremos negocio con personas con discapacidad”, zanja Vázquez Freire. A juicio de Aecemco, “va a provocar pérdidas de empleo, va a minorar la contratación de personas con discapacidad, va a poner en riesgo la viabilidad del empleo protegido y, como consecuencia de todo ello, va a suponer mayores gastos añadidos para el Estado, para la persona con discapacidad, para su familia y para la sociedad en general”. La Consellería de Emprego es una de las administraciones que anunció la presentación de alegaciones a este proyecto de ley.

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